La semana pasada, la magistrada Francis Fell del 4º Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de Manuel De La Prida, gerente general de Manohay. De La Prida buscaba cerrar la causa en su contra por presunta estafa, derivada de una acusación de supuesto fraude en la compra del laboratorio Alpha Bio por parte de Manohay, filial de la multinacional suiza Straumann.

El conflicto comenzó en 2018, cuando la multinacional suiza Straumann acordó la compra de Alpha Bio, una distribuidora local de implantes dentales fundada por los hermanos Gabriel y Daniel Meszaros.

La transacción se estructuró bajo un modelo de incentivos: el holding europeo pagó el 50% de la compañía al contado por una suma cercana a los US$7,5 millones, mientras que el saldo restante -que los fundadores proyectaban en hasta US$12,5 millones- quedó condicionado al cumplimiento de metas comerciales durante los dos años siguientes, período en el cual los hermanos continuarían liderando la administración.

El quiebre definitivo se produjo una vez cumplido el plazo, cuando la multinacional se negó a desembolsar el monto variable argumentando que la empresa no había alcanzado los objetivos de facturación pactados. Esto gatilló una dura ofensiva legal por parte de los fundadores chilenos, quienes acusaron a la plana ejecutiva de Straumann de haber montado un engaño planificado desde el primer día.

Según la querella de los hermanos Meszaros, la matriz saboteó deliberadamente la operación local a través de un plan de asfixia comercial que incluyó el desabastecimiento de productos, el alza arbitraria de precios para restarle competitividad a la marca y el desvío de clientes hacia Neodent, otra filial del grupo, con el único fin de hacer imposible el cumplimiento de las metas y evitar el pago millonario.

Por su parte, la multinacional y su defensa han descartado un “ardid delictivo”, sosteniendo que el conflicto es de naturaleza estrictamente contractual y comercial, y que el desempeño del negocio se vio afectado por las condiciones del mercado y la pandemia. Para el holding suizo, la disputa ya fue zanjada en un arbitraje civil internacional, por lo que acusan a los querellantes de instrumentalizar la justicia penal con el fin de revertir un resultado comercial adverso.

La gigante suiza Straumann cuenta con la asesoría legal de Jorge Bofill, César Ramos y Bárbara Yévenes. Mientras que los hermanos Meszaros son representados por los abogados Juan Carlos Manríquez y Yamil Yuivar Carneiro.

El tribunal decretó en contra de Manuel De La Prida la medida cautelar de arraigo nacional con la prohibición de salir mientras dure la investigación y considerada que la querella fue presentada en junio de 2025 de dio un plazo de un año para las diligencias.

Al terminar la audiencia de formalización de Manuel De La Prida, la fiscal Carmen Gloria Guevara anunció que solicitará la formalización de dos altos ejecutivos suizos de la empresa Strautmann.

“La fiscalía solicita fijar audiencia en una sala especial para efectos de la formalización, y les explicaré por qué es muy probable que en dicha instancia se discutan otros asuntos antes que la formalización propiamente tal y las medidas cautelares de los señores Matthias Schupp y Florian Kirsch. Ambos se encuentran querellados con el objeto de formalizar la investigación; sin embargo, tengo información clara y certera de que no se encuentran en Chile. Por lo tanto, estimo que la discusión central girará en torno a la procedencia y viabilidad de un proceso de extradición”, explicó la persecutora.

A petición de la Fiscalía, la magistrada Francis Fell resolvió fijar para el próximo 17 de julio de 2026 a las 9:00 horas la audiencia de formalización de los imputados: Matthias Schupp y Florian Kirsch.

Matthias Schupp es CEO de Medartis, filial de la gigante suiza en el desarrollo de implantes de titanium dentales.

Florian Kirsch en Straumann Group es director de Tecnologías Dentales Integradas y CEO Divisional de ClearCor.

Descargos

Frente al anuncio de formalización, el abogado defensor César Ramos explicó a Pulso que “Esa decisión de formalización carece de sentido. Se basa principalmente en los dichos de Gabriel y Daniel Meszaros, es decir, el querellante y su hermano, sin que existan testimonios que lo corroboren o que al menos apoyen la supuesta estafa que se denuncia. A esto se suma el hecho de que hemos tenido que requerir dos veces la intervención del tribunal para que ordene a la Fiscalía la incorporación de las pruebas que refutan las imputaciones falsas de los señores Meszaros. Por ello esa decisión de formalizar carece de mérito, no tiene evidencias que comprueben los hechos y se ha adoptado sin considerar una sola evidencia aportada por la defensa”.

“Uno de los antecedentes que la Fiscalía no ha incorporado a su investigación, pese a que fue presentado hace meses, es un documento firmado por el señor Meszaros, tres meses después de la venta, en el que reconoce que la posibilidad de cumplimiento de las metas habían “disminuido considerablemente”, por lo que valorizaba en USD 80.000 dicha expectativa de saldo del precio. Esto es aproximadamente una reducción al 2% del precio variable. Y ese documento, que por si solo refuta la tesis de la supuesta estafa, fue explicado en un escrito proveniente de la querellante como un intento de no pagar un impuesto cuantioso. Entonces, o bien el señor Meszaros dice la verdad en el documento y no hay estafa alguna, o bien ha reconocido su intención de eludir un impuesto con información que ahora, convenientemente y casi siete años después, Meszaros explica como falsa", acotó.

“Esta querella no tiene otra explicación que intentar presionar para llegar a un acuerdo económico. Acá no hay un delito. No olvidemos que existe en paralelo una demanda arbitral por incumplimiento de contrato, demanda que es por si misma una negación de la supuesta estafa. La querella no es más que un intento de aumentar la presión, pues sabe muy bien que el daño comunicacional y reputacional que provoca es irreversible. Esa instrumentalización del proceso penal debe terminar. Y para ello ejerceremos todos los medios que tengamos disponibles para que quienes han diseñado esta indebida y calumniosa presión respondan ante la ley”, añadió.