Desde que estalló el caso ProCultura, la mayoría de los implicados se ha desentendido de eventuales responsabilidades. Lo han hecho los directivos de la fundación, el cofundador Alberto Larraín y, por cierto, las figuras del mundo político que aparecen como “sujetos de interés”.

Pese a ello, en las distintas aristas de esta hebra investigativa del caso Convenios o Líos de Plata, el Ministerio Público ha ido detallando, mediante solicitudes o reposiciones ante tribunales, los argumentos que justifican medidas intrusivas respecto de los distintos actores. Por medio de los mismos, de paso, la Fiscalía ha ido dando cuenta de las implicancias del caso.

Eso ocurre, por ejemplo, con la solicitud de alzamiento del secreto bancario del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la cual se presentó hacia fines de febrero ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y donde se explicita por qué se pesquisa el millonario convenio suscrito entre el organismo liderado por el otrora alcalde de Peñalolén y el psiquiatra.

Por medio de dicha acción, el fiscal Ricardo Soto detalla que, en lo que respecta a la Región Metropolitana, “se investiga la formulación, aprobación y ejecución del convenio ‘Transferencia Prevención del Suicidio Mediante el Fomento de la Salud Mental’, mejor conocido como el proyecto ‘Quédate’, autorizado el 26 de septiembre de 2022 por un monto de $1.683.788.000, cuya contratación no fue mediante propuesta pública, sino que a través de asignación directa”.

Pero más allá de las irregularidades administrativas que evidenció Contraloría, el persecutor releva otros antecedentes obtenidos durante la indagación y que podrían dar cuenta de que se favoreció de manera irregular a dicha entidad.

Señala como relevante el hecho de que “tan solo tres meses antes de la suscripción de este convenio, el Consejo Regional aprobó el nombramiento de Alberto Larraín Salas, cofundador de la fundación y director ejecutivo de la misma, como uno de los directores de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo del Gore, cargo que fue propuesto por el gobernador regional, Claudio Orrego Larraín”.

De igual forma, menciona que tras convocar a fundaciones para el desarrollo de la iniciativa, se seleccionó a ProCultura como la organización responsable de preparar el perfil del programa, “a pretexto de que su director ejecutivo, es decir, Alberto Larraín, era psiquiatra, y que por lo tanto contaba con el conocimiento médico-técnico para ello, y que su fundación poseía la capacidad económica para presentar las garantías requeridas por el GORE Metropolitano en caso de que se llegasen a transferir los montos para la ejecución del proyecto”. Esto, pese a que la ONG no tenía experiencia en la materia.

“Otro punto relevante a destacar es que Alberto Larraín celebró un contrato de prestación de servicios con la Fundación ProCultura, como director ejecutivo de la misma, recibiendo una remuneración bruta mensual de $6.000.000, y que a partir de abril del año 2023 parte de este monto, en específico, $1.500.000, fueron pagados con cargo a los fondos traspasados por el Gore Metropolitano con ocasión del convenio; hecho que se repitió con dos trabajadoras de ProCultura, María José Maturana Valenzuela y María Teresa Abusleme Lama”, se agrega.

A eso suman que, en medio del mismo convenio Orrego pidió a Alberto Larraín la contratación de Gabriel Prado Acuña, de profesión psicólogo, para desempeñarse como “profesional de la División de Desarrollo Social y Humano en comisión de servicio en el Gobierno Regional Metropolitano”. Y eso se señala como “no menor”, teniendo en cuenta que al exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras se le formalizó y ha sido objeto de medidas cautelares por hechos similares.

Irregularidades con los fondos

Igualmente, se menciona que hay movimientos financieros de las cuentas de ProCultura que se calificaron como sospechosos. Por ejemplo, se menciona que entre septiembre de 2022 a diciembre de 2023 se identificaron varias transferencias hacia personas naturales, entre los que destacan Alberto Andrés Larraín y María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la fundación y quien suscribe los convenios, sin que haya justificación.

De igual forma, mencionan que “llama la atención” que el mismo día en que que el Gobierno Regional Metropolitano realiza la transferencia por $1.683.788.000 a la cuenta corriente de fundación, la totalidad del dinero es invertido en un fondo mutuo en Banco Santander, pese a que el mismo convenio en su cláusula tercera señala expresamente: “La Entidad Receptora deberá emplear los recursos transferidos exclusivamente para ejecución del programa, conforme al detalle indicado en la ficha de presentación del proyecto y la ficha IDI (...)”.

Eso se había llevado a cabo, como destaca el persecutor, “sin que el Gobierno Regional presidido por el señor Orrego hiciera observaciones de esta situación irregular”.

Además de aquello, agregan que “es importante indicar que, hoy, la suma de $1.683.788.000 transferidos en el marco del convenio, Fundación ProCultura mantiene pendiente por rendir un monto de $1.010.379.291″. Lo que sería “particularmente grave” a la luz de que hoy la cuenta de la ONG no mantiene fondos, explicita el escrito.

De esta forma es que desde el Ministerio Público se insiste: “Todas estas irregularidades relacionadas al convenio “Quédate”, más las advertidas por la Contraloría dan cuenta de la existencia de estas, tanto en la suscripción de los convenios como en la asignación directa de ProCultura para la ejecución de proyectos, donde no se explica la razón de elegir a Fundación ProCultura para la ejecución de proyectos vía trato directo, la que debe ser justificada ante todo evento, así como también el que las actividades a las que se dedica la fundación no coinciden con el objeto de los convenios”.

Aquello, se complementa, “realza aun más la irregularidad de que varios de los convenios fueron ejecutados en gran parte por terceros, funcionando más bien la fundación como un gestor y no un ejecutor, la inexistencia de cauciones en la mayoría de los convenios suscritos y, en el caso particular del programa “Quédate”, la suscripción de una caución ineficaz y que ha causado perjuicio patrimonial al Fisco; de registro de las transferencias, costos de proyectos no detallados, no exigencia de planes de trabajo, la subcontratación de terceros para la ejecución de proyectos, vínculos entre funcionarios o exfuncionarios públicos con la fundación, entre otras".