A primera hora de este jueves, más de 80 funcionarios de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) se desplegaron en seis regiones del país para realizar una de las diligencias clave en la investigación donde se indagan presuntos delitos de corrupción en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

La investigación y allanamientos, que se produjeron también en las oficinas de la propia Junaeb y el Congreso, fueron encabezados por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, quien indaga presuntos delitos de fraude al Fisco, fraude informático, delitos contra la salud pública, falsificación de instrumento privado, cohecho y lavado de activos.

La indagatoria en manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente tiene en la mira una presunta trama de corrupción que involucra a la exdirectora de la Junaeb, Camila Rubio; al exjefe del Departamento de Alimentación de la Junaeb, Claudio Alcatruz; el expresidente del gremio Adena, Reinaldo Oliva; el expresidente de Nutre Chile, Darío Calderón; el exjefe del Departamento de Alimentación Estudiantil de la Junaeb, Francisco Pizarro; el exjefe jurídico de la institución. Alejandro Layseca; además de otros exfiscalizadores del organismo, así como también de la empresa Soser.

Además de ellos, la Fiscalía también confirmó que se indaga por cohecho a los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Independiente), además del exdiputado Hugo Gutiérrez (PC).

“Llevamos a cabo una diligencia intrusiva bastante relevante para la investigación que seguíamos, que tiene relación con varios delitos que se están investigando (...) todos ellos en el marco de las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb, principalmente en la Región de O’Higgins. Sin embargo, creemos que la investigación va a dar cuenta de que también ocurría en otras regiones del país”, señaló la fiscal Encina tras el término de la diligencia.

Tras una autorización del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, los allanamientos se ejecutaron en los domicilios y oficinas de los indagados, con el fin de incautar teléfonos, equipos computacionales y de almacenamiento, documentación, entre otras pruebas de presuntos ilícitos de corrupción.

Fuentes del caso cuentan que la PDI se llevó los dispositivos telefónicos del senador Calisto, pero sin las claves de acceso. Luego los investigadores llamaron a su defensor, quien no dio la contraseña ya que dijo que consideraban que no correspondía llegar y entregar las claves sin saber nada de la causa.

Según confirmó el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana de la PDI, prefecto David Castro, “se logró finalmente la incautación de diferentes dispositivos móviles, como computadores, teléfonos y también documentos de relevancia. Como dijo la fiscal, esto es una investigación reservada, por lo tanto mayores antecedentes no podemos entregar”.

La trama investigada

La indagatoria del Ministerio Público se basa en presuntos delitos de corrupción de parte de la empresa Soser, proveedora de alimentos a la Junaeb de los Programas de Alimentación Escolar (PAE) y que involucraría a funcionarios públicos.

La investigación en contra de Soser apunta a presuntas irregularidades en la entrega de alimentación en los establecimientos educacionales, específicamente en O’Higgins. Entre las falencias detectadas estaría la sobre-declaración de raciones, falsificación de certificados de raciones para aumentar los pagos, distribución de comida contaminada, y la incorporación de información falsa a los sistemas de la Junaeb.

Pero además de eso, también existen antecedentes que dan cuenta de que la empresa habría pagado presuntos sobornos a funcionarios públicos con el fin de entregar información reservada o la adjudicación de licitaciones en favor de la compañía de alimentación.

Según comunicó la Fiscalía al tribunal, existen antecedentes en la investigación que “dan cuenta de un mecanismo sostenido en el tiempo, a través del cual se intercambiaba información reservada, se instruía la ejecución de determinados actos administrativos en favor de un particular, se gestionaba la adjudicación irregular de licitaciones a la empresa investigada y se presionaba para la remoción de funcionarios que desempeñaban funciones de fiscalización, a cambio de beneficios económicos y de índole laboral”.

“Todo esto, por parte de miembros de la gerencia y del directorio de la empresa Soser S.A., lobistas informales, funcionarios de Junaeb, e incluso miembros del Congreso Nacional”, agrega el escrito de la jueza Francis Fell, en el que se da cuenta que también se levantó el secreto bancario en contra de los imputados, entre ellos los parlamentarios.

Hasta ahora, y según expone el mismo ente persecutor en su solicitud, manejarían importantes antecedentes que darían cuenta de la trama de corrupción. En particular, se trataría de información de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), documentación bancaria, mensajes de WhatsApp, chats, y hasta transcripciones de audios. “Todos son elementos que dan cuenta pormenorizada de cómo era el esquema delictivo, la operatividad, sus principales partícipes”, se lee en la resolución judicial.

Todo esto surge de una arista inicial en donde se comenzó tirando del hilo de un eventual delito de omisión de denuncia. Esto, luego de que el juez del 2° Juzgado de Letras de San Fernando, Guillermo Rodríguez, ofició a Junaeb denunciando lo siguiente: “La directora del programa alimentación estudiantil solicitaría a las manipuladoras informar más raciones de las que se preparan a diario, y que luego los funcionarios se repartirían aquellos alimentos sobrantes”.

El objetivo del oficio era que la Junaeb investigara esos hechos y tomara medidas administrativas y judiciales según corresponda. Pero eso nunca ocurrió, una situación que fue alertada cuando hubo cambio de gobierno y se renovaron las autoridades de la Junaeb.

“No tengo mucha claridad”

Tras el conocimiento de las diligencias de la Fiscalía Oriente y la PDI, el Senado afirmó a través de un comunicado que están en “plena disposición a colaborar con la investigación que corresponda, entregando oportunamente los antecedentes que sean requeridos por las autoridades competentes y facilitando, dentro del marco de sus atribuciones, el esclarecimiento de los hechos”.

“Corresponde al Ministerio Público y a los tribunales de justicia determinar los hechos, establecer eventuales responsabilidades y adoptar las decisiones que correspondan conforme a la ley. El Senado respeta la autonomía de dichas instituciones y el desarrollo de las diligencias que se encuentran llevando adelante”, agregaron.

El director de la Junaeb, Fernando Peña, aseguró que “con estos antecedentes que hoy día salen a la luz queda claro que nosotros no estamos inventando nada, que estas no son fantasías y que acá hay elementos suficientes para probar eventuales delitos de corrupción”.

El senador Gahona, por su parte, también manifestó su disposición a colaborar: “Estoy tranquilo. He colaborado activamente en esta diligencia, porque soy el más interesado en que esta situación sea aclarada plenamente a la mayor brevedad”.

El exdiputado Gutiérrez, en conversación con Chilevisión, señaló que “yo no tengo mucha claridad en realidad sobre lo que está ocurriendo con respecto a esa investigación. Me enteré solo en el día de hoy, nada más, no tengo conocimiento ni conciencia de qué es lo que me están achacando. Por supuesto, en el curso del día tendré que averiguar qué es, pero particularmente no lo sé”.