La Policía de Investigaciones (PDI) realizó las diligencias en el Centro de Justicia junto a al Ministerio Público, en donde detallaron que hicieron la incautación de teléfonos, computadores y documentos, además de la toma de declaración de la jueza, Irene Rodríguez.

Esto, en el marco de la investigación por la liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, ciudadano venezolano, identificado como sicario y acusado de los delitos de robo con homicidio de José Reyes Ossa, de 43 años y más conocido como “El Rey de Meiggs”.

Las diligencias encabezadas por el fiscal Marco Pastén, de la Fiscalía Regional Occidente, y realizadas en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, consistieron en “una serie de diligencias consistentes en declaraciones a las personas que aparecen involucradas en la cadena de comunicaciones que hubo entre el Poder Judicial y Gendarmería”.

Esto incluye a la magistrada y funcionarios del tribunal. Además, se entregó -voluntariamente- celulares, para registrar “información que pudiera ser útil”, e incautaron computadores, desde los cuales hicieron las comunicaciones y otra serie de antecedentes.

Por su parte, el prefecto inspector, Mauricio Jorquera, informó que -de manera paralela- se tomaron declaraciones a funcionarios en el Centro Penitenciario Santiago 1, y también se realizó la incautación de celulares.

Asimismo, fuentes policiales señalaron que tras conocerse la liberación de Ferrer se emitió la notificaciones Azul y seguidamente una notificación Roja, orden de captura internacional, con la finalidad de mantener la alerta vigente en los 196 países miembros a Interpol.

Aclaración sobre resolución

Junto con ello, el fiscal Pastén al ser consultado respecto al documento que habría decretado la libertad del imputado expresó que “la única resolución vigente es la resolución que decretó la prisión preventiva”.

“Esto es muy importante que quede suficientemente claro. La única resolución que se dictó es una resolución que decretó la prisión preventiva del imputado”, reiteró el persecutor.

“Las otras comunicaciones que hay entre Gendarmería y el Poder Judicial es lo que estamos precisamente investigando. Pero técnicamente hablando, esta persona nunca debió haber estado puesta en libertad porque la única resolución vigente era la resolución que decretó la prisión preventiva”, insistió Pastén.