Poco más de cuatro años han pasado desde que en junio de 2021 la Fiscalía Metropolitana Sur decidió abrir una investigación en contra de la candidata a la gobernación de la Región Metropolitana, Karina Oliva (ex militante de Comunes).

Respecto de la exfrenteamplista existían sospechas de presuntos delitos de corrupción ocurridos durante la campaña que perdió cuando compitió hace cuatro años atrás contra el actual gobernador Claudio Orrego.

Por la misma causa, Oliva y otras 10 personas fueron formalizadas e imputadas por una serie de ilícitos ligados a la ley de financiamiento electoral, mismos delitos por los que ahora el Ministerio Público presentó la acusación con la cual busca a llevar a juicio a la excandidata de Apruebo Dignidad.

Según un escrito ingresado por el fiscal Alex Cortés ante el Séptimo Juzgado de Garantía, y al cual tuvo acceso La Tercera, el Ministerio Público ya concluyó toda la indagatoria contra la también expresidenta de Comunes y las otras 10 personas, en contra de quienes pide diversas penas.

En particular, en el caso de Oliva, la Fiscalía la acusa del delito de fraude de subvenciones y pide siete años de presidio en contra de la exmilitante de Comunes. Tanto la otrora carta del oficialismo a la gobernación como el resto de los imputados, son acusados de declarar supuestos servicios no prestados como gastos de campaña, con el fin de recibir devoluciones por parte del Servicio Electoral (Servel).

Además de Karina Oliva, el Ministerio Público también llevará a juicio a los integrantes de su comando, del partido y de la Fundación Chile Movilizado, la cual entregó parte de los documentos tributarios falsos para justificar gastos de campaña.

Se trata de Martín Miranda (administrador electoral), Jorge Ramírez (expareja de Oliva y expresidente de Comunes), Camila Ríos (secretaria ejecutiva de Comunes), Jean Flores (encargado territorial de campaña), José Robredo (asesor comunicacional de la candidata), Juan Pablo Sanhueza (vicepresidente de la fundación), David Castillo (presidente de la fundación), Marcelo Riffo (empresario que trabaja con Comunes) y Luis Romero (encargado territorial).

Los hechos que van a juicio

En un escrito de 197 páginas, el fiscal Cortés detalla paso a paso cómo habrían ocurrido los ilícitos y hechos por los cuales la excandidata y su equipo deberán enfrentar un juicio.

Según detalló el persecutor, los hechos ocurrieron durante las elecciones del 2021, toda vez que Karina Oliva nombró a Martín Miranda como administrador de su campaña, mientras Comunes era encabezado por Camila Ríos como secretaria ejecutiva y Jorge Ramírez como presidente de la colectividad, quien además asumió como administrador electoral general del partido. El grupo, según la Fiscalía eran “las personas que tomaban las decisiones de quién podía ser candidato, así como los gastos y financiamiento de las campañas electorales del partido”.

En ese contexto, durante la campaña a la gobernación, “se realizaron distintas maniobras para abultar y disfrazar los gastos electorales y de esa forma solicitar al Servel devoluciones improcedentes, para así perjudicar al fisco”.

“Lo anterior, era posible hacerlo, pues al momento de realizar las declaraciones de las campañas electorales, los imputados tenían 30 días hábiles, después de saber el resultado de las elecciones, para solicitar las devoluciones correspondientes y, por tanto, sabían de antemano qué montos de dinero podían solicitar, en virtud de la cantidad de votos obtenidos”, agrega la Fiscalía en su acusación.

Según el ente persecutor, lo anterior se realizaba, a solicitud de Ramírez, Ríos, Miranda y la propia candidata y en coordinación con el resto de los imputados, quienes emitieron “boletas y facturas ideológicamente falsas, por servicios no prestados o montos abultados, así como facturas asociadas a informes plagiados por la fundación afín al Partido Comunes, de nombre Chile Movilizado, que era dirigida por los imputados David Castillo Palma, Juan Pablo Sanhueza y por el propio Martin Miranda Sepúlveda, en su calidad de tesorero de dicha fundación”.

Esta operación, según da cuenta la Fiscalía, sólo en la primera vuelta, generó que la campaña de Oliva solicitara $163 millones de devolución de boletas y facturas ideológicamente falsas de supuestos gastos electores, entre los que se encontraban los informes plagiados por Chile Movilizado.

Dichos recursos fueron pagados por el Servel a la campaña de Oliva, desde donde fueron transferidos a la fundación ligada al partido y retirados desde esas cuentas por Castillo y Miranda, quien a su vez seguía siendo administrador de la campaña de la candidata al GORE RM.

Durante la segunda vuelta, el mecanismo se repitió. En esa ocasión se generó un perjuicio fiscal, sólo en boletas de honorarios de $54 millones, a los que se suman otros $100 millones en facturas, dado que la Fiscalía acusa que tras conocerse el número de votos que sacó Oliva, su campaña abultó los montos para recibir una mayor devolución.

Además de estas dos campaña, a algunos imputados también se les acusa de repetir la fórmula con una campaña interna de Comunes, lo que generó un perjuicio de $86 millones en boletas y facturas rendidas para que se devolvieran. En esa misma campaña, también se acusa que se rindió un gasto realizado por la contratación de los servicios de Ibero Americana Radio Chile, pero los cuales nunca fueron pagados a la compañía.

Las penas Comunes

Al igual que Oliva, otros nueve imputados se les acusa del delito de fraude de subvenciones, mientras que a Miranda, dado su rol de campaña, además de ese ilícito también se le imputan hechos sancionados por la ley de gasto electoral.

En ese sentido, las penas solicitadas para los integrantes de Comunes y Chile Movilizado, son diferentes. A los dirigentes del partido, Miranda, Oliva, Ramirez y Ríos, la Fiscalía pide siete años de cárcel. En contra de Sanhueza, Robredo, Castillo y Riffo se solicitan cinco años de pena. En el caso de Luis Romero, Ailine Ramirez y Jean Flores, la pena requerida asciende a tres años de presidio.

Ante el tribunal, y según lo solicitado para el juicio, la Fiscalía ofrece 106 testigos, siete peritos, 1.270 documentos y más de 260 otro tipo de pruebas.