Desde hace meses que las autoridades encargadas de la seguridad han puesto el foco en lo que ocurre al interior de las cárceles. Y es que se advirtió que muchos de los sujetos que son capturados y que permanecen en prisión preventiva, o que son condenados, siguen operando desde los penales. Se rearticulan y, en ocasiones, salen fortalecidos.

Por lo mismo, surgen como elementos más que relevantes los perfiles que desde hace años elabora Gendarmería, que pondera una serie de elementos y clasifica a los reclusos de acuerdo con su grado de compromiso delictual y comportamiento.

En ese sentido, se identificó en la Región Metropolitana que 165 son los sujetos considerados como “más peligrosos” o “más refractarios”.

De ellos, de acuerdo con el detalle que se expuso por parte de la institución penitenciaria en el Consejo Regional de Crimen Organizado, 32 de encuentran recluidos en Santiago1, 29 en Colina 2, y 23 en la ex Penitenciaria o Santiago Sur (Ver tabla).

Según sostienen quienes han sido parte de los consejos regiones, los 165 reos más complejos son objeto de una serie de medidas. Se les monitorea de manera más intensa, permanecen aislados y bajo condiciones diferencias que el resto de la población penal.

Y si bien los diferentes actores que participan en las instancias de coordinación han valorado el esfuerzo que se hace respecto de estos sujetos, desde el Ministerio Público instan a ir más allá y no solo tener “en la mira” a quienes son considerados “líderes”.

Justamente así lo postula el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, que por encargo del fiscal nacional, Ángel Valencia, tiene a su cargo lo referente a los focos criminales penitenciarios.

“Hay que mirar la experiencia comparada de otros países, y la mejor forma de combatir el crimen organizado en las cárceles es mediante una adecuada política de segmentación, que va más allá del comportamiento que los internos tengan al interior de los establecimientos penitenciarios. Se debe hacer un pronóstico de peligrosidad respecto de cómo ellos venían operando antes de ingresar al sistema penitenciario”, manifiesta el persecutor.

En el mismo sentido, agrega: “Eso significa cambiar un poco la mirada respecto de la política de segmentación que hoy día existe, que no está considerando ese factor, sino que más bien tiene que ver con su relación con el comportamiento que las personas tienen una vez ya privadas de libertad”.

Junto con ello, Pastén también menciona que se deben sumar nuevas herramientas de investigación, tanto en el interior como en el exterior de los recintos. Y para eso, menciona, “se requiere contar con especialización por parte de Gendarmería, de la policía y del Ministerio Público”.

Hay que contar, asegura, con una articulación institucional orgánica, “que significa que las instituciones que participamos, no solamente en la persecución penal, sino que además en otro tipo de etapas del proceso, estemos suficientemente conectadas como para tener información en línea. Acá tienen que conversar las bases de datos de los distintos organismos, policías, Gendarmería, el Ministerio Público, los organismos auxiliares como el Servicio de Registro Civil, para tener información adecuada que nos permita saber de qué forma estas personas pueden estar operando y poder así desarticularlas”.

Se debe mirar con mayor atención, por ejemplo, la situación de los extranjeros privados de libertad, ya que no solo su presencia en cárceles ha aumentado, sino porque también plantean nuevas formas de relacionamiento y tienden a buscar el “copamiento” de las unidades.

Desafíos

Considerando el escenario que se enfrenta, el fiscal regional menciona que hay al menos siete desafíos en los que trabajar en el corto plazo:

1. Información penitenciaria ya no solo para fines de vigilancia y custodia.
2. Transitar desde la inteligencia penitenciaria a producción de medios de prueba lícita.
3. Derribar paradigmas como imposibilidad de acceso a bases de datos.
4. Formar investigadores en la Escuela de Gendarmería.
5. Elevar estándares de probidad administrativa.
6. Actuar coordinados con otros organismos auxiliares.
7. Destinar recursos para implementar técnicas de investigación.

Frente a estos puntos, el seremi de Seguridad de la RM, Jaime Fuentes, insiste en que se está trabajando en todo el territorio “para enfrentar las diversas problemáticas que trae consigo el crimen organizado y generar fuentes de financiamiento y tener una persecución efectiva. Se va a seguir avanzando en mayor coordinación y en mayor seguridad”.

De igual forma, el gobernador Claudio Orrego expresó: “El que controla la cárcel controla la calle, y lamentablemente hoy pareciera haber un tremendo déficit no solo en la capacidad operativa de Gendarmería, sino también en el enfoque que estamos teniendo. Los jefes están operando desde las cárceles, contratando nuevos soldados, por lo que tenemos que abordar el fenómeno carcelario no solo como donde cumplen condenan, sino que como donde se gesta el crimen organizado”.

Recordó, en ese sentido, que se está evaluando la contratación de nuevos sistemas de inteligencia que permitan desbaratar las bandas.