Aumentar el número de plazas del sistema penitenciario nacional es un imperativo. De hecho, tanto las autoridades pasadas como las actuales coinciden en que urge avanzar en la construcción de nuevas cárceles y en la ampliación, extensión y densificación de las que ya están habilitadas.

Lo anterior, porque la capacidad de las instalaciones se encuentra ampliamente sobrepasada, lo que se traduce en graves dificultades para hacer una adecuada segregación de la población penal, lo que a su vez lleva a riesgos en materia de seguridad.

De acuerdo con cifras de Gendarmería actualizadas al 30 de abril, las instalaciones actuales están diseñadas para albergar a 42.435 personas, pero en realidad hay 63.641. O sea, el nivel de ocupación es de 150%.

Para hacer frente a la problemática, la administración del expresidente Gabriel Boric presentó un Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria que, al 2034, planteaba construir 28.850 nuevas plazas, para así llegar a 70.842.

En su momento, esto se presentó para ser ejecutado en dos etapas. La primera consideraba 20 iniciativas que permitirían habilitar 14.356 cupos a 2030. Y la segunda planteaba 11 proyectos -en etapa de factibilidad- que sumarían otras 14.494 plazas.

Con el cambio de gobierno, eso sí, los ajustes a ese diseño no tardaron en aparecer, principalmente -como deslizan fuentes oficialistas- en atención al estado de la economía. De todas maneras, como ya han confirmado las autoridades actuales, el plan que se presentará formalmente en las próximas semanas recogerá parte importante de los proyectos heredados y se fijarán nuevas propuestas que incluso podrían ser relevadas por futuros gobiernos.

La fórmula que usará el Presidente José Antonio Kast se divide en tres ítems. Y el primero contempla la materialización de la mayoría de las obras comprometidas en la primera fase del Plan Maestro de Boric.

En ese grupo aparece la construcción de nuevos recintos en Calama y en Copiapó; la ampliaciones de las cárceles de Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Santiago 1, Rancagua y Puerto Montt; y la densificación del Centro Penitenciario Biobío. Todos son proyectos que se encuentran en ejecución, aunque en distintas etapas, y suponen la disposición de 9.960 cupos.

Adicionalmente, en este apartado también se establece la total habilitación de la cárcel La Laguna, ubicada en Talca, y que tiene una capacidad total para 2.320 personas. Actualmente mantiene obras mayores de refacción.

En un segundo ítem se posicionan los “nuevos proyectos”. De acuerdo con fuentes que saben del proceso, se incluyeron al menos tres iniciativas que también estaban en la segunda etapa del cronograma del gobierno anterior.

Ese bolsón de proyectos contiene obras que ya tienen terreno asociado y factibilidad técnica, aunque no presupuesto comprometido. Son construcciones que se harían vía concesiones, con un costo aproximado de 40 millones de UF y que permitirían sumar al sistema penitenciario cerca de 11 mil nuevas plazas.

Como se ha sostenido por las autoridades, esas obras incluirían las denominadas cárceles modulares que tiene, por ejemplo, Argentina, por lo que funcionarios de Justicia se trasladaron hasta ese país para conocer sobre su funcionamiento. Esto tiene la gracia, según dicen en el gobierno, de que se puede habilitar un penal en 18 meses.

Esos dos primeros ítems son los que se ejecutarían en cuatro años, al 2030, sumando las 20 mil plazas comprometidas por Kast en su primera Cuenta Pública. Esto aceleraría los procesos de construcción que se proyectaban, aunque se aleja bastante de la idea que lanzó el Mandatario durante la candidatura, cuando indicó que construirían 100 mil plazas.

En el tercer apartado, en tanto, aparecen proyectos que están en estudio y que corresponden a instalaciones que se requieren en zonas específicas, como por ejemplo en La Araucanía, particularmente en Temuco.

Ahí se encuentran iniciativas que aún no tienen un terreno asociado, pero que de concretarse aportarían otras 9 mil plazas al sistema.

De acuerdo con fuentes que han sabido de todo el proceso de diseño, el plan se viene trabajando desde que los equipos definidos por Kast se instalaron en la denominada Moneda Chica, principalmente por el ministro de Justicia Fernando Rabat y también Martín Arrau.

Con el gobierno ya instalado, en todo caso, se sumaron al equipo de planificación Loreto González, que encabeza la División de Presupuesto, Planificación e Infraestructura del Ministerio de Justicia; Miguel Ángel Cornejo, de esa misma unidad; el abogado Agustín Eyzaguirre, asesor del ministro Rabat; y también integrantes del equipo del ministro Arrau.

Consultado sobre las medidas, el ministro Rabat dijo a La Tercera: “Necesitamos avanzar en la habilitación y construcción de nuevas plazas para nuestro sistema penitenciario. En razón de eso se tomó el plan de infraestructura que heredamos y hemos realizado una serie de ajustes”.

“Analizando, por ejemplo, la experiencia argentina se está proyectando la construcción de cárceles modulares, para así, junto con los beneficios de la ley de fast track aprobada, poder disponer de 20 mil nuevas plazas hacia 2030, como dijo el Presidente”, agregó.

Respecto de la disminución en las proyecciones que hacían hace un año, el secretario de Estado reconoció que “efectivamente se debió ajustar lo señalado durante la campaña presidencial en atención al contexto presupuestario acotado que tenemos. Pero siempre sigue estando en el horizonte la intención de avanzar lo que más se pueda en términos de infraestructura penitenciaria".