A más de cinco años de que el exsenador Fulvio Rossi arremetiera en duros términos en contra del Ministerio Público y, particularmente contra el ahora exfiscal Pablo Gómez, tras ser sobreseído en el caso SQM, el 19° Juzgado Civil de Santiago notificó su resolución respecto de la demanda con que el otrora parlamentario buscaba ser reparado.

En septiembre de 2021, el exmilitante socialista interpuso formalmente una demanda civil en contra del Estado, de Gómez y del Servicio de Impuestos Internos (SII), por lo que estimó fue una “sesgada, deficiente y negligente persecución penal” en su contra en el marco del caso SQM.

Por medio de dicha acción, el excongresista requería una indemnización de perjuicios por responsabilidad del Estado y responsabilidad civil extracontractual. Solicitó el pago de $ 500 millones por daño moral, que los demandados le pidieran disculpas públicas, que realizaran cursos sobre Derecho Penal y Procesal y que se les condenara en costas.

Todo lo anterior, como se lee en la acción representada por los abogados de Rossi, Ciro Colombara y Aldo Díaz, porque estimó que fue sometido injustamente a medidas de desafuero, formalización y acusación por delitos tributarios inexistentes de los cuales era inocente, lo que habría afectado gravemente su honra, su vida personal y familiar.

Pese a las alegaciones, sus pretensiones fueron descartadas en todas sus partes en la sentencia que firmó el pasado 10 de julio la jueza Jacqueline Benquis. De hecho, la magistrada no sólo descartó las responsabilidades que Rossi atribuía a los demandados, sino que, además, lo condenó a pagar las costas del proceso.

En primer punto, la titular del 19° Juzgado Civil, descartó perseguir la responsabilidad personal del exfiscal Gómez, porque las actuaciones por las que se le acusó fueron en su calidad de fiscal regional. Así, acogió la excepción de falta de legitimación pasiva de expersecutor, estimando que la responsabilidad por sus conductas corresponde al Estado y no a él como persona natural.

Acto seguido, la jueza descartó los demás puntos de la acción y estableció que el SII y la Fiscalía actuaron en el marco de sus facultades, en base a antecedentes considerados objetivos que justificaron la persecución penal. Así, se descartó la existencia de dolo, negligencia grave o falta de servicio, no acreditándose, tampoco, el daño reclamado por el demandante.

“Liviana acusación”

Al ser consultado respecto de la determinación de la justicia civil, Gómez se mostró conforme, insistiendo en que no había argumentos para apuntarlo. Se trataba, dijo, de una “liviana acusación”.

“La demanda pretendía atribuirme responsabilidad civil y obtener una indemnización millonaria, además de otras medidas reparatorias. El resultado del proceso fue el rechazo total de sus pretensiones y la condena en costas del demandante, el señor Rossi”, sostuvo el expersecutor.

Gómez agregó que siempre ha sostenido que “las actuaciones de quienes ejercimos (o respecto de quienes las ejercen actualmente) funciones públicas deben someterse al escrutinio institucional y al examen de los tribunales. Precisamente por eso, considero importante que la opinión pública conozca el desenlace de este proceso y no solamente las acusaciones que le dieron origen”.

“Mi posición es clara: las imputaciones de esta naturaleza deben discutirse con rigor, sobre la base de antecedentes y argumentos jurídicos. Hoy corresponde informar el resultado judicial que rechazó la demanda en todas sus partes y condenó al señor Rossi a pagar las costas del proceso por haber resultado totalmente vencido”, acotó Gómez.