En noviembre de 2023 se promulgó Ley 21.621 que busca fortalecer la integración del Hospital Clínico de la Universidad de Chile a la red pública de salud, mediante financiamiento estatal para atender a pacientes de Fonasa de tres comunas: Independencia, Tiltil y Renca, en diferentes especialidades y tratamientos.

El tema es que, según el director del recinto, Eduardo Tobar, los recursos asignados al establecimientos a través de la Ley de Presupuesto 2027 son insuficientes para responder a la demanda de prestaciones de la red pública. Según sus cifras, mientras en 2025 el hospital ejecutó $31.273 millones, para 2026 recibió $24.766 millones, lo que ha obligado a reducir atenciones y derivaciones de pacientes. Para 2027, el presupuesto contempla cerca de $25.500 millones, por lo que el hospital solicita $10.000 millones adicionales.

¿El recorte que expone afecta a las prestaciones financiadas mediante la ley o compromete otras áreas del hospital?

Fundamentalmente tiene que ver con la ley. Y más que un recorte específico, porque sube el deflactor del gasto público general del presupuesto, que es de 2,88%, eso todavía está muy por debajo de lo que demanda la ley en su implementación progresiva y, sobre todo, en paralelo las necesidades del territorio. Además, nos llegan muchas solicitudes de alta complejidad, entonces se produce una competencia entre los recursos para ambas cosas y terminamos diciéndole que no a prestaciones de alta complejidad o a prestaciones del territorio. En el fondo, lo que estamos solicitando es volver a hacer un esfuerzo de incrementar ese presupuesto, porque los datos de estos dos años que llevamos implementando la ley muestran que esto ha sido muy eficaz para resolver problemas de salud en las comunas asignadas y, a la vez, eficiente con los parámetros con que nos evaluaron Fonasa y el Ministerio de Salud.

¿El presupuesto golpea este convenio?

Estos $25.500 millones del próximo convenio podrían estar cerca de ser suficientes para dar respuesta a las necesidades del territorio, pero no a las derivaciones que nos llegan de la red de alta complejidad, lo que nos pide Fonasa como segundo prestador, o lo que nos pide directamente la Unidad de Gestión Centralizada de Casos. Estimamos que para 2027 necesitaríamos al menos unos $10 mil millones adicionales para poder equilibrar esto y lograr responder de manera adecuada a las demandas del territorio y recibir una cantidad razonable de pacientes desde la red de alta complejidad.

¿El monto que se les asigna afecta a los pacientes?

Claro. Y, de hecho, para darte un ejemplo de cómo afecta. Este año tenemos un presupuesto de alrededor de $24.500 millones y terminamos el año pasado ejecutando más de $2.500 millones mensuales. En reiteradas ocasiones hemos oficiado a Fonasa y al ministerio contando esta situación y, básicamente, lo que ellos nos piden es reducir las prestaciones, ajustar el convenio. En el fondo, lo tenemos actualmente vigente, pero al mínimo, justamente por el marco presupuestario. Uno entiende que hay bordes presupuestarios, una situación país y económica que obliga a veces a las autoridades a tomar decisiones difíciles. Pero, efectivamente, cuando uno se ajusta exclusivamente al marco presupuestario o no permite extenderlo, hace que finalmente se reduzca la velocidad y la capacidad del sistema para dar solución, por ejemplo, a las listas de espera o a pacientes complejos.

¿Cuál es la solicitud que le hacen a las autoridades?

Lo que estamos solicitando para esta discusión presupuestaria son $10.000 millones adicionales en el ámbito del convenio de prestaciones. Y por los otros instrumentos que tiene esta ley, que son el aporte de hospital universitario público y el aporte de equipamiento e infraestructura, tenemos también una propuesta de glosas que nos permitan estabilizar esto en el tiempo y que lo haga de una manera mucho más eficaz para los próximos ejercicios presupuestarios.

¿Esto lo han conversado con las autoridades? ¿Hubo una solicitud formal?

Hemos tenido varias reuniones y oficios solicitando algunas cosas, tanto con el Ministerio de Salud y la ministra como con la Subsecretaría de Redes Asistenciales y con Fonasa. Fonasa efectivamente ve esto como algo bastante eficiente desde el punto de vista de los resultados que se están entregando y reconoce que es más bien un problema de marco presupuestario poder seguir expandiéndolo, de manera tal que beneficie a más personas. Hemos hecho las gestiones políticas y ahora las seguimos haciendo, también con los distintos parlamentarios que tienen su opinión en la discusión presupuestaria.

¿Cuántos pacientes, aproximadamente, podrían verse afectados con esto?

Entre Independencia y Tiltil el territorio asignado tiene alrededor de 115.000 habitantes inscritos en Fonasa. En Renca son casi 100.000 para tres especialidades: traumatología, oftalmología y otorrinolaringología. Y esas derivaciones en esas especialidades las tenemos reducidas a la mínima expresión por el ajuste en el marco presupuestario de este año. Obviamente, para el próximo año la capacidad de atender a esas poblaciones se hace compleja con un presupuesto que no se expande de manera tal que podamos dar atención a tiempo a los pacientes del territorio.