La primera vez que comenzó a utilizarse un número unificado de emergencias en el mundo fue en Inglaterra, hace casi 90 años.

Ocurrió tras una tragedia, originada en 1935 en Londres, donde un incendio cobró la vida de cinco personas. Un testigo, cuentan los artículos de prensa que recogen esa historia, llamó reiteradamente al 0 para ubicar a una operadora, lo cual no pudo concretar. El hecho abrió un debate que terminó con la creación del 999, número que fue destinado a todo tipo de emergencias con respuesta inmediata.

Sin embargo, tal vez producto del cine hollywoodense, el número más popular para estos efectos es el 911, originado en Estados Unidos a fines de los sesenta y que ha sido imitado en otros países del continente, llegando a ser implementado en naciones vecinas, como Argentina, en 2004.

Distinta situación hay en Chile, donde hay diferentes teléfonos para comunicarse con Carabineros (133), Bomberos (132) y ambulancias (131). Sin embargo, eso podría cambiar.

Esta semana el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ingresó por el Senado el último proyecto de ley para terminar con la institucionalidad del nuevo ministerio que le tocó liderar. Se trata del proyecto de ley que pretende crear el Sistema Nacional de Protección Ciudadana (Sinaproc) con el objetivo de instalar un número único de emergencias y crear una serie de instituciones que fortalezcan la seguridad.

La presentación de este proyecto de ley llega luego de que Cordero consiguiera echar a andar esta nueva institucionalidad que, hace unos días, tuvo un nuevo hito. Se trató de la instalación del nuevo Centro Integrado de Coordinación Policial (Cicpol) que es dirigido por el general de Carabineros Juan González y el enlace de la PDI, prefecto Marcelo Rebolledo.

El mensaje del gobierno, según fuentes del Senado, se basa en una moción parlamentaria que habían ingresado hace algunos años atrás los senadores de RN, como Manuel José Ossandón, Kenneth Pugh, Paulina Núñez y Juan Castro.

El abogado Ronald von der Weth, asesor de los senadores de RN que ha trabajado esta iniciativa desde 2021, dice a La Tercera que el proyecto nació como un acuerdo político con la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD): “Nosotros presentamos esta idea a la ministra Tohá. Se convenció de que esto era lo adecuado y lo incorporó en el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública a petición de la bancada de senadores de Renovación Nacional. Las políticas de Estado son buenas cuando trabajamos todos en conjunto”.

“El Sistema Nacional de Protección Ciudadana lo hemos venido impulsando y trabajando desde el año 2021 junto a los senadores Pugh, Ossandón, Castro y Núñez. Lo que buscamos con este sistema es generar una nueva gobernanza y un modelo de gestión institucional para mejorar los tiempos de respuesta al ciudadano. Hoy día las emergencias no llegan a tiempo”, explica.

En ese sentido, afirma que “el carabinero se demora mucho tiempo en responder las llamadas y lo que buscamos es integrar todas las capacidades bajo una dirección de mando y control común. Esto es más que un número único, sino que es un modelo de gestión. Este sistema va a ser lo que mejore sustancialmente la seguridad en Chile”.

El proyecto

En el mensaje presidencial se señala que el modelo contempla la creación de un acceso único. Para esto se busca la integración de información entre instituciones, registros nacionales como bases de datos integradas y la facultad para gestionar de manera centralizada las alertas de incidentes a través de un número único.

El proyecto contiene 30 artículos permanentes y 11 disposiciones transitorias. Sin embargo, el número telefónico es una parte de la iniciativa, que también abarca la creación de un sistema de seguridad con ejecución de planes y programas a cargo del Ministerio de Seguridad.

En el artículo 2, por ejemplo, se definen una serie de conceptos clave para quienes recepcionarán los llamados. Allí se describe lo que se considerará como amenaza: “Fenómeno, actividad o situación que pueda afectar la seguridad pública y a las personas o sus bienes”.

Luego aparece incidente, que se sintetiza como una “situación, evento adverso, o inminencia de este, que constituye un riesgo, un peligro o una amenaza para la seguridad pública y para las personas o sus bienes”.

También se encuentra el concepto de alerta ciudadana: “Acto por medio del cual cualquier persona o entidad pública o privada informa a las instituciones de respuesta sobre un incidente para activar una respuesta del sistema”.

En su artículo 4 se explica qué organismos serán integrantes del sistema: Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y cuerpos de Bomberos de Chile. Del mismo modo, dice, serán parte del sistema los integrantes del Sistema de Seguridad Pública.

Número único

Es el artículo 15 el que crea un número operativo unificado para recibir “las alertas ciudadanas y los reportes de incidentes”.

Además, se creará un registro nacional de llamados inoficiosos, cuyo objeto es tener una base de datos con números que llamen para reportar hechos que no constituyan un incidente con el fin de mal utilizar los servicios de las instituciones de respuesta. Con ese registro, se podrán hacer denuncias penales.

La clasificación de incidentes son tres: relacionados a la seguridad pública, a la salud y a incendios y rescates técnicos.

Todo esto tiene el objetivo de fiscalizar y disminuir los tiempos de respuesta, saber dónde están los recursos y orientar la acción con una alerta a un mismo incidente. De esta manera, lo que busca el gobierno es mejorar el control de los recursos, saber dónde está cada uno de los actores y así tener una gestión eficiente. Si eso se consigue, se generarán datos de dónde ocurren los sucesos en las regiones, habrá televigilancia integrada, coordinación con el Ministerio Público, generando así un planificador de la gestión. Todo esto será comandado desde un solo nivel, pero también habrá centros regionales y algunos provinciales para así tener incidentes georreferenciados con la matriz de riesgo completa.

En otras herramientas, el proyecto crea centros operativos que estarán a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito y que funcionarán a nivel nacional. Serán los encargados de coordinar la primera instancia.

Lo mismo con un sistema integrado de televigilancia de las municipalidades y otros organismos públicos y privados, con el fin de monitorear la vigilancia en tiempo real.

Finalmente, las instituciones de respuesta tendrán que realizar capacitaciones y el perfeccionamiento de su personal. “Para ello, en el marco de sus competencias y disponibilidad presupuestaria, podrán aprobar programas destinados a la capacitación y perfeccionamiento de su personal”, dice el texto.

Ministerio de Seguridad

Asimismo, será el Ministerio de Seguridad Pública el que tendrá a su cargo la administración, coordinación, supervisión y evaluación de la implementación y funcionamiento del sistema. En ese rol el ministro de esa cartera podrá elaborar y proponer al Presidente la política nacional de protección ciudadana, previa consulta a los ministerios del Interior y Salud.

También deberá asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema de Información, así como su disponibilidad, seguridad y consistencia.

Será este ministerio el que evaluará el desempeño del sistema y propondrá su presupuesto anual. También podrá celebrar acuerdos o convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, sobre materias de protección de las personas en materias de seguridad pública.

Además, el Ministerio de Seguridad Pública deberá disponer de una unidad funcional en la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el objeto de coordinar la ejecución de las políticas, planes, programas y acciones, de su competencia, destinadas a la gestión y respuesta a incidentes relacionados a la seguridad pública.

El proyecto también crea un Comité Nacional de Protección Ciudadana, que asesorará al Ministerio de Seguridad. Dicho comité está integrado por Interior, Hacienda, Salud, Transportes, Carabineros y la PDI.