Este lunes, el fiscal nacional Ángel Valencia reasignó una de las causas de corrupción más complejas que investiga el Ministerio Público en el último tiempo.

Durante la mañana de ayer el jefe del ente persecutor determinó que la arista surgida del caso Audio, en la que se indaga a los ministros de la Corte de Santiago Antonio Ulloa y Verónica Sabaj, sea tramitada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

Actualmente ambos magistrados eran indagados por fiscales de la zona Centro Norte, en el caso de la jueza, y O’Higgins, en el caso del juez. Tras la resolución de la máxima autoridad del Ministerio Público será la investigadora, quien lidera actualmente el juicio por las platas políticas de SQM, quien deberá determinar si ambos integrantes del Poder Judicial incurrieron en delitos de prevaricación y/o tráfico de influencia como se desprende de sus chats con Luis Hermosilla y las querellas presentadas en su contra.

Quienes conocen de la determinación, sostienen que Perivancich ya tramitaba una indagatoria similar y que tiene que ver con nombramientos judiciales, que involucran al ministro de la Corte Suprema Mario Carroza y al propio Ulloa, a propósito de chats de otra causa, denominada “Topógrafo” y en la que el exministro Juan Antonio Poblete solicita ayuda a políticos para nominaciones.

Por tanto, el entregar la causa a quien ya tramita una conducta similar, se aúnan criterios de actuación del Ministerio Público. Y es que aunque Perivancich no es del denominado círculo cercano de Valencia, de hecho fue nombrada por el exfiscal nacional Jorge Abbott, cuenta con el respeto y prestigio de sus pares por sus investigaciones.

“Alguien quiso levantar que Claudia Perivancich es una fiscal ”pro derecha", con qué tupé. Es cosa de ver cómo ha actuado dirigiendo indagatorias complejas y de corrupción. Es una buena fiscal, con eso basta, y que trabaja en silencio, sin estridencias", comenta una fuente de Fiscalía.

Ya desde hace semanas la actuación de la Fiscalía de O’Higgins estaba siendo monitoreada por la Fiscalía Nacional y la declaración de ilegalidad de una diligencia en el caso que involucra a Ulloa, determinada ni más ni menos que por la Suprema, selló el destino de la reasignación.

¿Por qué salió O’Higgins de la trama?

A comienzos de año el fiscal regional de O´Higgins, Aquiles Cubillos, quien trabajaba la causa junto al fiscal de alta complejidad Javier von Bischoffshausen, solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía la incautación de antecedentes de la Comisión de Ética del Poder Judicial, la que contenía reservadas denuncias en contra de varios magistrados que habían sido salpicados por los chats con Luis Hermosilla.

La diligencia, que generó la molestia del máximo tribunal, no se concretó porque el propio pleno de la Corte Suprema frenó la entrega de los antecedentes que dicha instancia tenía. Esto, principalmente porque el autoacordado que rige la tramitación de la instancia ética regula que sus antecedentes son secretos incluso para los indagados, tanto así que una vez finalizado el proceso se destruyen.

Y aunque la situación no pasó a mayores, sí hubo conversaciones entre los líderes de ambos organismos con afán de colaboración interinstitucional, respetando -eso sí- el debido proceso y la autonomía de los fiscales.

A ese traspié de Cubillos y su equipo se sumó otro: la incautación que realizó la PDI al celular del ministro del Tribunal Constitucional (TC) Héctor Mery. Esto, pese a que el propio fiscal Von Bischoffshausen reconoció a la defensa del magistrado que tenía calidad de testigo y no de imputado, tras allanar su domicilio.

Esa diligencia, llevada a cabo el 23 de marzo, motivó un recurso de amparo, el que fue acogido la semana pasada por la Sala Penal de la Corte Suprema, que determinó que la actuación de los fiscales y del tribunal que otorgó la medida intrusiva fue, de plano, ilegal. Ordenando la devolución de las especies.

El “papelón” caló hondo al interior del Ministerio Público y, dicen distintas fuentes consultadas, determinó la salida del equipo investigador ante un actuar que no pocos califican de “negligente”.

El factor Perivancich

Poco tiempo después de que Claudia Perivancich asumió la Fiscalía de Valparaíso el 2018, el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott -de quien ya mencionamos era cercana-, le asignó una de las mayores causas de financiamiento irregular de la política de aquel entonces: el denominado caso SQM.

A tal punto llegó el afán persecutor de la investigadora que hasta el día de hoy encabeza uno de los juicios más largos de la historia, teniendo “sentados en el banquillo de los acusados” hace más de un año a Marco Enríquez Ominami, al exgerente de SQM Patricio Contesse y a la emblemática figura de la UDI Pablo Longueira.

Pese a que a Sabaj no la investigaban los fiscales de O’Higgins, ya que su causa estaba radicada en la fiscal Ximena Chong, se determinó que era necesario “sacar” de las fiscalías de la Región Metropolitana, en una causa en la que se investiga a ministros de la Corte de Santiago. Una señal de independencia que se ve satisfecha con una foránea del Palacio de Tribunales capitalino como es Perivancich.

Otras cosa que se destaca al interior de la Fiscalía es la experiencia que tiene la fiscal, quien además es una “litigante” de tomo y lomo. En el caso SQM, recuerdan sus compañeros, interpuso incluso un recurso de queja luego de que la Corte no acogiera su solicitud de desafuero en contra del entonces senador Jorge Pizarro (DC) y recurrió hasta el TC luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no se querellara en contra de Pablo Longueira, el mítico líder de la UDI.

La fiscal también ha encabezado investigaciones como el denominado caso Dominga, donde se investigó al expresidente Sebastián Piñera, al igual que “Pandora Papers” o en la causa por presuntos delitos de “lesa humanidad” durante el estallido social de 2019.

Actualmente, Perivancich -y también por decisión de Valencia- tiene la investigación sobre la filtración del chat de la diputada Karol Cariola, además de otras como las presuntas responsabilidades de autoridades en los incendios de la Región de Valparaíso.

Si bien algunos -como la diputada Camila Musante (ind. PPD), quien es querellante en la causa de nombramientos- la han cuestionado por su supuesta “lentitud” en la arista del caso Hermosilla, o por los resultados en Dominga o Pandora Papers, cercanos a la fiscal la defienden.

De hecho, destacan los casos en los que ha obtenido medidas cautelares contra los exalcaldes de Algarrobo (UDI), hasta hoy preso por delitos de corrupción, de Nogales (independiente, pro Amplitud) o la próxima formalización que llevará a cabo de la exintendenta de Coquimbo Lucía Pinto (UDI) por delitos de fraude al Fisco en el denominado “papaya gate”.

En esta nueva causa a cargo de la fiscal regional, señalan fuentes, la fiscal estudiará la carpeta investigativa de la causa antes de pedir nuevas diligencias en la investigación que ahora estará en sus manos.