El 7 de mayo, las más de 10 mil personas que viven en la megatoma de Cerro Centinela, en San Antonio, definirán a la directiva que encabezará la federación de cooperativas formada para adquirir el terreno que ocupan. La fórmula, impulsada por el Ministerio de Vivienda (Minvu), busca formalizar la representación de los habitantes ante los dueños del terreno, Ricardo Posada y Esteban Solari, socios de la Inmobiliaria San Antonio, para incorporar a los pobladores a las negociaciones que ya cumplen dos meses.

Estas últimas -sin embargo- están lejos de avanzar e incluso algunos de sus participantes las señalan en “punto muerto”.

Según pudo constatar La Tercera, existen dos nudos que mantienen en vilo las tratativas. Uno de ellos es el precio del terreno, una discusión que se preveía compleja, ya que el Minvu tasó el suelo en 0,58 UF por metro cuadrado, mientras que los dueños exigieron 0,69 UF.

La diferencia ha sido considerada inaceptable por el Ejecutivo, y aunque los montos actuales no han sido informados, las posturas siguen muy distantes, según señalan fuentes ligadas al tema.

La elección de la directiva de la federación de cooperativas -en tanto- supondrá nuevas tensiones a las negociaciones. Y es que los propietarios del terreno se niegan a incorporar a las cooperativas de habitantes de la toma como parte formal de la mesa negociadora, según señalan quienes están al tanto de las conversaciones.

En la práctica, la postura deja sin representación a los habitantes que se han organizado y que ya comenzaron a definir las cuotas mensuales, que rondan los 100 mil pesos por familia, para reunir los fondos necesarios para adquirir el terreno de 260 hectáreas.

Una de las voceras de los pobladores, Karina Ayala, asegura que “la mesa de negociación está teniendo tres patas y faltamos nosotros, si no somos partícipes de las conversaciones eso se vuelve un problema”.

El escenario es complejo, porque el plazo es estrecho. Si no hay acuerdo antes de fines de agosto, debe ejecutarse la orden de desalojo dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que logró postergarse por un acuerdo previo. La preocupación es creciente, ya que se teme una crisis humanitaria en la región si más de 3.700 familias son desalojadas.

Hermetismo de las tratativas

Hasta ahora las reuniones entre el Minvu y los representantes de los propietarios se mantienen en completo hermetismo, luego de que hace dos semanas se firmara un acuerdo de confidencialidad entre las partes.

El grupo negociador está compuesto por la delegada ministerial para la megatoma de San Antonio, Gloria Maira, quien lidera el equipo técnico del gobierno, acompañada por dos abogados del Minvu. La contraparte, en tanto, está integrada por el abogado Diego Pereira-Fonfach, otro abogado y un economista.

En paralelo, Maira es la encargada de sostener encuentros semanales con los dirigentes de la toma, pero sin entregar mayores detalles sobre el curso de las negociaciones del terreno.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien fue clave para abrir la negociación en marzo, ha tomado distancia del proceso.

La lentitud de las tratativas ha puesto en riesgo -según confidencian participantes- la posibilidad de llegar a buen puerto antes de agosto, cuando expira el plazo judicial. El fallo de la corte establece un desalojo “razonado y paulatino” si no se logra una salida negociada.

En estas semanas también se ha afianzado la convicción de las autoridades respecto a que los dueños del terreno estén interesados en estirar la negociación para llegar al próximo gobierno, buscando una autoridad más flexible o condiciones más ventajosas para vender.

En el Minvu está zanjado que no habrá expropiación del terreno y que tampoco hay disponibilidad a adquirir directamente el paño como han propuesto desde los empresarios. La línea oficial sigue siendo que sean las cooperativas las que compren colectivamente la tierra, con apoyo técnico.

Hasta ahora, según detallan en el ministerio, se han formalizado 40 cooperativas, que agrupan a un total de 3.718 familias del campamento. Algunas incluso han sido inscritas en el Diario Oficial, lo que permite avanzar en el proceso de adquisición.

Sin embargo, al menos 418 familias aún no han ingresado a ninguna cooperativa, sea por desconfianza, desconocimiento o dificultades administrativas. Ese desfase preocupa, ya que el modelo de compra colectiva avanza en paralelo a la negociación con los empresarios.

¿Y el plan B?

Si la negociación no prospera, el escenario vuelve a estar marcado por una orden de desalojo vigente.

Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso afirman que “como gobierno esperamos que se pueda lograr un acuerdo en esta materia, ya que representa una solución innovadora, sin precedentes”.

Sin embargo, ante la posibilidad de que no se acuerde una solución, en la citada delegación señalan que “como se ha sostenido previamente, se velará por el respeto a las sentencias judiciales, retomando la mesa de coordinación intersectorial en materia de desalojos, convocando al municipio y carteras competentes, para evitar la prolongación de la ocupación ilegal, como mandata la corte”.

El eventual desalojo -que implicaría el retiro de más de 10 mil personas- ha sido tema de preocupación en el comité político del gobierno, especialmente por la magnitud humanitaria que podría desencadenar en la Región de Valparaíso.

Desde el interior de la toma, algunas dirigentas aseguran que se están preparando para todos los escenarios. “Estamos preparados para cualquier situación. Frente a esto, no bajaremos la guardia”, afirma Ayala. En tanto, Elizabeth Rivera, dirigenta de la primera cooperativa conformada en el cerro, sostiene que “seguiríamos en el ámbito legal para desestimar la orden de desalojo”, que está fechada para fines de agosto.