Paris vuelve a la pelea por los correos del Minsal: Acusa a la fiscalía de querer hacer “un espejo” no autorizado y asegura que la diligencia abarca más de 30 mil e-mails

En un nuevo escrito ingresado hoy ante la Corte Suprema, refuta los argumentos del fiscal Xavier Armendáriz, sobre todo en lo que respecta a la negativa de la fiscalía para enviar descriptores de búsqueda para que el Minsal puede hacer la selección de correos a incautar.




La disputa por la incautación de los correos del exministro Jaime Mañalich, su exjefa de gabinete, Itziar Linazasoro, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, sigue activa ante la Corte Suprema.

A pesar de que fue la semana pasada que la Sala Penal del máximo tribunal resolvió la controversia y autorizó la incautación solicitada por la fiscalía, otorgando acceso acotado a los correos del Ministerio de Salud (Minsal), hay un punto que mantiene enfrentados al ministro Enrique Paris y al Ministerio Público. Todo esto debido a que el voto de mayoría de la Suprema solo se limitó a dar acceso parcial a las comunicaciones electrónicas, pero no se hizo cargo respecto de la fórmula para excluir los mensajes que tengan que ver con compra de insumos médicos estratégicos o la disposición de recursos militares o policiales.

Como la Suprema dejó ese vacío, fue la fiscalía la que le propuso una fórmula al 7º Juzgado de Garantía, el cual el viernes de la semana pasada autorizó el mecanismo. Este consistía en que se dio luz verde para que la fiscalía obtuviera —a través de peritos del Laboratorio de Criminalística y del Cibercrimen de la PDI, bajo supervisión de la fiscalía— “dos copias forenses (copia A y copia B) de la totalidad de los correos electrónicos sobre los cuales recae la medida”.

El Ministerio Público conservaría la totalidad de la copia A “en calidad de comunicaciones retenidas (...) como ‘copia testigo’, bajo cadena de custodia y sin poder acceder a ella”. La copia B quedaría en manos del Minsal y se le ordenó a Paris que, en un plazo de tres días, singularice “las comunicaciones electrónicas que se correspondan con los supuestos de excepción previstos” por la Corte Suprema. Así, con la lista singularizada de Paris, la fiscalía procedería a extraer esos correos de la copia A. De esta forma, resolvió el magistrado Patricio Álvarez, el Ministerio Público solo estaba autorizado para acceder a la copia con los correos depurados por el ministro Paris. El resto quedaría fuera de su alcance y no podría acceder a ellos.

Ayer Paris se manifestó en contra de esa solución y elevó la nueva disputa otra vez ante el máximo tribunal. Luego fue el propio fiscal regional Xavier Armendáriz quien le respondió al titular de Salud y calificó su solución de “inútil".

Hoy el titular de Salud nuevamente ingresó un escrito a la Suprema. En este refuta los argumentos de Armendáriz, sobre todo en lo que respecta a la negativa de la fiscalía para enviar descriptores de búsqueda para que el Minsal puede hacer la selección de los correos a incautar.

Sorprende a este ministro lo planteado por el Sr. fiscal regional en el punto 3 de su escrito, en orden a la imposibilidad de determinar aquella información necesaria para sostener su pretensión punitiva, sin que le sea posible determinar cuáles son aquellos elementos vinculados únicamente a la comprobación de los hechos delictivos denunciados. Máxime si estamos en presencia del organismo que tiene control sobre la investigación y que debiese tener especial claridad de qué es lo investigado. En caso contrario, el Ministerio Público le da la razón a este Ministro en torno a que difícilmente se puede sostener la trascendencia y justificación de la diligencia que solicita, si el ente persecutor no se encuentra actualmente en conocimiento de qué es lo investigado, ni puede identificar destinatarios, remitentes, descriptores, palabras claves, o cualquier otro criterio objetivo que permita cumplir con la referida vinculación entre hechos denunciados y correos que se pretende incautar", plantea el escrito.

Luego, Paris acusa que “el Ministerio Público pretende acceder en su totalidad, generando un ‘espejo’, no autorizado por el tribunal de V.S. E. y menos aún, solicitando una autorización por tres días, para que personal del ministerio que dirijo, y con justa razón ocupado, revise manualmente la totalidad de los correos electrónicos en pos de resguardar la seguridad nacional tal como V.S.E. resolvió”. Esto último es especialmente relevante, dice Paris, ya que su estimación es que el universo de correos solicitados es de cerca de 30.000 mensajes: “10.000 correos electrónicos por cada casilla solicitada”.

De esta manera, el titular de Salud dice que la labor de revisión debiera hacerse en base a búsqueda de palabras clave: “Es de común ocurrencia que el Ministerio Público solicite a la Policía de Investigaciones la búsqueda de ciertas palabras claves, acorde con los hechos que se encuentra investigando, para efectos de realizar búsquedas efectivas de información. No puede ser carga del Minsal proponer aquellos conceptos que deben ser excluidos, si la carga de investigar los hechos, de acuerdo al mandato constitucional contenido en el artículo 83 de la Constitución Política de la República, recae precisamente en el Ministerio Público”.

Para cerrar, Paris vuelve a recalcar que la responsabilidad de señalar cuáles son los correos a incautar no es deber del Minsal sino que del Ministerio Público. “Resulta evidente que quien tiene la carga de señalar a este Ministro cuales son aquellos términos que se encuentran comprendidos dentro de los hechos investigados, delimitados en el considerando primero de la resolución de S.S.E, es el órgano que tiene a su cargo la dirección de la investigación, sin que por esto, se permita dejar de cumplir con lo mandatado por S.S.E, en relación a la solución de controversia en virtud del artículo 209 del Código Procesal Penal”, indica el escrito.

Paris está en calidad de querellado en la causa original que provocó esta disputa por los correos. Esto luego de una ampliación de querella por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual pidió incluir al actual ministro por los eventuales delitos de denegación de auxilio, retardo o negativa de protección o servicios, denegación de servicios y cuasidelito de homicidio. En su calidad de querellado, Paris está siendo representado por los abogados Luis Hermosilla, Juan Urrutia y Francisco Sepúlveda.

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