Suprema, Fiscalía, Contraloría y TC entran al debate constituyente con propuestas ante elaboración de nueva Carta Magna

La Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención Constitucional sesionó en una cuarta jornada de audiencias este martes, en la que participaron una serie de autoridades como el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, el fiscal nacional, Jorge Abbott; el contralor, Jorge Bermúdez, y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José Romero.

Silva hizo una exposición en la que destacó que “el Poder Judicial ha cumplido y sigue cumpliendo su deber de resolver los asuntos de relevancia jurídica sometidos a su conocimiento con total independencia y sin interrupciones”.

A continuación, el magistrado planteó que “en el proceso de revisión de que es y será objeto la función jurisdiccional que, dicho sea de paso, es más amplia que la sola función de los tribunales del Poder Judicial en el actual sistema normativo, es posible que se proponga la modificación de diversas estructuras en la organización de los tribunales y en la forma de ejercer la función de juzgamiento”.

“Sea cual sea las definiciones que se adopten, existen ciertos principios que debieran estar presentes para conservar los elementos que aseguren los fines de la jurisdicción no solo como parte del sistema de frenos y contrapesos sino también y principalmente como garantía de protección a los ciudadanos y ciudadanas: independencia judicial, inamovilidad, legalidad, imparcialidad, responsabilidad, autonomía e inexcusabilidad son principios que han demostrado ser contributivos para ese objetivo”, sostuvo el presidente de la Corte Suprema.

Tras ello, los constituyentes realizaron una serie de preguntas en temas como los abogados integrantes de las cortes, las competencias del Tribunal Constitucional (TC) y la opinión de los jueces respecto a si es necesario que el máximo tribunal se aboque exclusivamente a la labor jurisdiccional.

“Un aspecto esencial en esta materia es que la Corte Suprema está de acuerdo en que todas estas actividades salgan de la Corte Suprema, nos dejen únicamente con las materias jurisdiccionales y que estos sistemas de nombramientos, evaluaciones y asuntos disciplinarios pasen a otro órgano u órganos”, sostuvo.

Silva expuso además que “eso nos dejaría muy tranquilos a nosotros como ministros de la Corte Suprema, que nos dejen exclusivamente dedicados a lo jurisdiccional que es la tarea principal nuestra y perdemos el tiempo en cosas administrativas y de gestión que la verdad es que no nos corresponden. Creo que mejoraría mucho el Poder Judicial si nos dedicáramos solamente a lo jurisdiccional”.

“Al sacarnos a nosotros estas atribuciones disciplinarias, de nombramiento, etcétera, indudablemente la independencia de los jueces, la independencia interna va a ser mucho mayor”, argumentó.

Asimismo, respecto al TC señaló que “lo que más nos interesa es que se limiten bien las competencias del Tribunal Constitucional y las competencias de la Corte Suprema, que no volvamos a vivir el problema que vivimos hace un año y medio, dos años atrás, que fue incómodo, fue muy incómodo, entonces sería ideal que se delimitaran muy bien las competencias de uno y otro tribunal, porque también vivimos situaciones difíciles en relación con esas materias que a veces el Tribunal Constitucional nos paraliza por uno o dos años asuntos nuestros”. Silva aludía episodios como el del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema de octubre de 2019 que acogió la revisión de sentencias del Tribunal Constitucional vía recurso de protección, lo que generó un pugna en la que incluso intervino el Presidente Sebastián Piñera.

El presidente de la Corte Suprema también cuestionó la mantención de abogados integrantes, pero dijo que se debe establecer un mecanismo adecuado que permita reemplazarlos.

“No soy partidarios de los abogados integrantes, no me gusta el sistema de los abogados integrantes, lo he vivido desde siempre, en mi carrera de juez he vivido la institución de los abogados integrantes y no me gustan, no es conveniente ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se reemplaza a los abogados integrantes? Porque si se reemplaza con jueces del Poder Judicial nos descubrimos los pies para cubrirnos la cara. Se ha pensado igual que en el Tribunal Constitucional que haya ministros suplentes. Hemos barajado, hemos visto muchas soluciones, pero no encontramos una solución adecuada”, esgrimió.

Abbott, por su parte, informó que al interior del Ministerio Público se han desarrollado diferentes charlas, en un “proceso participativo”, para “aportar al debate constitucional con una evidencia empírica y objetiva respecto del sistema de funcionamiento de justicia penal y el rol del Ministerio Público bajo una perspectiva técnica y especializada”.

“Las conclusiones presentadas tienen como finalidad fortalecer la persecución penal y la atención de víctimas y testigos y evitar cualquier tipo de acción que pueda vulnerar los derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley, el debido proceso y el acceso a la justicia”, afirmó.

En ese sentido, el fiscal nacional se refirió a varios puntos, dentro de los cuales están la autonomía de la fiscalía, internos y su relación con las policías. Respecto a la autonomía, dijo que esta era el punto “más relevante para nosotros”, debido a que “supone la ausencia de una relación jerárquica con los demás poderes del Estado y permite garantizar el resguardo del principio de igualdad ante la ley y así evitar cualquier clase de presión al momento de la toma de decisiones en materia de persecución penal”.

Por otro lado, abordó los controles que puede haber al interior y exterior de la fiscalía. Respecto al control externo, dijo que “la autonomía constitucional no supone una libertad absoluta, sino que debe tener un contrapeso mediante mecanismos de control y transparencia. En el Ministerio Público hay consenso a estar abiertos a los sistemas de control con una limitación: no es posible someter a control externo el ejercicio de la acción penal, ahí debe haber plena autonomía”. Sobre el control interno, dijo que “en casos de alta connotación pública, de acuerdo a criterios previamente definidos y conocidos por las autoridades, por ejemplo investigaciones en que exista interés público prevalente y particular, la toma de decisión sea sometida a una validación más allá del criterio del fiscal regional”.

Adicionalmente, abordó la creación de una entidad que fiscalice a los persecutores y que ésta deba estar al interior del Ministerio Público. “Estimados que hoy por hoy existe un vacío y es el que dice relación con que los fiscales investigan a los propios fiscales. Siempre escuchamos la frase que se nos señala ‘¿quién investiga a los fiscales? pues bien, estimamos que debe crearse un sistema autónomo dentro de la propia fiscalía de carácter supraterritorial y que responda solo al fiscal nacional, de manera tal que puedan llevar adelante tanto las investigaciones administrativas como las investigaciones penales”.

Finalmente, el jefe del Ministerio Público abordó la relación con las policías, señalando que “es fundamental que el Ministerio Público tenga una mayor injerencia en el actuar de las policías y poder eventualmente ejercer o promover el ejercicio de acciones disciplinarias en caso del no cumplimiento de las instrucciones investigativas dadas por el fiscal”.

Expuso también el contralor Bermúdez, quien propuso a la Convención Constitucional “explorar la idea” de la creación de un Consejo de la Contraloría General de la República, como un órgano paritario que colabore en algunas de las funciones estratégicas de la institución.

“Este nuevo órgano puede contribuir especialmente en los grandes lineamientos para la acción estratégica de la Contraloría General. Por su parte, las funciones cotidianas deben mantenerse en una conducción única, que posibilite su actuación eficaz y diligente”, acotó.

La autoridad ahondó en el rol del organismo pensando en los futuros cambios constitucionales y defendió su independencia argumentando que “contribuye a un sistema constitucional más democrático” y que “no podría hacer su tarea sin un alto grado de autonomía”.

“La Contraloría General de la República tiene un rol democrático insustituible”, destacó Bermúdez, agregando que “para cumplir correctamente su rol, la Contraloría debe poder ser una institución independiente a la que la sociedad civil recurra cuando existan sospechas de irregularidades”.

A su turno, Romero, presidente del Tribunal Constitucional, planteó sus sugerencias para el órgano que preside. En ese sentido, sugirió que los ministros del TC oficien por un tiempo acotado y que el tribunal cuente con un número impar, para evitar el voto dirimente de quien presida en ese minuto.

“Si se busca que la interpretación y la aplicación de la Constitución dé cabida a nuevas maneras de ver las cosas, puede ser relevante que el control de constitucionalidad esté entregado a órganos en que sus integrantes duren en sus cargos un tiempo acotado y no indefinidamente, en la medida que no alcancen los 75 años de edad”, dijo sobre el primer punto.

“El número de integrantes deberá ser impar y en ningún caso debería existir voto dirimente de quien preside le tribunal o corte”, dijo. Sobre esto último, señaló que, como ejemplo de otros países, solo el 23 de las constituciones contemplan un numero par de ministros”.

Por otro lado, aseguró que “parece razonable modificar los requisitos y sistema de nombramiento, no sin antes comentar que hay muchas opciones y que incluso un mecanismo teóricamente bueno puede ser aplicado de una manera no tan buena”.

La Comisión de Sistemas de Justicia está conformada por diecinueve convencionales constituyentes: Andrés Cruz, Carol Bown, Christian Viera, Daniel Bravo, Daniel Stingo, Hugo Gutiérrez, Ingrid Villena, Luis Jiménez, Luis Mayol, Manuel Woldarsky, Manuela Royo, Mauricio Daza, Natividad Llanquileo, Patricia Labra, Rodrigo Logan, Ruggero Cozzi, Ruth Hurtado, Tomás Laibe y Vanessa Hoppe.