Prohibido votar: los 93 mil ciudadanos que están inhabilitados para sufragar

Los motivos por los que los ciudadanos se encuentran suspendidos en su derecho a sufragio se deben a interdicción por demencia, pena aflictiva o delito terrorista. Antecedentes se encuentran en un documento del Servicio Electoral, actualizado al 12 de agosto de este año, que fue enviado al Senado.




Elecciones presidenciales, municipales, parlamentarias y prontamente de gobernadores. En todas ellas pueden votar los chilenos que sean mayores de edad. Sin embargo, esto no es para todos.

Según un documento del Servicio Electoral (Servel), existen 93.166 personas que se encuentran imposibilitados para votar en el país. La información fue solicitada por el Senado, a lo que el Servel respondió a través de un oficio con datos que corresponden hasta el 12 de agosto de 2019.

Las inhabilitaciones tienen relación con los ciudadanos suspendidos en su derecho a sufragio por las causales del artículo 16 de la Constitución, es decir, "por interdicción en caso de demencia, por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista".

En esa línea, entre aquellas personas que están acusadas de penas aflictivas, pueden haber casos de tráfico de drogas que arriesguen penas superiores a los tres años y un día de presidio.

Raúl García Aspillaga, director nacional del Servel, señaló que con la finalidad de cumplir con la ley recibe información de distintas fuentes, como el Servicio de Registro Civil e Identificación, Extranjería, Policía de Investigación y el Ministerio de Justicia, entre otros.

"En el caso de la suspensión del derecho a sufragio debido a interdicción por demencia, se realiza un juicio en el que un juez declara dicha condición. Tras ello, el Servel recibe la información y la refleja en el Registro Electoral", dijo García.

Asimismo, desde el Ministerio de Justicia explicaron que la información que provee el Registro Civil al Servel corresponde a los mayores de 17 años nacidos vivos, las defunciones y el registro nacional de condena con pena aflictiva.

Detalle de inhabilitados

De acuerdo al Servel, la mayor cantidad de suspendidos corresponde personas por delitos de pena aflictiva (83.289) (ver recuadro) y estos casos se concentran en la Región Metropolitana (RM) (32.204). Le siguen Valparaíso (9.567) y el Biobío (6.485).

Quienes se encuentran inhabilitados por estar interdictos por demencia son 3.475 personas, la mayoría en Valparaíso (966), Biobío (770) y la RM (336).

En relación a delitos terroristas, se registran cinco personas -tres en la RM, una en Los Lagos y una en el Biobío- y por tráfico de drogas son 6.397 ciudadanos, la mayoría en Santiago (2.237).

Patricio Zapata, abogado constitucionalista, señaló que si bien es entendible que quienes hayan sido condenados a penas altas tengan como sanción anexa no poder ejercer los derechos políticos, "no comparto que los que estén siendo investigados por ese tipo de delitos, tengan suspendida la ciudadanía. No puedo entender, porque hay que presumir que son inocentes".

El jurista añadió que esta inhabilitación debiese ser mientras la persona está condenada y no de manera perpetua. "Es cierto que se puede pedir la rehabilitación, pero yo creo que lo lógico es que si tu cometiste un delito y te condenaron a un tiempo de presidio o de reclusión pierdas, por un tiempo tu derecho político, pero por un tiempo, porque todo el sentido de la pena es rehabilitar", señaló.

Por su parte, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) explicaron que aún no se pronuncian respecto a la inhabilitación de votar para aquellas personas que se encuentran condenadas por penas aflictivas, pero que han materializado un trabajo para aquellos que no están condenados a ese tipo de penas: "Se han realizado oficios y en algunos casos se ha llevado a la vía judicial. En 2016 y 2017, elecciones municipales y parlamentarias, el INDH presentó 21 recursos de protección obteniendo un resultado de nueve recursos acogidos y 12 perdidos", explicó Pablo Rivera, jefe subrogante de la unidad jurídica del instituto.

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