Quillota: en prisión preventiva quedan 8 de las 14 personas detenidas en nuevo caso de "narcoambulancia"

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Banda mantenía a su cabecilla en Bolivia, por lo que Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía Regional analiza solicitar extradición.


En prisión preventiva quedaron 8 de los 14 detenidos que durante este martes fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Quillota en el marco de la "Operación Rescate" efectuada por la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Valparaíso, que desbarató a una banda criminal que transportaba $4 mil 500 millones en cocaína base en una ambulancia.

A los antisociales -todos chilenos y mayores de edad- se les imputaron los delitos de infracción a la ley de control de armas, asociación ilícita, tráfico de drogas, y lavado de dinero, quedando los sujetos restantes con medidas cautelares menos gravosas, tales como arraigo, firma, y arresto domiciliario por los distintos grados de participación que tendrían en los hechos.

La investigación fue liderada por el fiscal Victor Ávila de la Unidad Antinarcóticos (Uran) de la Fiscalía Regional, quien se mostró conforme con la resolución del juzgado, pues "es una investigación llena de matices, estamos investigando distintos delitos". "Todo eso requiere un trabajo profundo, de conocimiento, de análisis que nos permita llevar y sostener de buena forma esta acusación de juicio oral si el día de mañana la investigación así lo amerita", dijo el persecutor, quien aseguró que "seguimos analizando a otras personas que participan en esta asociación", la cual transportaba la droga desde el norte del país para ser comercializada en la quinta región.

En la audiencia, la cual se extendió por cerca de 6 horas, se reveló que la banda criminal -la cual está ligada a los dos casos anteriores de "narcoambulancias"- mantenía a su líder en Bolivia, por lo que "es un objeto de análisis eventualmente pedir la extradición. El paradero exacto no lo sabemos pero sabemos que está allá y que incluso tiene una familia en ese país", afirmó Ávila, quien llevará a cabo la investigación por el plazo de los 8 meses que se decretaron para las diligencias.

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