A las 9 de la mañana de este jueves, diferentes unidades de la PDI –por orden de la Fiscalía Metropolitana Occidente y con orden judicial emanada de tribunales– allanaron 13 domicilios, entre ellos la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Maipú. Todo esto para lograr la detención de 12 personas vinculadas con la emisión de licencias de conducir fraudulentas que se le atribuye a “una red de corrupción” que operaba en ese lugar.

De todos los detenidos, tres de ellos son funcionarios municipales, otros tres son “captadores de clientes” y el resto correspondía a personas, en su mayoría extranjeros, que obtuvieron licencias de conducir, pese a no cumplir con los requisitos que exige la ley y tras pagos de sobornos.

Pero la investigación de la Fiscalía no queda ahí. Tal y como informó el fiscal Sergio Soto durante la audiencia de formalización de este viernes, el Ministerio Público está investigando a otros municipios en los que la red habría tramitado ilegalmente los documentos que permiten manejar vehículos en las calles de Chile; en una arista que, además, también involucra al Ministerio de Educación (Mineduc), según se develó en audiencia.

Por ahora, la Fiscalía ha podido determinar que la organización empezó a operar al menos desde 2023, en el primer periodo del actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. Este último, en todo caso, denunció los hechos luego de que el Ministerio Público ya llevaba adelante una indagatoria en completo sigilo.

Y pese a que cuando informó de los allanamientos en el municipio –a través de su cuenta de Twitter– apuntó a que los hechos venían de la administración anterior (de la alcaldesa Cathy Barriga), solo un antecedente expuesto en la audiencia daría cuenta de eso, ya que el resto de los testimonios sitúan el inicio de actividades de esta “empresa de defraudación” hace dos años.

En la línea que busca destacar la administración de Vodanovic está el testimonio de uno de los imputados, quien afirmó que el mecanismo para obtener las licencias comenzó a operar –según declaró– durante la administración de Barriga, y que incluso quien era conocido como su manera derecha, Luis Japaz, “llevaba gente para sacar licencia”.

En esa línea, la Municipalidad de Maipú se querelló en la causa en 2023 y durante la audiencia de este jueves estuvieron presentes como querellantes.

El mecanismo

En 2022, la Fiscalía Occidente estaba investigando a Rodrigo Figueroa por tráfico de drogas. En esa indagatoria, los investigadores intervinieron e incautaron el equipo del imputado y pudieron no solo obtener pruebas valiosas para esa indagatoria, sino que se abrió una causa de corrupción: licencias de conducir obtenidas fraudulentamente.

Y es que Figueroa, según lo que pudieron obtener de su equipo, también trabajaba como un cuarto “captador” de clientes que no podían –por diferentes motivos legales– obtener licencia de conducir de manera regular, por los que él los ayudaba a ponerse en contacto con funcionarios de la Municipalidad de Maipú, quienes facilitaban la obtención de horas para rendir el examen, falsificaban documentos e incluso hacían la prueba teórica por los “conductores”.

Por toda esta diligencia la organización cobraba entre $400 mil a chilenos y $900 mil a extranjeros. Esto último porque el beneficiar a personas migrantes les significaba una mayor dificultad, dado que, además de obtener la hora, también tenían que falsificar más documentos e incluso hacerles las pruebas debido a que, por idioma, muchas veces los supuestos conductores no entendían.

Con ese mecanismo, y según pudo conocer la Fiscalía, la organización solo en 2024 entregó 100 licencias de conducir irregulares, con ganancias millonarias que eran divididas entre los captadores y los tres funcionarios involucrados.

De la jefa hasta el revisor

Desde la pandemia, la dificultad para conseguir una hora para obtener licencia de conducir se ha incrementado. Ante ese problema, que se extiende en todos los municipios, esta “red delictual” –como la definió la Fiscalía– vio un “nicho” para conseguir recursos.

Por lo mismo, uno de los sujetos relató ante la Fiscalía –y según expuso el Ministerio Público durante la audiencia– que uno de los captadores, aprovechando que conocía a un funcionario, comenzó a llevar a cabo el “negocio”, con el que operó con otras dos personas.

De esta manera lograron que Ruth Necul –quien quedó con arresto domiciliario total dada una condición médica–, jefa (s) del departamento de licencias, creara “una lista paralela” de personas que esperaban obtener su licencia, dando plazo de una semana a los “clientes” de los captadores. Necul es funcionaria del municipio desde 2016 y su actual cargo lo comenzó a ocupar desde enero del 2024.

Pero esa no era la única prestación que entregaban, pues otro funcionario, Juan Pablo Zúñiga, que era quien tomaba los exámenes teóricos, y sabiendo quienes eran las personas traídas por los captores, ayudaba a responder las pruebas en el sistema informático y así obtener las respuestas correctas. Otro trabajador municipal, Manuel Vilches, quien participaba del proceso de pruebas prácticas, también colaboraba.

En la indagatoria, además, se mencionó a otros funcionarios municipales, así como también a personas que obtuvieron las licencias de conducir fraudulentas; sujetos en contra de quienes la Fiscalía seguirá la pista y que, al igual que el resto, también se les espera formalizar.

Los certificados

Hace algunas semanas, funcionarios de la PDI, sabiendo que uno de los captadores se reuniría con un funcionario, hicieron labores de seguimiento. Frente a los detectives, los sujetos entregaron uno de los elementos que son requisito para obtener licencias de conducir: el certificado de estudios.

Estos documentos, que certifican la enseñanza básica exigida, en su gran mayoría eran entregados a extranjeros, quienes no podían acreditar sus estudios en su país de origen. Pero no solo eso: la banda también ayudó a personas que por razones médicas no podían acceder al documento.

Este jueves, con los allanamientos llevados a cabo por la PDI, la Fiscalía pudo acceder a los expedientes de los cientos de personas a las que la organización entregó licencias, así como también los documentos que adjuntaron para que la Municipalidad de Maipú se las otorgara.

En ese sentido, los investigadores hallaron los certificados de educación, pero consigo además advirtieron que se debe abrir una nueva arista. Y es que los documentos, según reveló el fiscal, eran “lícitas” ya que contaban con un código QR emitido por el Ministerio de Educación que certificaba su licitud, o al menos aparentaban eso.

Sin embargo, y sabiendo el real origen de aquello, la Fiscalía comunicó al tribunal que también necesita plazo para indagar cómo se obtuvieron esos supuestos certificados de estudios, “legalmente”, desde el Mineduc.

En la audiencia, la Fiscalía también especificó que algunos certificados, según una declaración, era falsificados con la ayuda de un ciudadano extranjero.

Durante la discusión sobre los plazos de investigación, el Ministerio Público también afirmó que debía indagar otros municipios que fueron mencionados por los imputados en sus declaraciones y donde también habrían obtenido licencias fraudulentas.

El metódico “oso Bubu”

Durante todo el jueves, la Fiscalía y la PDI llevaron a cabo los allanamientos, en domicilios y la municipalidad, para desbaratar la organización. Así llegaron a la casa de Paula Catalán, una de las captadoras, quien en su vivienda tenía una trascendental prueba para el Ministerio Público.

Se trata de una agenda –como ella la definió– del “oso Bubu” donde tenía un listado con las personas que “contrataron su servicio”. En este cuaderno la mujer no solo colocaba el nombre de las personas, sino que también cuánto debían pagar y –con siglas– lo que buscaban: “H” por si querían una hora, “P” por pagado y “T” por si querían pasar el examen teórico.

Este metódico elemento le permitió distinguir a la Fiscalía a 80 personas, mientras que en el teléfono de otro de los captadores se encontraron fotos de 100 carnets de identidad de personas que habrían solicitado su licencia de manera fraudulenta.

Además, también quedó a la vista de los investigadores otra de las pruebas de las que ya tenían conocimiento: en el teléfono de la mujer estaba una cuenta de Instagram –y como ella misma confesó posteriormente– donde ofrecía las licencias de conducir y donde exponía “testimonios” de compradores.

La Fiscalía, que indagará todo lo obtenido, además pudo determinar –por levantamiento de secreto bancario– que solo durante 2024 uno de los captadores obtuvo $3.850.000.

Al término de la audiencia, la magistrada María Inés Lausen del 9° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de dos funcionarios municipales, mientras que Necul quedó con arresto domiciliario total por problemas médicos.

En el caso de los tres “captores” Fabián Castro, Paula Catalán y Kevin Molina, también quedaron tras las rejas. En el caso de los seis compradores de las licencias irregulares, estos quedaron sujetos a arraigo nacional y firma mensual.