Para la vuelta de las elecciones del 16 de noviembre quedó pactado continuar la discusión de la Ley de Presupuestos del 2026 en el Congreso. Y ahí la Contraloría General de la República liderada por Dorothy Pérez, tiene una pelea que dar, con un involucramiento directo: la petición de dinero adicional que la entidad busca conseguir para su erario.

Ocurre que, como con otras entidades, existe una diferencia entre el monto solicitado por el ente fiscalizador y el otorgado por el gobierno. Según el proyecto de la Dirección de Presupuestos (Dipres), las platas de la Contraloría suben un 1,5% respecto de 2025, lo que se traduce en una variación de $1.701.916.000. Sin embargo, la Contraloría está pidiendo más: un aumento presupuestario del 8,5%, con, por ejemplo, $1.200 millones extras para riesgos informáticos, y 10 profesionales adicionales a los proyectados.

La semana pasada la partida de la Contraloría del Presupuesto, así como casi todas las otras, fue rechazada con críticas de por medio desde distintos sectores políticos, que apuntan a subirle el dinero a la entidad fiscalizadora. “Ha demostrado con hechos y cifras el ahorro fiscal (…) Requiere más herramientas", reclamó el senador Javier Macaya (UDI) durante el debate. Y es que tras el protagonismo de Contraloría desde que asumió Pérez, con una serie de fiscalizaciones y revelaciones, ha existido consenso transversal de los méritos que supone tener su entidad para el alza que se pide.

Todo partió con las denuncias de 25 mil funcionarios públicos que viajaron estando con licencia médica a la vez. A ello se sumaron otras arremetidas que la han tenido en un lugar destacado este año. Por lo mismo es que en los pasillos del Congreso se cree que al haber apoyo transversal existen más posibilidades de que se revierta su presupuesto.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Miguel Mellado (ind.), dice que “si el gobierno reordena su presupuesto, una cosa importante que tiene que mejorar es el de la Contraloría: se paga solo. Nos ha ahorrado US$ 100 millones en licencias y va a ahorrar mucho más. Que el gobierno entienda que en vez de colocarle al Ministerio de Cultura, le ponga a Contraloría”, dice.

Además, deja de manifiesto un punto que ya da vueltas en la oposición: la tensión del gobierno con la Contraloría por el pronunciamiento de la entidad de Pérez respecto al proyecto del Financiamiento Público Para la Educación Superior (FES) del Ejecutivo, del que cuestionó su registro contable.

Y así, con el ánimo de revertir el presupuesto propuesto, diversos legisladores han promovido distintas gestiones buscando aumentar el dinero, principalmente a nivel de reuniones protocolares.

La misma Pérez ha acudido dos veces al Congreso Nacional para defender el presupuesto. La primera vez fue el 14 de octubre, cuando pidió más dinero en la Subcomisión Mixta de Presupuesto del Parlamento. Esa vez alertó sobre la falta de recursos que, a su juicio, enfrenta la Contraloría ante el aumento de solo 1,5% para 2026. En la instancia destacó a los parlamentarios la necesidad de contar con un adicional de más de mil millones de pesos y la contratación de funcionarios extra, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las plataformas tecnológicas de la entidad, además de reforzar los equipos destinados a realizar procesos sumariales.

En este sentido, sostuvo que desde Contraloría hicieron dos solicitudes al Ministerio de Hacienda, incluyendo “10 profesionales que quedaron pendientes (en el Presupuesto) y que fue rechazada nuestra solicitud en ese punto, y que eran para poder realizar procesos sumariales, y $1.200 millones que tienen que ver con el almacenamiento informático, específicamente para adquirir licencias y permisos para cloud, para poder recibir toda la documentación electrónica y digital que recibimos de la administración del Estado”.

En este sentido, se extendió con que “nosotros solicitamos un aumento presupuestario de 8,5%. Sabemos que la situación presupuestaria del país es compleja y se nos autorizó un presupuesto de 1,5%, 7 puntos de diferencia, y no estamos esperando alcanzar los 8,5, porque sabemos la situación. Pero estos dos puntos, que son 10 profesionales funcionarios adicionales a los 62 que nos autorizaron, porque habíamos pedido 72, y los $1.200 millones que faltan para almacenamiento, son realmente críticos para nosotros”.

Al respecto, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), criticó que para 2026 “hay un decrecimiento de parte del presupuesto de Contraloría”, y que “Contraloría ha dado muestras claras de que cada peso que se pone en este organismo ahorra mucho al Estado. Y esa es la visión que hay que tener, creo yo, en esta partida”.

En esta instancia, de hecho, algunos legisladores aprovecharon de ahondar con ella sobre el tema, según cercanos a esas conversaciones. Un par de semanas antes, el 29 de septiembre, ya se había juntado con la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón (Demócratas), a propósito de lo mismo, y por esos mismos días el propio Castro se reunió con Pérez, instancia en la que también se aprovechó de ahondar en el tema del presupuesto.

Hay otros encuentros que se habían venido dando desde hace más tiempo. En junio, por ejemplo, la bancada de RN se juntó con la contralora e impulsó que se aumentara su presupuesto entre un 10% a un 20% y si ello no ocurría rechazarían la partida, dijeron.

Otras reuniones se han dado en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputadas y Diputados, a la que ha sido invitada para abordar proyectos de modernización de la Contraloría, donde también se ha abordado su presupuesto.

Las nuevas adquisiciones

En la mentada comisión se encuentran tramitando dos mociones elaboradas por parlamentarios opositores para mejorar las atribuciones de Contraloría. Son dos proyectos, uno que modifica las facultades fiscalizadoras -con medidas como imponer multas directas y suspensiones hasta modernizar el proceso sumarial- y otro relativo a exenciones del trámite de toma de razón.

Dentro de las novedades se incluyen $1.659 millones para contratar a 53 nuevos profesionales, incluyendo funcionarios en áreas como el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC) y el área informática.

También se busca contratar a 62 funcionarios con nuevos $1.632 millones: 5 abogados para el estudio de tomas de razón en materias de personal, 22 fiscales en Fiscalías Administrativas Permanentes, 16 abogados informantes para contralorías regionales, 16 fiscalizadores de obras de contralorías regionales y 3 abogados para el Juzgado de Cuentas.

Respecto de los equipos informáticos, se contemplan $825 millones para adquirir equipos informáticos para el Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CTIC) de los cuales $412 millones son para infraestructura de almacenamiento en modalida de nube donde se guardan aplicaciones, documentos y ficheros y $413 millones para almacenamiento de storage (espacio o sistema para guardar datos).

Se asignan otros $2.468 millones para programas como licencias de Microsoft, que es la evolución del Sistema de Información del Personal de la Administración, para el Sistema Integrado de Control de Auditorías y para el Sistema Integrado de Control de Auditorías y para el Sistema Integrado de Control de Auditorías, entre otros.

Además, se busca perfeccionar el software Hefestos que sirve para la actualización de módulos de personal y financieros contable.

En ese sentido, quienes conocen del trabajo de Contraloría han dicho que los sistemas informáticos que disponen actualmente están un poco obsoletos y que en cuanto a su poder fiscalizador hay debilidades en algunas regiones, que se deben reforzar.