La última sesión de la Comisión para la Paz y el Entendimiento se extendió hasta más allá de la medianoche. Ahí los ocho comisionados se reunieron de manera telemática para votar el informe final que terminó siendo aprobado por mayoría (7-1), pero rompiendo el acuerdo de unanimidad que se habían propuesto sus integrantes al conformarse la comisión, en junio de 2023.

El voto minoritario fue del presidente de la Asociación de Agricultores de de Malleco, Sebastián Naveillán, quien en conversación con La Tercera cuenta que entre las razones de su decisión está la incorporación a última hora de tópicos relacionados con la restitución de tierras que implicaban derechos a nuevas poblaciones indígenas para reclamación. “No estoy de acuerdo en que haya gente que tenga privilegios para recibir dinero y otros no. Todos los chilenos tenemos que pagar esta cuenta finalmente”, sostiene.

¿Estaba establecido por escrito que las decisiones debían tomarse por unanimidad?

No estaba escrito en el decreto que las decisiones debían ser unánimes. Fue una meta que nos propusimos como comisionados. Lo que sí establecía el decreto, firmado por el Presidente al momento de nuestra conformación, es que nosotros definiríamos el reglamento interno. En ese reglamento, según consta en el acta, se acordó que las decisiones se tomarían por unanimidad. Es una falta de respeto a la democracia y al compromiso asumido. Cuando se vota y se llega a acuerdos, deben respetarse hasta el final.

¿Cuál fue la razón para romper el acuerdo de unanimidad?

Porque voté en contra de casi todos los capítulos -18 de los 22- especialmente los relacionados con tierras, mayor gasto fiscal y la falta de claridad sobre el cierre del proceso. Siempre he dicho que no voy a hipotecar a Chile ni a respaldar algo sin una solución clara y definitiva. Este conflicto ha sido una herida abierta para el Estado, con costos humanos y fiscales enormes. Como no se garantizaba un cierre claro, voté en contra, lo que rompía la unanimidad necesaria para avanzar con el informe.

Hace unos meses valoraba positivamente el proceso y destacaba la disposición para alcanzar un consenso...

Hasta hace poco, estábamos avanzando en las negociaciones con el objetivo de alcanzar la unanimidad, que era el acuerdo que se había establecido tanto internamente como públicamente. Aunque había puntos con los que no estaba completamente de acuerdo, entendía que era parte de una negociación y que ceder en algunos temas era necesario para lograr otros objetivos.

¿Cuál fue el punto de quiebre que lo llevó a cambiar de opinión?

En las últimas semanas surgieron nuevos puntos que no se habían discutido previamente.

¿Cuáles?

Uno de los puntos fue que el tribunal propuesto podría revisar, en cuatro años, la disponibilidad de 200.000 hectáreas para compensar a las comunidades indígenas, sin un cierre claro. Pedí insistentemente que se estableciera una fecha límite, pero no fue aceptado.

Trascendió que otro de los topes era lo relacionado al gasto fiscal...

Faltaban informes clave, como el impacto económico de los US$ 4.000 millones y tampoco tuvimos un informe oficial de Bienes Nacionales, porque en algunos puntos se dice que van a estar disponibles las tierras fiscales. En un contexto económico complicado, no podía aprobar un proceso sin la claridad necesaria sobre el gasto fiscal porque este no es el único problema de Chile. Prioricé la responsabilidad con mi región y el país.

Y otro que tenía que ver con quiénes serían las personas que podrían acceder a la restitución de tierras.

Un capítulo de tierras que voté en contra fue porque se quería agregar dentro de la categoría de pueblos indígenas a un grupo que recibiría derechos que hoy no existen en la ley para poder reclamar tierras. Eso implicaba crear un nuevo derecho solo para que pudieran acceder a compensaciones económicas, algo que actualmente no es posible.

¿Por qué?

Porque era para un grupo de comunidades que no tienen titulación para poder reclamar tierras actualmente por la vía legal. Y se estaba buscando entregarle títulos para poder reclamar finalmente un derecho que hoy no tienen. No corresponde que a un grupo de personas se le entreguen derechos cuando somos todos iguales ante la ley y no hay nadie con privilegios en Chile.

Otro de los puntos de conflicto dentro del documento era el incluir o no la palabra “terrorismo” en la propuesta. ¿Cómo se resolvió?

Al final, se incluyó un punto sobre el terrorismo en el capítulo de reparación a las víctimas, bajo la categoría de “actos terroristas”. Sin embargo, el senador Huenchumilla agregó un asterisco indicando que, aunque estaba de acuerdo con el consenso, tenía algunas reservas. Además, señaló que el tema se revisaría nuevamente cuando se entregara el informe. Así, el tema quedó solo en el capítulo de víctimas, y no se abordó como un hecho importante de lo vivido en la región de La Araucanía.

¿Las aprensiones al contenido del reglamento fueron solo suyas o tuvo presión por sectores agrícolas de la región para rechazar?

Las presiones existen de todos lados, es parte del proceso. Sin embargo, como presidente y representante del sector agrícola de la Provincia de Malleco hablé con cada uno de los involucrados y escuché sus opiniones. Mi voto fue una decisión consciente, alineada con lo que piensan mis bases y la gente de la zona. Vivo en Traiguén, en Malleco, no en Santiago, por lo que mi perspectiva proviene directamente de la realidad local. Converso con la gente a diario y esa es la lógica que guio mi decisión.

Rechazó gran parte de los puntos, pero hubo otros que aprobó. ¿Cuáles fueron esos y por qué los consideró viables?

Voté a favor de la Ley de Reparación a las Víctimas, del desarrollo económico y territorial, y de la creación de un instituto lingüístico para las comunidades indígenas, entre otros. Sin embargo, más del 70% de la comisión se centró exclusivamente en temas indígenas, dejando de lado los problemas reales de desarrollo que afectan a toda La Araucanía. Mi lucha siempre fue que el desarrollo debe beneficiar a todos, no solo a un sector. El capítulo de desarrollo territorial fue uno de los pocos que, aunque extenso y detallado, no recibió el impulso necesario para lograr un verdadero avance.

El resultado de votación fue 7-1. No hubo acuerdo. ¿La comisión fracasó?

La comisión no fracasó, lo que fracasó fue el informe final. Se logró el objetivo de poner la información sobre la mesa: tenemos claridad sobre las hectáreas compradas por el Estado, el monto gastado y los compromisos futuros. Además, se evidenció que la Ley Indígena es deficiente, limitando el desarrollo de las comunidades. La comisión fue un éxito en términos de levantar la información necesaria, lo que ahora nos permite proyectarnos y hacer las modificaciones pertinentes. El informe final fracasó por incluir temas no discutidos previamente y por la forma en que se entregó, pero el trabajo de recopilación de datos es crucial para que futuros legisladores y candidatos presidenciales puedan tomar decisiones informadas.

El informe será entregado de todas formas al Presidente Boric. ¿Cree que las propuestas contribuirán a resolver el conflicto mapuche?

No lo va a resolver. Dado los términos en que terminó el documento, creo que no hay un cierre claro y eso hace que esto se eternice. Hay avances en ciertos puntos, pero no resolverá el conflicto.

Y en caso contrario, ¿cree que puede agudizar el conflicto en la zona, teniendo presente el contexto de violencia durante los últimos días?

Espero que no. Confío en que el gobierno pueda seguir reforzando la seguridad en la región. Es crucial perseguir a los terroristas y delincuentes, mientras se le da al mundo indígena la oportunidad de liberarse de las restricciones y obtener más libertad.