Desde hace 14 días el ordenamiento jurídico chileno cuenta con una nueva ley en plena vigencia. Se trata de la Ley de Seguridad Municipal, la que según la misma regulación, comenzó a operar el pasado 12 de agosto, seis meses después de su promulgación en febrero de este año.

Pese a que la nueva normativa, la que busca regular las operaciones de los inspectores de seguridad municipal, ya está vigente, su puesta en marcha no está completa dado que el Ministerio de Seguridad aún, ni siquiera, ha ingresado los reglamentos necesarios para ponerla en marcha a Contraloría.

Si bien una parte importante de la nueva ley ya está vigente y en plena implementación, parte sustancial de los objetivos que buscaba la regulación aún no podrán implementarse dado la falta de una serie de reglamentos, como por ejemplo, los que regulan los elementos de seguridad para los funcionarios.

Poco antes de dejar el gobierno, la repartición entonces encabezada por la subsecretaria Carolina Leitao ingresó hasta Contraloría uno de los reglamentos. Sin embargo, poco días después de asumir la nueva administración la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert y la ahora exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, retiraron del ente fiscalizar la propuesta apuntando a una falta de diálogo y carencias en la propuesta de sus antecesores.

Pese a eso, la misma normativa, en sus artículos transitorios, establece que Seguridad -a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito- tiene un año para dictar los reglamentos, es decir, hasta febrero del 2027. En paralelo, el mismo ministro tramita en el Senado una ley corta para realizar pequeños cambios a la ley promulgada durante la administración pasada.

De esta manera, la nueva ley que entrega a los inspectores de seguridad municipal un rol de “coadyuvantes” no ha tenido efectos concretos en las labores de seguridad a nivel comunal.

Tanto así que todas las nuevas funciones coadyuvantes que adquieren los inspectores municipales no podrán desplegarse hasta que los reglamentos pasen por la toma de razón de la Contraloría. Esas nuevas funciones son, por ejemplo, colaborar con la policía uniformada en revisar medidas de protección de víctimas de violencia intrafamiliar (VIF), controlar el consumo de alcohol y drogas en la vía pública y colaborar en el control de identidad.

Por ahora, sólo pueden realizar labores autónomas, como lo son la de realizar patrullajes preventivos, dirigir el tránsito, auxiliar víctimas de delitos flagrantes, televigilancia, colaborar rescatando animales, incautar comercio ambulante, entre otras que ya desarrollaban, aunque está normado.

Los reglamentos en espera

Uno de los reglamentos que no ha sido ingresado es el que regula los elementos defensivos y de protección de los funcionarios, la que faculta -entre otras cosas- el uso de pistolas taser.

Por otro lado, también queda pendiente la regulación sobre las capacitaciones del personal municipal, la regulación de los riesgos de las funciones coadyuvantes en los procedimientos policiales y hasta una normativa para la revisión de una de las facultades que permite revisar medidas cautelares y accesorias en casos de violencia intrafamiliar (VIF).

Además de eso, parte de la regulación pendiente también radica en los reglamentos respectos a las plataformas y tratamiento de información de seguridad, así como también respecto a los controles de drogas de quienes realizarán dichas labores. La misma ley, además, estipula que mientras no se publiquen los reglamentos, las labores de coadyuvantes quedarán sujetas a que “las municipalidades se regirán según su normativa interna”.

En caso contrario, lo que ya entró en vigencia, según lo establece la misma ley, es la facultad de los inspectores de seguridad municipal para realizar detenciones en flagrancia, la opción de poder traspasar límites comunales, fiscalizar el comercio ilícito, prestar cobertura en accidentes viales y de emergencia, entre otras.

Otro de los aspectos que pese a la falta de reglamentos también ya está en operación, es el estatus legal, laboral y jurídico para los funcionarios de seguridad. Así como también sobre los consejos comunales de seguridad pública, probidad, incompatibilidades legales de las funciones y para las asociaciones municipales.

Consultados al respecto, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) destacaran que considerando que aún se encuentran dentro de los plazos establecidos por la ley, “estamos trabajando intensamente para contar con ellos lo antes posible”.

En esa línea, desde la repartición de gobierno afirmaron que “hemos desarrollado distintas mesas de trabajo con las asociaciones de municipios del país, porque entendemos la importancia que tiene esta ley para fortalecer el rol coadyuvante de los municipios en materia de seguridad. Entendemos la premura y por eso estamos trabajando a toda marcha. Pero, al mismo tiempo, nuestra prioridad es asegurar una implementación responsable y rigurosa, que entregue certezas y que recoja adecuadamente la realidad y las necesidades de los municipios”-

“El reglamento ya está elaborado y listo para ingresar. Sin embargo, estamos a la espera de la aprobación de la ley corta, que permitirá corregir algunas falencias de la normativa original y asegurar las condiciones necesarias para una adecuada implementación. Queremos que esta nueva normativa no sea solo un cambio legal, sino que entregue herramientas efectivas para fortalecer la prevención, mejorar la capacidad de respuesta y avanzar en mayor seguridad para las comunas de todo el país”, concluyeron.

“Faltan decisiones”

La primera crítica por la entrada en vigencia de la ley vino de parte del alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, quien afirmó que “es legítimo y necesario que el Congreso discuta la reforma constitucional, pero eso no puede paralizar el resto de la agenda. No podemos legislar seguridad a una velocidad y ejecutarla a otra. Tenemos una Ley de Seguridad Municipal vigente que entregó nuevas herramientas para prevenir el delito y varias de ellas todavía no pueden utilizarse plenamente porque faltan decisiones que dependen del propio Estado”.

“Los municipios tenemos que hacer nuestra parte y queremos hacerla, pero necesitamos las orientaciones que permitan implementar correctamente estas facultades. No tiene sentido entregar nuevas herramientas por ley si después quienes tenemos que aplicarlas seguimos esperando las condiciones necesarias para hacerlo”, agregó.

El exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, actual asesor de la Asociación Chilena de Municipalidades y director del Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal del mismo gremio, explica que “si bien es cierto la ley esta promulgada y entró en vigencia el 12 de agosto, esto aplica principalmente a las funciones autónomas, tal como se venían haciendo, quedando aquellas coadyuvantes sujetas a la publicación del reglamento por parte del ejecutivo, situación que está a la espera de la tramitación de la ley que permitiría aumentar la transitorias para la implementación de la seguridad municipal”.

“La Asociación Chilena de Municipalidades a trabajado junto a la SPD en transmitir este proceso (...) En lo práctico las municipalidades siguen cumpliendo labores preventivas y patrullajes mixtos con Carabineros, desplegados en los territorios para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, señaló Yáñez.