Sequía histórica: 53% de comunas están bajo decreto de escasez hídrica

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Aculeo fue una laguna ubicada en la comuna de Paine, provincia de Maipo, Región Metropolitana, Chile. Su desaparición total se produjo el 9 de mayo de 2018. Foto: Juan Pablo Carmona

Este mes, 184 municipios llegaron a ser declarados con falta extrema de agua, concentrando al 47% de la población. El escenario es desalentador. Según el último Informe Hídrico de la Dirección General de Aguas (DGA), la falta de lluvia en grandes ciudades llega al 98% de déficit en comparación a años normales, mientras pequeños poblados agrícolas se acostumbran a vivir con racionamientos. Si no existe una política global, dicen los expertos, Chile enfrentará graves conflictos los próximos cinco años.


Chile se está secando. Así lo anuncian las principales mediciones hidrográficas, que grafican cómo la privación de agua se extiende por todo el territorio. Actualmente, 184 comunas tienen decretos de escasez hídrica, repartidas desde Atacama a Los Lagos, y 8 millones 250 mil personas viven con racionamiento.

2021 cierra como uno de los años más secos en la historia del país: registró un déficit de precipitaciones de más de un 50%, una reducción en el agua de embalses, hoy llenos hasta el 45% de su capacidad total de almacenamiento, o la significativa disminución de los caudales en los principales ríos del país.

Bien lo sabe Udo Berner (74), ingeniero dedicado desde 2001 a la crianza de ganado y la producción de leche. Desde su fundo Línea Nueva, ubicado en el kilómetro 21,6 del camino que une Tepual con Los Muermos, en la Región de Los Lagos, ha visto cómo año a año cae menos lluvia en su zona, complicando la producción agrícola.

“Desde 2003 que se vienen viviendo sequías en la zona y cada vez es más crítico. Se ha sufrido mucho la muerte de animales porque no tenían qué beber. Antes, producía más de 50 mil litros de leche al año, pero ahora apenas llego a los 34 mil”, explica. Su fundo se extiende por 100 hectáreas, que se alimentan de agua de tres pozos cada vez más profundos, pues las napas subterráneas, dice, se están vaciando.

Udo Berner, ganadero de Los Lagos que sufre con la sequía.

Los Muermos es una comuna verde, rodeada de naturaleza, pero esa imagen bucólica parece solo una fachada. Aunque Berner cuenta aún con su propia agua, muchas personas deben soportar la primavera y el verano con el agua potable que la municipalidad entrega en camiones aljibes. “Ya se hizo habitual. La gente aquí tiene que arreglárselas con el racionamiento, porque el agua no alcanza. Y es evidente, lo veo en un río (La Paloma) que colinda con mi fundo, que durante los veranos apenas trae un hilo de agua, cuando normalmente podía tener hasta cuatro metros de profundidad en su caudal”, relata.

223 kilómetros al norte, en Valdivia, la situación es la misma. La ciudad capital de Los Ríos, aunque conocida por sus largos meses de lluvia, sufre desde hace años la falta de agua. Por eso, agradecieron que el pasado 30 de noviembre se les decretara a ellos y a otras 11 comunas en escasez hídrica. “Llevamos años abasteciendo a localidades rurales de la comuna con camiones aljibe. En Niebla, tenemos capacidad para abastecer a 200 familias, pero hay una solicitud para 500 hogares”, relata Carla Amtmann (RD), la alcaldesa valdiviana.

En la comuna, además de la falta de precipitaciones, existe un problema de distribución del agua. “Cuando recién asumí, paramos seis proyectos de loteo en zonas rurales, porque ponían en peligro las reservas de aguas de napas subterráneas”, recuerda la autoridad comunal.

Amtmann detalla que actualmente 101 familias se abastecen solo de agua potable por camiones aljibe, recibiendo en promedio 51 litros de agua semanales per cápita, muy por debajo del promedio mundial de consumo.

Aunque el año pasado el consumo humano de agua diario a nivel nacional se redujo en casi 10 litros, llegando a 161 diarios, ese promedio es desigual. ”Mientras algunas comunas tienen un consumo muy por debajo del promedio mundial por el racionamiento y la sequía, otras lo cuadriplican”, advierte Evangelina Dardeti, investigadora del CEP.

Nieves y glaciares

Matías Asun, director de Greenpeace para Chile, plantea que a la ausencia de lluvias -una de las consecuencias más visibles-, se suma un problema en la cordillera de Los Andes: “La crisis climática se expresa en Chile fundamentalmente en un déficit de precipitaciones, ya sean lluvias o caída de nieve”. Nieve fundamental para el ciclo hídrico de cada una de las 101 cuencas del país y que, lentamente, está comenzando a derretirse. “Esa nieve alimenta campos de nieve, penetra al interior de la tierra cargando napas subterráneas y se compacta en la zona de acumulación de glaciares, para que estos se recarguen”, explica.

Según la Estrategia Nacional de Glaciares, Chile cuenta con una de las mayores y más diversas reservas a nivel mundial, con el 3,8% del área total del planeta (excluyendo a la Antártica y Groenlandia) en su territorio. En 2016, esto se traducía en un volumen de 3.532 km3 de agua congelada y un total de 24.114 glaciares en el país.

La mayoría de estas reservas vitales, sin embargo, se encuentra retrocediendo abruptamente. “Destacan los retrocesos de Chile central y de los volcanes con hielo de la zona centro sur. En la zona sur y austral (patagonia) se han detectado los mayores retrocesos, pero algunos deben ser considerados anomalías respecto a la incidencia de cambios climáticos”, estableció la DGA en 2011. Diez años más tarde, ese retroceso es aún mayor.

Un estudio de mayo de 2021 realizado por los departamentos de Geología e Ingeniería Civil de la Universidad de Chile y el Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC), demostró que hasta el año pasado los glaciares de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins estaban cada vez más expuestos a procesos de pérdida de masa, ya que sus hielos se están oscureciendo, propiciando la absorción de la radiación solar, lo que se conoce como efecto de albedo.

“Encontramos tendencias negativas y estadísticamente significativas en el albedo del hielo de los glaciares, de hasta -0,03 por década, una tendencia que tendría serias implicaciones para la seguridad hídrica futura de la región, porque el deshielo de los glaciares actúa para amortiguar la escasez de caudal en condiciones de sequía severa”, concluye el estudio, que analizó la variación durante los últimos 30 años.

Es por esto que, pese a la falta de lluvias, se registró en octubre un aumento de 48,6% en la cantidad de agua depositada en los embalses del país, en comparación a la misma fecha del año pasado. El deshielo, producido principalmente entre los 3.500 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, es el afluente que mantiene con agua al país.

“Los glaciares tienen varias capas, no solo las blancas. También acumulan material detrítico (N. de R.: resultado de la descomposición de las rocas y materiales sólidos) que forman capas más oscuras. Entonces, cuando las capas superiores se van derritiendo por las sequías, también aumenta la absorción de calor del glaciar”, explica Roxana Bórquez, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2).

Hoy, la protección de cientos de glaciares está supeditada solo a una evaluación de impacto ambiental. Para Bórquez, la desprotección que atraviesan hoy estas masas de agua sólida, sin ser siquiera considerados como recurso hídrico en el Código de Aguas, es un problema que tendrá consecuencias muy pronto.

Medidas paliativas

“Tenemos una crisis de proporciones mayúsculas, que afecta a la zona centro norte y centro sur del país, donde se concentra el 80% de los chilenos”, dice el titular del MOP, Alfredo Moreno.

Lo complejo es que -dicen los expertos consultados- las políticas hídricas en Chile hasta ahora han otorgado soluciones momentáneas. Mientras el Presidente Sebastián Piñera entregó en agosto una serie de bonos y medidas para paliar la sequía en la industria agrícola, la reforma al Código de Aguas, creado en 1981, está en debate en una comisión mixta del Congreso tras 10 años de tramitación.

Y aunque en él se establece que el agua es un bien de uso público, sus derechos de aprovechamiento pueden ser otorgados por distintas vías, propiciando un escenario fragmentado, donde muchas partes (56 organismos del Estado, según Escenarios Hídricos 2030) toman decisiones frente a un mismo tema. La DGA es el principal regulador, pero toman decisiones muchos más.

“La carencia de autonomía técnica, financiera y política es un punto clave, pues impide diseñar y ejecutar una planificación hídrica de largo plazo, pues todo está fuertemente supeditado a los cambios de gobierno y a las definiciones y lineamientos que cada uno vaya dando en la materia, sin posibilidades de seguir una hoja de ruta que impulse una visión hídrica integrada y sostenible”, plantean los abogados Daniela Rivera y Guillermo Donoso. profesores del Centro de Derecho y Gestión de obras Aguas UC.

El propio ministro Moreno ha liderado desde 2019 la Mesa Central del Agua, organismo que reúne a políticos con encargados de riego, representantes de la minería, de los canalistas o agricultura. Eso sí, en esta mesa no se sientan los representantes de las comunidades sin agua.

De ella han surgido varias propuestas, como proteger acuíferos y comenzar la medición de aguas, para finalmente responder una pregunta que hoy urge: ¿Cuánta agua realmente tiene Chile?. “Esto no se puede resolver con ideas generales, se requiere de información, un análisis científico de qué es lo que está sucediendo y eso estamos realizando. Además, hemos puesto sobre la mesa la realidad que hay y, entre todos, decidir lo que haremos”, dice Moreno.

Pese a la urgencia, para que estas reformas se hagan efectivas se necesita la aprobación de la ley que actualiza el Código de Aguas y la que crea el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, una propuesta que la Cámara de Diputados había hecho en 2015 a la Presidenta Michelle Bachelet, pero no prosperó.

¿Se puede revertir?

La iniciativa Escenarios Hídricos 2030, coordinada por la Fundación Chile, Fundación Futuro Latinoamericano y Fundación Avina, ha trabajado con 370 organizaciones públicas y privadas, para pensar y plantear la hoja de ruta que el país debería tomar para avanzar a la transición hídrica. “Lo que planteamos es que exista una institucionalidad descentralizada, donde se mire el problema desde todos los puntos de vista”, explica Ulrike Broschek, subgerenta de sustentabilidad de la Fundación Chile.

“Buscamos la creación de una política de organismos de cuenca, que son sistemas de gobernanza sobre el recurso hídrico con la participación de los distintos usuarios de las comunidades y sectores productivos, que ayudarían a coordinar mejor la toma de decisiones en los territorios, trabajando en paralelo cada cuenca y no con un poder central tomando las decisiones”, añade.

Pero también hay otros proyectos. La corporación Reguemos Chile -cuyo presidente es Juan Sutil, líder de la Confederación de la Producción y el Comercio- empuja la creación de una carretera hídrica, un acueducto que trasladaría el agua desde el sur al norte del país. “El proyecto busca captar las aguas de los afluentes que durante marzo a septiembre u octubre se acumulan y no se utilizan, para dar solución principalmente a la escasez hídrica rural”, comenta Maximiliano Letelier, vicepresidente de Reguemos Chile.

Su plan tendría su primera etapa entre las regiones del Biobío y O’Higgins, con tuberías que se extenderían por 900 kilómetros. La construcción duraría 10 años, con un costo de US$6 mil millones. Sin embargo, pone en riesgo las reservas de agua de las zonas de extracción, advierte Escenarios Hídricos 2030.

El otro megaproyecto es el que impulsa el francés Félix Bogliolo Melendo: una carretera hídrica construida en el mar que transportaría agua desde las desembocaduras de los ríos Biobío y Maule, hasta Copiapó. En total, serían 1.350 kilómetros para regar 112.541 hectáreas, según el estudio de la Comisión Nacional de Riego. Su valor bordearía los US$ 8 mil millones.

En la minería, se está desarrollando fuertemente el tratamiento de las aguas de mar con desaladoras. Actualmente, hay 15 proyectos en carpeta sobre nuevas plantas, que esperan cubrir un 68% del consumo de esta industria. Sin embargo, recién estarán operando en 2028. El gran problema, es el impacto ambiental que producen, pues aumentan la cantidad de sal del ecosistema donde se realiza la extracción.

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