Supremos piden pleno extraordinario para analizar remoción de jueces de Rancagua

Un grupo de ministros de la Corte Suprema pertenecientes a la Tercera Sala Constitucional, liderados por Sergio Muñoz y con el apoyo de los magistrados Carlos Aránguiz, María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco, solicitaron realizar, a las 8.30 de este miércoles un pleno extraordinario. En la instancia se planteará la expulsión del Poder Judicial de los tres jueces de Rancagua que están siendo investigados por presuntas irregularidades en la tramitación de sus causas.

La citación para este pleno fue cursada por el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, y los ministros convocantes propondrán que se expulse de oficio a los magistrados investigados. Estos son Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez, todos actualmente suspendidos y miembros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Los supremos, señalan fuentes judiciales, invocarán el inciso tercero del Artículo 80 de la Constitución. Este plantea que "la Corte Suprema, por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento".

En la judicatura se estima que esta vía sería más expedita que el camino que actualmente lleva la Corte Suprema, en que se instruyó a la ministra Rosa María Maggi realizar una investigación administrativa para aclarar las eventuales responsabilidades de los jueces. Estos ya presentaron sus descargos ante Maggi, en que descartaron irregularidades y presentaron testigos para que se les tome declaración.

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La presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, concurrió este martes hasta el Ministerio Público de la Región de O'Higgins.

La visita de Manaud responde a la pugna entre el organismo y la Fiscalía Regional de O'Higgins por los antecedentes en el caso. En el consejo reclaman que falta información que les sea remitida, y por el lado del ente persecutor señalaron que el 26 de marzo les proporcionaron todos los datos necesarios para que pudieran hacerse parte.

En medio de esta disputa llegó la presidenta del CDE a Rancagua para entrevistarse con el fiscal regional Emiliano Arias, previa solicitud de intervención al fiscal nacional, Jorge Abbott.

En la cita, Manaud y Arias comprometieron el traspaso de nueva información desde el Ministerio Público, para que el CDE analice estos antecedentes y pueda resolver una eventual querella. Sin embargo, una vez finalizada la reunión, Manaud advirtió que, a su parecer, el caso debería salir de Rancagua.

"Creo que lo más aconsejable, incluso para la fiscalía, sería que la causa se conduzca desde Santiago", lanzó la presidenta del CDE, quien antes había manifestado que en el caso de su institución, serán abogados de la Región Metropolitana los que verían el caso y no los representantes que están en O'Higgins.

Este último punto respondería a que los abogados del CDE que están en Rancagua han tramitado causas en las salas que en algún momento integraron los jueces suspendidos.

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La situación más comprometedora la tendría la jefa del equipo en Rancagua, la abogada procuradora fiscal (APF) Lya Hald Ramírez.

Según Manaud, esta se inhabilitó, pues existe "una relación de amistad con un ministro de apellido Albornoz (Marcelo), en el caso de la APF (Lya Hald). En el caso del abogado (Guillermo Lara), no recuerdo".

Sobre la reunión con Arias, la presidenta del CDE señaló que "vine a coordinar con el fiscal regional la entrega de antecedentes y a tratar de superar las dificultades que se habían producido hasta ahora, porque no habíamos contado con toda la información necesaria como para poder resolver presentar una querella en este caso, que es tan importante y de tanta trascendencia". Agregó que Arias se comprometió a entregarle todos los antecedentes el lunes.