Fiscalía vs. CDE: la desconocida pugna en el “desastre de Rancagua” judicial

La Corte de Apelaciones de Rancagua deberá sesionar con tres ministros suplentes, quienes reemplazarán, al menos por cuatro meses, a los jueces suspendidos.

El Ministerio Público ha entregado una serie de antecedentes al organismo encargado de velar por los intereses del Fisco. Sin embargo, este último aún no ha decido si se querellará en la causa.


Un nuevo foco de tensión se vive hoy en el nuevo caso de presunta corrupción que golpea a Rancagua. Así lo señalaron distintas fuentes de la causa, en la que la Fiscalía Regional de O’Higgins investiga a dos jueces de la Corte de Apelaciones de la VI Región, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez. Además, en paralelo, la ministra instructora de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, indaga a estos dos magistrados y a un tercero, Marcelo Albornoz.

El caso, donde se pesquisan distintas actuaciones de los ministros para, supuestamente, favorecer a cercanos y amigos, hoy atraviesa una etapa de definiciones. Esto, ya que la próxima semana el fiscal Sergio Moya formalizará a Elgueta. En esta audiencia, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) no podrá intervenir como querellante… por ahora.

El organismo, encargado de velar por los intereses del Fisco, aún no se querella en la causa, lo que ha generado un choque de posiciones entre el CDE y el Ministerio Público. Por una parte, fuentes ligadas a la causa manifestaron que el consejo aún no cuenta con los antecedentes necesarios para poder ejercer una acción penal en la investigación.

Sin embargo, desde el ente persecutor la mirada es otra. Fue el 21 de marzo cuando el fiscal Moya se reunió con dos abogados del CDE en Rancagua para entregarles las copias de la investigación, la cual estaría agrupada en tres tomos, a los cuales los funcionarios del consejo tuvieron acceso, salvo las piezas secretas de la investigación. Estas últimas solo son entregadas a querellantes.

Además, la fiscalía entregó a los abogados de la entidad las autorizaciones de alzamiento de secreto bancario del imputado Elgueta, en las cuales se resume gran parte de la causa y sus antecedentes. La suma de todos estos datos, señalan fuentes del Ministerio Público, serían suficientes para que el CDE presente acciones legales.

El fiscal del caso, Sergio Moya, explicó que “yo me reuní con los abogados del CDE, Guillermo Lara y Carlos Chacón acá en Rancagua. En una presentación les expliqué los antecedentes de la causa e incluso les di cuenta de los movimientos bancarios del señor Elgueta, como también los tráficos telefónicos autorizados por el Juzgado de Garantía”.

El persecutor agregó que “incluso les dije que yo no tenía problema en ir a exponer el caso al comité penal del Consejo, quedaron en darme una respuesta, la cual hasta el día de hoy no recibo”.

No obstante, esta información no bastaría para el organismo estatal. Ello, a pesar de que hace cerca de dos semanas el tema fue conversado en el consejo pleno del organismo, donde los abogados del Comité Penal expusieron cuáles eran los antecedentes que tenía sobre el caso. Sin embargo, no se tomó ninguna decisión de eventuales acciones futuras en la causa.

Al interior del CDE señalan que aún se encuentran revisando los alcances de la causa y evaluando si revisten o no caracteres de delito. De todas maneras, en el caso que el Comité Penal, integrado por los abogados Daniel Martorell, María Inés Horvitz y María Eugenia Manaud (presidenta del organismo), tomen una decisión, esta será elevada al consejo pleno de la institución.

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