Tres ex PDI quedaron con prisión preventiva por haber sustraído parte de un botín recuperado

audiencia Centro de Justicia

En audiencia de formalización, el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, les imputó los cargos de malversación de caudales privados, falsificación de informe policial y obstrucción a la investigación, aunque el juez Héctor Benavides Silva desestimó ese último cargo. Se dio plazo de 120 días para la investigación y los funcionarios cumplirán la medida cautelar en un cuartel de la policía civil.




Esta tarde, tras una audiencia vía Zoom, quedaron con prisión preventiva los tres exfuncionarios de la PDI -cuya identificación y rostros se mantienen guardados por el magistrado Héctor Benavides Silva, por ser causa reservada-, quienes fueron detenidos y pasados a audiencia de control de detención. Esto, debido a que se les acusa de haberse quedado con parte de un botín recuperado tras un asalto al banco Bice de Las Condes, el pasado 10 de julio.

El fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los formalizó por los cargos de malversación de caudales privados, falsificación de informe policial y obstrucción a la investigación.

En concreto, Baeza los acusó de haber sustraído parte de los 20 millones que requisaron tras haber detenido al autor del robo. Los funcionarios -un subcomisario y dos inspectores- habrían sustraído 10 millones, los que repartieron en partes iguales. Además habrían adulterado el informe señalando que se incautaron 10 millones, cuando incautaron 20.

"Obstaculizaron gravemente el esclarecimiento del hecho ", señaló Baeza. Uno de los exfuncionarios de la PDI confesó el hecho a la fiscalía y acusó a los otros dos miembros.

El Ministerio Público pidió prisión preventiva, y los abogados representantes del Consejo de defensa del Estado y del Banco Bice adhirieron a esta solicitud. La defensa de cada uno de los imputados se opuso a esta medida y propuso otras medidas cautelares, como reclusión nocturna y arraigo nacional.

Ante eso, el juez Benavides Silva, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, decretó prisión preventiva en base a los antecedentes entregados por la fiscalía. Aunque el sentenciador desestimó el cargo de obstrucción a la investigación. Según agregó, por su condición de funcionarios públicos arriesgan un mínimo de 10 años y un día de cárcel.

Los funcionarios cumplirán la medida cautelar en un cuartel de la PDI. Se dio plazo de 120 días para la investigación.

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