“Un engaño con millones de chilenos”: Bancada de diputados RN critica plan de seguridad del gobierno y dice que algunos de los anuncios ya son ley

Los parlamentarios de Renovación Nacional señalaron que algunos de los anuncios realizados por la actual administración son modificaciones legales del gobierno anterior que habían sido rechazadas en el Congreso por quienes hoy están en La Moneda. "Establecerlas como propuestas a materializar constituye un desconocimiento inaceptable", señalaron en un comunicado.




“Con decepción y preocupación hemos tomado conocimiento de los aspectos centrales de lo que será el Plan Nacional de Seguridad Pública del gobierno para los próximos cuatro años”.

Así reaccionó la bancada de diputados de Renovación Nacional al plan de seguridad anunciado ayer por el gobierno en Arica y que está contemplado para el período 2022-2026.

El plan cuenta con más de 30 medidas con foco en la prevención del delito, persecución del crimen organizado, el acompañamiento a víctimas de delitos, control de armas, fortalecimiento del rol municipal y la recuperación de espacios públicos.

Los parlamentarios de RN señalaron que algunos de los anuncios realizados por la actual administración son modificaciones legales del gobierno anterior que habían sido rechazadas en el Congreso por quienes hoy están en La Moneda. Además, sostuvieron que otras ya son ley en el país. De esta forma, señalaron que eran “un engaño con millones de chilenos”.

“Basta estudiar los anuncios realizados por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para constatar que hay en los mismos una reiteración de modificaciones administrativas y/o legales que habían sido propuestas por el gobierno anterior, y que, particularmente en su trámite legislativo, encontraron muchas veces dura oposición por parte de quienes hoy las plantean como una solución a la grave crisis de seguridad ciudadana que atraviesa nuestro país”, se afirma en un comunicado.

En ese sentido, los diputados RN ejemplifican que “las modificaciones a la Ley de Control de Armas que se proponen se encuentran plenamente vigentes luego de la publicación de la ley Nº21.412, particularmente mediante indicaciones que ingresara el gobierno anterior en su segundo trámite constitucional en el Senado”.

En ese sentido, continúan: “Anuncios relevantes como la trazabilidad de las armas o la creación de un registro de armas del Estado son cuestiones que son Ley de la República a partir de las últimas modificaciones y que hoy solo requieren para su entrada en vigencia de la dictación de los reglamentos requeridos. Asimismo, el fortalecimiento de las facultades de fiscalizadoras de la autoridad contralora en materia de armas, y el aumento de los requisitos para su posesión y tenencia son cuestiones discutidas y consagradas en la propia ley Nº21.412, por lo que establecerlas como propuestas a materializar constituye un desconocimiento inaceptable o un engaño con millones de chilenos que esperan respuestas serias y contundentes para hacer frente a la delincuencia, la que es sindicada por todos los estudios de opinión como el mayor flagelo”.

“Inconsecuencia de una coalición”

Con todo, en el comunicado se afirma que hay “inconsecuencia” en el oficialismo respecto a seguridad. “La anunciada ‘Política Nacional contra del Crimen Organizado’ luce como un titular que busca satisfacer a la opinión pública, pero deja a la vista la inconsecuencia de una coalición que permanentemente ha torpedeado las iniciativas en contra del crimen organizado, bajo el pretexto del reproche al “populismo penal” o de un garantismo mal entendido”.

Para argumentar este punto, se afirma que “basta revisar lo que ha sido el compromiso del actual gobierno con la iniciativa ingresada por su predecesor que incorporaba en nuestra legislación una serie de investigativas y la reformulación de los tipos penales de criminalidad organizada que buscan dar adecuada sanción a estas conductas. En concreto, el boletín Nº 13982-25, que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, recibió más de 20 urgencias para su despacho, contrastando con la nula disposición del Presidente Gabriel Boric por impulsarlo, a pesar que funcionarios de su gobierno lo sindican como una prioridad”.

“No se nos presenta una agenda legislativa robusta acorde a la magnitud del problema, sino tan sólo unas cuantas propuestas, todas las cuales fueron abordadas por la administración anterior, con excepción de las modificaciones a la Ley de Seguridad Privada, cuya tramitación apoyaremos de manera entusiasta”, se expresa en la comunicación.

Por otro lado, el gobierno anunció que se creará el servicio integral de apoyo a víctimas de delitos, se ampliará el número de centros de atención para ellas y se expandirán los servicios a las víctimas de violencia intrafamiliar.

Sobre esto, los parlamentarios de oposición sostuvieron: “El fortalecimiento del programa ya existente de “Apoyo a Víctimas” de la Subsecretaría de Prevención del Delito parece desconocer del todo la realidad de la discusión legislativa de los últimos años, en la que se busca derechamente la creación de un servicio nacional que se haga cargo de apoyar integralmente a las víctimas del delito”.

Eso sí, destacaron los anuncios “en materia de prevención comunal”, sin embargo, a renglón seguido, agregan que “carecerán de todo valor si no son acompañados de los recursos suficientes para evitar que, tal como ocurrió en otras materias, la seguridad ciudadana termine siendo una responsabilidad más de la cual se desliga el gobierno central en desmedro de los municipios por su complejidad política”.

Por último, en el texto se afirma que “no hay política o plan de seguridad pública que pueda tener éxito si persisten los complejos con el orden y la seguridad pública que han acompañado a amplios sectores del oficialismo por décadas”.

Las inconsistencias que quedan a la vista luego de la presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública no son si no una proyección del compromiso que mostraron durante los cuatro años que fueron oposición y que permitió el fortalecimiento de estructuras delictuales, junto con un decaimiento de la autoridad policial. Esto último es esencial, ya que no habrá política preventiva que pueda tener éxito si no hay muestras concretas de confianza por parte del gobierno y del oficialismo hacia el accionar de Carabineros de Chile, institución que por años ha sido atacada de manera irresponsable y arbitraria por quienes hoy detentan el gobierno. Ahí están los frutos”.

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