Vicepresidente de la Convención dice que es “razonable” escuchar a jueces pero que decisiones finales (...) las tendrán los convencionales”

Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional. Foto: Agencia Uno.

Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional. Foto: Agencia/Uno.

"Los ministros de la Corte Suprema están diciendo básicamente yo no quiero que me expongan cada 10 años a una revaluación, quiero seguir hasta los 75 años, están opinando de su propio cargo de trabajo y condiciones laborales y tienen algunos argumentos, hay que desdramatizar esta discusión", señaló Gaspar Domínguez. Asimismo agregó que las decisiones finales del órgano pasarán por "el pleno y la ratificación por la ciudadanía en el plebiscito".




Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional (CC), se refirió este miércoles a la polémica que se instaló luego de que la Corte Suprema saliera a enfrentar la norma -aprobada en general por la Convención Constitucional- que busca reducir la duración de los jueces: entre 10 a 15 años para los supremos y de ocho años para los ministros de corte y de tribunales inferiores.

La iniciativa generó molestia en los supremos y el martes escaló la tensión luego de que el pleno saliera a criticar la iniciativa. Los magistrados, además, enviaron un correo de los 155 convencionales defendiendo la independencia de los jueces y el principio de inamovilidad de los magistrados.

Esa misma jornada, cinco constituyentes salieron criticar la reacción de los magistrados, acusando que ha sido “uno de los peores ataques” a la autonomía del órgano.

Esta, mañana, la presidenta del órgano constitucional, María Elisa Quinteros, señaló respecto de si la acción del Poder Judicial dañaba o ponía en riesgo la autonomía de la convención que “no creo que esté en riesgo, todos los poderes del Estado han reafirmado la autonomía de esta Convención Constituyente. Así como nosotros respetamos la autonomía también de los demás poderes”, respondió tras firmar junto al ministro de Justicia, Hernán Larraín, un convenio para permitir la participación de personas privadas de libertad en el proceso de redacción de una nueva Carta Magna.

Así también, aseguró que “desde la Presidencia (de la Convención Constitucional) nos parece positivo que cualquier actor de la sociedad presente su moción, pueda dar insumos a las distintas comisiones, al igual que lo hacen todas las personas en este país. Valoramos y respetamos la autonomía de los poderes y, por supuesto, esta Convención es autónoma y se van a dar los proceso de conversación”.

Por su parte, Domínguez -en conversación con Radio Agricultura-, señaló este miércoles que le parecía legítimo que la Corte Suprema manifieste su posición y opinión respecto a la elección de ellos mismos, “entendiendo que es un proceso ciudadano amplio de deliberación y discusión, yo diría que la voz de los jueces y los ministros de la Corte Suprema, es una voz más dentro de la discusión puesto que son personas con vasta trayectoria y es razonable escucharlos”.

Pero que “lo más importante es precisar y dejar en claro que las decisiones finales de esta discusión las tendrán los propios convencionales de esa comisión, luego el pleno y la ratificación por la ciudadanía en el plebiscito. Las otras voces que llegan de otros poderes u organizaciones son voces dentro de la participación, pero no definen cuál va a ser la resolución que se tome”.

Respecto a la reacción de algunos convencionales calificando como intromisión la ofensiva de los supremos, Domínguez aseguró que “los ministros de la Corte Suprema básicamente están diciendo yo no quiero que me expongan cada 10 años a una revaluación, quiero seguir hasta los 75 años, están opinando de su propio cargo de trabajo y condiciones laborales y tienen algunos argumentos, hay que desdramatizar esta discusión”.

Por último, enfatizó en que “no hay veto a ninguna institución ni organización, pero siempre manteniendo la precisión de independencia, los jueces, magistrados de la Corte Suprema, senadores, diputados (...) por ningún motivo tienen la atribución de poder generar sanciones o mandatos o ningún otro tipo de acto administrativo a la deliberación de la Convención Constitucional”.

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