Observatorio Fiscal alerta por municipios con alta tasa de contratos directos

Disminuir la cantidad de negocios que realizan los municipios a puertas cerradas, o con participantes únicos, es uno de los objetivos de transparencia que se impuso desde 2016 el Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, organización sin fines de lucro que tras dos años de análisis detectó un comportamiento anómalo en las compras en el Mercado Público de los gobiernos locales.

La principal alarma, plantearon en la institución, es el elevado número de tratos directos que realizan las municipalidades con agentes privados, esto, en vez de utilizar la vía establecida por la legislación nacional y la comparada, que es la licitación pública.

Así, centrándose en 2017, el Observatorio Fiscal alertó que las 342 municipalidades del país ejecutaron contratos con privados por $1,16 billones (en torno a US$ 1.793,6 millones con el tipo de cambio promedio del año), donde si bien 66% del total se realizó a través de licitaciones públicas, 11% del total ($ 127.400,9 millones), se realizó mediante tratos directos.

En este sentido, la sospecha del Observatorio radica en que esta es "una modalidad que es excepcional y tiene que estar fundamentada", como explicó José Mora, investigador de la organización, agregando que "la alta utilización de esta modalidad por parte de algunos municipios da mucho espacio para que existan malas prácticas en la asignación de las compras". Explicó que "como en este tipo de transacciones no existe competencia -o si la hay es muy baja-, un 11% es una cantidad relevante en el universo total revisado".

Más aún, Jeannette von Wolfersdorff, directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal, sostuvo que "llama la atención que haya municipios con tratos directos de altos montos, sumado al hecho que hay gobiernos locales que en múltiples años compran más del 20% de sus compras vía trato directo, lo que nos parece una política que podría facilitar prácticas ilícitas".

Para 2017, la mirada de von Wolfersdorff, apuntó directamente a 20 municipalidades en Chile, cuya proporción de compras mediante trato directo superó el 30% de sus compras, como es el caso de Tomé, de la región de Bobío, que arrojó $ 1.392 millones en contratos directos, un 33% del total. En el punto más alto, en tanto, se ubicó la Municipalidad de Tierra Amarilla, de la región de Atacama, que destinó $ 1.953 millones a compras públicas con trato directo, un 69% del total (ver infografía).

De todas maneras, cabe destacar que 178 municipios se ubicaron bajo el promedio nacional de contratos con trato directo, con el único caso de Ollagüe, Antofagasta, que no utilizó esta modalidad.

Con todo, en el Observatorio Fiscal destacaron especialmente el caso de las comunas en la Región Metropolitana que tuvieron altos porcentajes de contratos directos, considerando que no existe escasez de proveedores, por lo que una programación adecuada de las compras públicas permitirían una mayor competencia, tal como lo recomienda la OCDE en su informe de "Prevención de la Corrupción en los Negocios Públicos".

Encendió las alarmas, en este sentido, el alto nivel de contrataciones directas que anotó la municipalidad de Estación Central, encabezada por el edil Rodrigo Delgado Mocarquer, ya que en 2017 el 67% de los pagos fueron por trato directo, sumando $ 2.274 millones. En el detalle, se observó que la mayor parte de este monto se realizó en una sola orden de compra, la construcción del Centro Cultural de Estación Central, a cargo de Tapusa S.A., cuyo adjudicación por trato directo llegó a $ 1.503,3 millones.

En el caso de esta municipalidad, también destacó el trato directo para llevar adelante "Servicios Actividades Deportivas y Culturales", a cargo de la Fundación Ganamos Todos, que se adjudicó el pago de $ 63.551.148. En orden de relevancia, el tercer contrato directo con Mascotas Inmuvet Ltda., para el control de la población de palomas, por $ 52.744.653.

En tanto, la contratación del servicio de recolección y transporte de residuos fue la principal contratación directa en las municipalidades de Cerro Navia, Recoleta y Macul, asociado a las empresas proveedoras Demarco S.A., Servitrans y Vicmar S.A., respectivamente.

Frente a la situación, la directora del Observatorio Fiscal, rescató que este "no es un problema generalizado, pero sí hay varios casos extraños que debieran ser, al menos, fiscalizados por Contraloría o los organismos de control locales".

Además, von Wolfersdorff criticó que "desde la ciudadanía ni se sabe si están siendo fiscalizadas, porque la Contraloría no dispone de datos abiertos para revisar de manera fácil cuales transacciones municipales han sido fiscalizadas".

Adicionalmente, remarcó que "el anonimato de los propietarios finales de las personas jurídicas encubre e incluso podría hasta facilitar la corrupción, la evasión de impuestos y del lavado de dinero, entre otros delitos, siendo especialmente riesgoso en las compras públicas, y vale especialmente para compras grandes y los tratos directos".

De esta manera, la directora del Observatorio hizo un llamado explícito a las autoridades, de manera de crear un "registro en línea de los dueños de empresas", lo que permitiría "saber quiénes son las personas naturales detrás de las compras al Estado, lo que lleva a avanzar en esta materia a nivel legislativo".