Para Alejandro Espinoza las últimas semanas han sido ajetreadas. El 6 de enero acompañó al senador Fulvio Rossi (PS) a comparecer ante el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, en el caso SQM. Luego, el 11 de enero hizo lo mismo con el ex senador Pablo Longueira (UDI), quien compareció ante la fiscalía regional Oriente, por el caso Penta. En ambas ocasiones los políticos guardaron silencio. A esto se suma que el mismo día la fiscalía pidió audiencia para formalizar por delitos tributarios al ex senador Carlos Ominami (PS), a quien también defiende Espinoza. Pese a su ocupada agenda, el abogado hizo una pausa y conversó con La Tercera. 

¿Cómo compatibiliza ser abogado de políticos imputados en el mismo caso, que además son de coaliciones opuestas?

Creo que no hay nada que compatibilizar porque en todos estos casos las defensas son técnicas y jurídicas, de manera tal que los aspectos políticos no tienen relevancia, al menos, en las decisiones jurídicas que se toman.

Independiente de que sean de partidos políticos distintos ¿podría haber una incompatibilidad de defensa al representar a varios imputados de un mismo caso?

Hasta el minuto nunca se ha configurado ese conflicto y si se produjera en un futuro, tendría que abandonar alguna de las defensas.

¿Cree que la fiscalía está capacitada para llevar adelante este tipo de investigaciones complejas, por el tipo de delitos y la cantidad de intervinientes e imputados involucrados?

Tengo la impresión de que se ha construido un mito respecto a la complejidad de estas causas. El Ministerio Público puede obtener los antecedentes a través del Servicio de Impuestos Internos (SII), u otros organismos públicos como la Unidad de Análisis Financiero. No creo que estas causas sean de especial complejidad frente a otras causas económicas que puede enfrentar el Ministerio Público.  

¿En ese caso descartaría que Penta y SQM serían los casos más complejos desde la Reforma Procesal Penal?

En absoluto. Así lo han planteado algunos fiscales, pero no comparto su opinión. Creo que han existido muchos casos dentro de la Reforma Procesal Penal donde hay valores jurídicos bastantes más importantes que éstos, por ejemplo, la vida de las personas, o la salud de las personas. El derrumbe del edificio Alto Río fue un caso desde el punto de vista técnico y jurídico de extrema complejidad, establecer las causas del colapso fue un gasto para el Estado y para las defensas gigantesco, y ahí habían involucradas vidas de personas. No comparto la opinión de que éstas sean las causas más complejas que han existido dentro de la reforma.

En ese sentido ¿cree que es un exceso que siete fiscales investiguen el caso SQM?

Creo que la fiscalía y los organismos del Estado tienen la obligación de administrar racionalmente los recursos. Sin desmerecer la importancia de estas causas para la opinión pública, también hay que ver que en Chile estamos viviendo muchos delitos contra las personas donde se está arriesgando la vida e integridad de ciudadanos, y también respecto de esas causas, por ejemplo, robos con homicidio que están sin resolver o delitos terroristas, se podrían emplear los cuantiosos recursos y de la envergadura que se han empleado en estas causas políticas.

¿Qué lectura hace de la primera condena del caso Penta contra el ex senador UDI Jovino Novoa?

Resulta difícil opinar respecto a cuáles fueron las razones últimas que tuvieron Jovino Novoa y su defensa para tomar las decisiones que tomaron. En mi opinión, hay aspectos jurídicos que se pueden discutir en estos casos, incluso reconociendo -estoy hablando en general- que los servicios no se hubieren prestado, creo que no necesariamente el solicitar financiamiento para las campañas y recibirlo significa automáticamente la comisión de un ilícito tributario. Pueden pesar muchas otras razones para que una persona vaya a un procedimiento abreviado, por ejemplo, cerrar el capítulo y evitar la exposición pública constante que significa someterse a un juicio oral.

¿Por qué cree que queda la sensación en la opinión pública de que no se hizo justicia con esta condena? Hay tipos de delitos tributarios que no tienen penas tan altas en comparación a otros ilícitos.

Los casos han llegado a resultados  y no comparto la apreciación de que los delitos tributarios tengan una pena no muy alta, tienen penas bastante altas. Tiene que considerarse el caso concreto, el sujeto imputado puede tener irreprochable conducta anterior, puede haber colaborado con la investigación, puede haber pagado los impuestos involucrados y eso configura circunstancias aminorantes de responsabilidad que deberían ser consideradas por el tribunal al fijar la pena. Todos esos aspectos técnicos a veces la opinión pública no los comprende adecuadamente, pero me parece correcta la legislación y como se ha actuado en el caso respectivo.

¿Cómo califica el rol del Servicio de Impuestos Internos en Penta y SQM?

El SII ha tenido una conducta errática que resulta difícil de entender. Resulta muy difícil para los abogados entender cuáles son los criterios objetivos que se están ocupando para ejercer acción penal por delitos tributarios en estas materias. Resulta muy grave que se instale la sospecha de que hay criterios que escapan a lo estrictamente jurídico, lo que sería extremadamente problemático para el país.

¿Cree que éstos casos marcaron un antes y un después en el financiamiento de la política? 

Evidentemente hay un antes y un después, hay un juicio público mucho más riguroso y estricto respecto a los políticos.

¿Cree que esta forma de financiamiento se verá obligada a cambiar?

No me cabe ninguna duda de que el financiamiento a la política va a cambiar y que hay un antes y un después. Creo que lo que va a ocurrir es que van a tener que ajustarse todos a presupuestos más moderados en las campañas.

En otro tema ¿qué opina del control de identidad preventivo que está en tramitación en el Senado?

No tengo reparos con que se amplíen las facultades a las policías en materia de control de identidad. Sin embargo, ello no provocará un cambio sustancial, como tampoco el aumento de penas, como plantea la agenda corta. El problema radica en que la gran mayoría de los delitos, en especial contra la propiedad, terminan sin autor conocido, lo que es de responsabilidad de las policías y el Ministerio Público, quienes deben reformular profundamente sus políticas, prioridades y procedimientos.