El Senado de Argentina aprobó en la madrugada de hoy una reforma que elimina los delitos de calumnias e injurias del Código Penal del país, como reclamaba un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La reforma, que apunta a garantizar la libertad de expresión, fue aprobada por unanimidad de los senadores y ahora solo falta que sea promulgada por el gobierno de Cristina Fernández, que la había propuesto en septiembre pasado.

"La finalidad y el eje central de esta reforma radica en adecuar la legislación a los parámetros internacionales y constitucionales de la libertad de expresión", apuntó el senador oficialista Rubén Marín.

El legislador aludió así a que se ha quitado a las calumnias e injurias como delito castigado con prisión, como reclamaba la CIDH al fallar en favor del periodista argentino Eduardo Kimel, quien había sido condenado por la publicación de un libro.

La reforma recibió la aprobación parlamentaria luego de sucesivas polémicas entre el Gobierno y la prensa que llegaron a la crispación a mediados de octubre, cuando se aprobó y promulgó la nueva ley de Comunicación Audiovisual, que afecta los intereses de grandes grupos multimedia.

En 1995, Kimel fue condenado a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de 20.000 pesos (por entonces igual a dólares) como culpable de "injuria y calumnia" contra un juez al que el periodista mencionó en su libro "La masacre de San Patricio".

En mayo pasado, un fallo de la CIDH reclamó la anulación de la condena contra Kimel y que el Gobierno argentino reforme la figura penal de los delitos de calumnias e injurias "en un plazo razonable".

El libro publicado por Kimel en 1989 aborda el asesinato de tres sacerdotes palotinos y dos seminaristas durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).

La causa contra el periodista se había iniciado después de la querella impulsada por Guillermo Rivarola, quien en su posición de juez estuvo a cargo de la investigación del crimen entre 1976 y 1997.