EN LOS últimos tiempos, Chile ha presenciado una sociedad movilizada, con liderazgos distantes de los partidos políticos. Miles de personas en las calles reclaman respuestas concretas del Estado, especialmente respecto de la educación. Se trata de un clima social de profunda desconfianza que estaba latente, como los virus, esperando el momento para expresarse con toda fuerza.

Los partidos políticos, especialmente sus dirigencias, no han reconocido a tiempo las demandas sociales y se han convertido en los principales blancos de esta desconfianza, que en términos académicos se la conoce como la contrademocracia o el contrapoder. Lo relevante es que la gran base de las movilizaciones sociales ha sido su sentido cívico, amplio y transversal, tanto desde el punto de vista generacional como social, político y cultural.

Pierre Rosanvallon, en su libro de 2012 La Contrademocracia, muestra el vínculo entre la movilización social y el poder, definiéndola como la democracia de la desconfianza organizada, que confronta a la democracia de la legitimidad electoral.

Para evitar una mala interpretación hay que decir que la contrademocracia no es lo opuesto de la democracia, sino que es una forma de enfatizar los poderes indirectos diseminados en toda la sociedad en contra del verticalismo de la democracia representativa tradicional, y en ese sentido debería considerársela como complementaria. Cumple, además, con tres acciones que no están regularmente en la democracia representativa: controla al poder, lo sanciona y lo juzga.

Se ha llegado a un problema político con la erosión de la confianza de los ciudadanos en tres dimensiones: en los dirigentes políticos; en lo político (lo temático-programático); y en los partidos políticos, todo lo cual genera una sensación de traición al bien común. Las personas que se movilizan no son anti-democráticos ni antipolíticos; es simplemente que sienten que el contrato o pacto social ha sido traicionado por los partidos políticos.

Las tecnologías de información y comunicación potencian las capacidades de organización de ciudadanos anónimos, que poseen una nueva cultura descentralizada y cooperativa, exigen coherencia con el contrato social y que se privilegie el bien común. Internet ya no es un mero instrumento de información, sino un vehículo de denuncia, vigilancia y control, que ha cambiado las relaciones de poder.

Lo que la gente exige es que la política asegure efectivamente que el Estado cumpla su responsabilidad, en especial en las áreas sociales más sensibles, que se recupere el sentido de comunidad, que se valore al ciudadano y no sólo al contribuyente que paga impuestos y gana el derecho a recibir un servicio a cambio.

Sobre todo, se pide una efectiva redistribución de las riquezas, un auténtico compromiso con la equidad, en particular con la clase media, que son cuestiones básicas que le dan sentido a la protección social que se entiende como el amparo ante la adversidad, que el Estado asegure dignidad y calidad en los bienes públicos básicos y postergue al mercado cuando se trata de los derechos de las personas.