Señor director:

Alrededor de dos tercios del presupuesto en educación están dirigidos a financiar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y  Becas, y sólo un tercio a gratuidad, según estudios de Fundación Sol y del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. Esta es la expresión de cómo los  criterios diseñados, implementados y financiados los últimos 25 años han llegado a un punto insostenible.

Tanto desde el mundo académico como desde el movimiento social estamos llamados a tener un rol activo en la configuración de este nuevo marco, transitando a un  nuevo pacto social sobre el que debiera construirse la nueva ley. Este  proceso debe ser discutido en un marco de participación, a objeto de no perder el centro de la discusión: la calidad de la formación  profesional que se entrega, en un contexto de justicia y equidad identificando cuál es el país que queremos construir y cómo el sistema educacional construirá esas posibilidades.

Un elemento clave del pacto social es dar término inmediato al CAE. Ello permitirá generar condiciones efectivas, que se traducen en que cerca de un billón  y medio de pesos pueden ser destinados al financiamiento de la gratuidad. Esto implicaría, en la primera etapa, el acceso a los estudiantes pertenecientes a los cinco primeros deciles de "todas las universidades que se encuentran acreditadas". Luego se pueden dar pasos hacia nuevas exigencias.

No se puede desaprovechar este proceso para desinstalar el CAE,  dado que representa un mecanismo de endeudamiento propio de una lógica donde la  educación es desarrollada como bien de mercado, y afectó a la mayoría de los estudiantes de educación superior, hipotecando sus posibilidades de iniciar la construcción de proyectos personales. Todo este esfuerzo debe tener como  único norte: Chile y su pueblo, como exigía Andrés Bello.

Jaime Cabañas Páez

Director de Planificación y Evaluación, Universidad Academia de Humanismo Cristiano