La distribución de ingresos que genera espontáneamente la economía chilena ha sido desde siempre desigual, lo que ha motivado políticas redistributivas estatales. Así, una larga tradición en políticas sociales, que se inicia temprano en el siglo XX, fue desarrollada hasta el gobierno de Eduardo Frei Montalva. La más intensa reorientación de las políticas sociales fue introducida durante el régimen militar, que incorporó la focalización de subsidios sociales en los más pobres, la canalización de esos subsidios a la demanda, o la competencia entre los oferentes de los bienes y servicios con que se materializa la política social, como ejes que hasta hoy, profundizados, orientan el gasto social.

El mayor crecimiento de la economía -la tasa de crecimiento del ingreso per cápita pasó de menos de 1% promedio anual en los años 1960/1985 a 4% promedio anual en el período 1985/2005- potenció estas políticas en las últimas décadas, afectando el número y condiciones de vida de los más pobres. 

Entre 1990 y 2006 la pobreza disminuyó desde el 38,6% hasta el 13,7% de la población, mientras la indigencia (12% de la población en 1990) se redujo en dos tercios. Sin que se corrigiese la desigual generación de ingresos autónomos que resulta del funcionamiento de la economía, la redistribución por mecanismos estatales aumentó en 70% el acceso a bienes y servicios del 20% más pobre de la población, un resultado exitoso del largo proceso de formulación y desarrollo de  políticas sociales del siglo XX.

El resultado es decepcionante, sin embargo, si se considera que la situación de los más pobres sigue siendo muy vulnerable y enteramente sustentada en el apoyo estatal. Una nueva visión sobre política social -como concluyó el Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad- debe centrarse en mejorar el acceso de la población pobre al empleo: en el 10% más pobre de la población trabaja menos del 30% de las personas, comparable con una cifra superior al 70% en el caso del 10% más rico de la población. Esto requiere una distinta política social para el siglo XXI, centrada en dar "empleabilidad" a los más pobres y en estimular la creación de puestos de trabajo para personas de menor calificación.

Frente al desafío del empleo, sin embargo, el país tiene un mal desempeño: la participación de la población en la fuerza laboral es baja, y, a pesar de eso, la economía ha tendido a mantener altos índices de desocupación. Chile presenta tasas de participación laboral de los hombres sustancialmente más bajas que las observables en América Latina y en países de la Ocde. En el caso de las mujeres, su participación en la fuerza laboral ha crecido del 25% al 38% en los últimos 20 años, pero es aún más distante respecto de lo existente en países de la Ocde que en el caso de los hombres. 

En cuanto a la tasa de desocupación es notorio que algo falla en la capacidad de la economía de absorber productivamente a quienes quieren trabajar: con la crisis asiática de 1998 la tasa de desocupación se acercó al 11%. Por alguna razón la desocupación se mantuvo en torno al 10% por más de seis años, mientras los salarios, a pesar del alto desempleo, continuaban creciendo en términos reales. Solo a partir de 2005, y en el contexto de una inusitada expansión del gasto privado y público, la tasa de desocupación nacional cayó transitoriamente del 7%. 

Con el cese abrupto del período de euforia mundial y nacional la tasa de desocupación ha vuelto a crecer sobre el 10% y se encamina a superar en forma importante esa cifra. 

Hay razones para temer que la población de más bajos ingresos seguirá enfrentando subempleo, desocupación y dependencia del Estado para sostener niveles de vida precarios. La atención pública, centrada aún en paliativos estatales, no se enfoca al problema de dar productividad laboral y empleo a los más pobres. La formulación de la política de protección social del siglo XXI aún no comienza.