Señor director:

En una noticia publicada en La Tercera la semana pasada, se mostraban los altos índices de desvinculaciones de la Alta Dirección Pública (ADP), muchas de las cuales no ocurren por razones técnicas, sino personales o políticas, como señaló Rodrigo Egaña.

Al interior del Estado estas cuestionables prácticas se extienden más allá de la ADP, afectando a numerosos trabajadores a contrata. En nuestra experiencia como profesionales de la Salud en el sistema público, las desvinculaciones de trabajadores a contrata obedecen, en la mayoría de los casos, a decisiones arbitrarias que no se basan en aspectos objetivos ni en evaluación de desempeño.

Es más, en el acuerdo final de la negociación del sector público, el gobierno reconoce expresamente esta realidad y se propone "realizar cambios legales, esquemas que ofrezcan mejores condiciones laborales y mayor estabilidad a los funcionarios a contrata, considerando, en línea con lo señalado en el instructivo del Ministerio de Hacienda, que la no renovación de contratas esté fundada y se avise con un plazo de 30 días de anticipación". Sin embargo, ya tenemos conocimiento de que en numerosos servicios de salud y hospitales han vuelto a suceder despidos sin argumentación técnica, abusando de la precariedad del trabajador a contrata y contraviniendo circulares ministeriales y acuerdos con los gremios. Este tema es de la mayor gravedad, por ello, rechazamos categóricamente que se despida a funcionarios por meras razones personales o políticas, sin contar con una evaluación que lo justifique.

Gabriela Farías
Presidenta Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss)