LA DIFICIL situación por la que atraviesa el Hospital Clínico de la Universidad de Chile llevó a que la rectoría propusiera como solución asumir un leaseback, lo que suponía endeudarse con la banca y dejar en prenda el terreno en el que está situado el establecimiento. Sin embargo, la semana pasada el senado universitario rechazó abrumadoramente esta operación financiera, reclamando, en cambio, "una solución política" y solicitando revisar la política de autofinanciamiento del recinto.

Debido a una deficiente administración, el hospital José Joaquín Aguirre tiene hoy una deuda por más de $44 mil millones, casi dos tercios de la cual ha sido contraída con proveedores y debe ser pagada en el corto plazo, mientras que la fracción restante es con la propia Universidad de Chile.

Al descartar la hipoteca, el senado universitario pretende forzar que sea el Estado el que se haga cargo del problema, entregando como argumento que, al ser la Universidad de Chile una entidad estatal, corresponde que el Fisco se haga cargo del problema. Incluso el propio rector ha señalado que la solución podría pasar por que se escuche su propuesta del Nuevo Trato para el financiamiento del plantel universitario por parte del Estado.

Se echa de menos alguna crítica al interior de la universidad respecto de una administración que ha permitido el endeudamiento del hospital. Tampoco se oyen voces que exijan la adopción de medidas que mejoren la gestión al interior del establecimiento. Si se pretende que el Estado vaya en ayuda del Hospital Clínico usando recursos de todos los chilenos, es un requisito ineludible realizar los cambios que garanticen que se trata de un caso puntual y que la entrega de fondos no se convertirá en una sangría permanente. Lo contrario implicaría aceptar una mayor injerencia del Estado en la gestión del hospital, lo que ya ha probado no ser eficiente.