Diputados logran inédito acuerdo y aprueban reformas constitucionales

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Comisión aprobó modificación a atribuciones del TC, entre otras materias. Timonel RN pidió a Piñera recoger iniciativa para "avanzar en una nueva Constitución".




De forma unánime, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó ayer a sala el denominado "gran acuerdo" que busca modificar la Carta Magna desde el Parlamento y que, entre otras materias, regula las atribuciones del Tribunal Constitucional.

El acuerdo impulsado por parlamentarios que van desde el PS a la UDI -entre ellos, Arturo Squella y Juan Antonio Coloma, ambos de la UDI; Fuad Chahín y Ricardo Rincón, de la DC; los socialistas Osvaldo Andrade y Leonardo Soto y el timonel de RN, Cristián Monckeberg (RN)- contempla más de veinte modificaciones a la Carta Fundamental, entre ellas la de acotar la competencia del TC en lo que se denomina el control preventivo obligatorio de las Leyes Orgánicas Constitucionales.

El despacho se da justo en un momento en que, luego del triunfo presidencial de Sebastián Piñera, Chile Vamos y el gobierno de Michelle Bachelet han tenido acercamientos para hacer un traspaso "republicano", sobre todo de la agenda legislativa. De hecho, el lunes pasado, la propia Presidenta le comunicó al ex mandatario que enviaría en este periodo el proyecto de nueva Constitución. Desde Chile Vamos, en tanto, pidieron a La Moneda frenar la ofensiva legislativa en estos meses.

En privado, dirigentes de la centroderecha dicen que este acuerdo facilitaría a Piñera, en su futuro gobierno, hacer un cambio "vía institucional" a la Constitución. "Esto es una demostración de que Chile Vamos sí está en disposición de avanzar en cambios relevantes a la Constitución. Sería muy oportuno que nuestro futuro gobierno recoja estos cambios para avanzar en una nueva Constitución", aseguró a La Tercera Cristián Monckeberg.

No obstante, desde el oficialismo hubo reparos en lograr un acuerdo "paralelo" al proyecto que ha impulsado el Ejecutivo durante su administración para reemplazar la actual Constitución. El diputado Soto -aunque valoró el entendimiento- precisó que "es un acuerdo válido, interesante, pero limitado. Más bien ajustes constitucionales, y se eludieron otros aspectos que producen controversia".

El diputado se refería así, entre otros temas, a que se evitó, por ejemplo, una definición de la comisión en torno al sistema de nombramiento y a la composición del TC. Ayer, de hecho, se decidió posponer esa discusión para no trabar el avance del proyecto.

Reformas

Durante la sesión de la comisión de ayer, los integrantes de la instancia acordaron incluir en el proyecto de reforma constitucional una modificación al numeral 1 del artículo 93 de la Carta Magna referido a las atribuciones del TC, que establece como una de ellas "ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación".

Así, la iniciativa plantea precisar en la redacción de la Constitución que el organismo "no podrá ampliar su competencia a otras disposiciones en ninguna otra norma", limitando así la competencia del TC solo a aquellas disposiciones contenidas en el oficio remisor del Congreso Nacional.

El diputado Fuad Chahín, quien preside la comisión de Constitución, explicó que "era muy importante que quedara en la misma Carta Fundamental absolutamente clara la competencia del TC, el que no podrá conocer de disposiciones que no sean aquellas que están contenidas en el oficio remisor de la cámara de origen y eso acota su función".

El legislador, además, valoró como una contundente "señal política" el acuerdo que fue aprobado con los votos favorables del oficialismo y la oposición.

Squella, por su parte, calificó el proyecto como "macizo". "Creo que es el más importante que ha existido desde el año 2005 en materia constitucional", dijo.

Otros consensos que alcanzaron los diputados fue el facultar a cada Cámara para calificar las "urgencias" presentadas por el Ejecutivo, para así evitar los llamados "frenesí legislativos" y eliminar el fuero parlamentario en caso de delitos de injurias o calumnia.

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