No está de acuerdo el ex presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Tdlc) Eduardo Jara con la iniciativa del gobierno de crear una comisión revisora de la institucionalidad antimonopolios.

El abogado fue el primer presidente de la entidad, cargo que, tras seis años, dejó en mayo de 2010. A su juicio, es contraproducente hacer cambios al fragor de un caso específico, como la supuesta colusión de las empresas avícolas.

Además, dice, hay que darle tiempo al remozado sistema de libre competencia que debutó en 2009 para que demuestre su eficacia.

¿Ve necesaria la comisión que creó el gobierno?
Siempre es oportuno revisar la legislación vigente. Sin embargo, me parece inoportuno que este debate surja con ocasión de un caso puntual, el de la supuesta colusión de las empresas productoras de aves. Me parece que plantearlo en este momento confunde a la opinión pública y no consolida la favorable opinión que existe, en general, respecto del sistema actual de libre competencia. Puede ser necesario estudiar con calma algunos cambios, pero hace sólo dos años se publicó la última ley modificatoria, después de tres o cuatro años de estudio en el Congreso. Revisar de nuevo, y a partir de un caso puntual, me parece inconveniente.

¿Cuánto tiempo se requiere para probar la efectividad del modelo actual?
Como un proceso dura un año y medio aproximadamente y una consulta voluntaria unos nueve meses, por lo menos hay que darle unos cinco años para que haya tres o cuatro procesos resueltos.

Si se hicieran cambios a la Ley, ¿se aplicarían en el caso de los productores de pollo?
No, porque no serían retroactivos. Aquí hay una cuestión mediática que es lamentable. Una de las cosas buenas que ha tenido el sistema de libre competencia es su independencia y un debate orientado por el gobierno para intervenir no me parece adecuado.

¿Qué conclusión ha sacado de la demanda contra las avícolas?
Confío en que la fiscalía ha hecho una investigación como corresponde y que tiene antecedentes como para haber deducido el requerimiento. Ahora, todo dependerá de la prueba que califique el tribunal y de los descargos que formulen los afectados. Este es el inicio de un proceso que puede durar dos o tres años.

¿Puede estar tranquila la comunidad si, como acusa la FNE, había un cartel que llevaba al menos 10 años operando?
Eso está por verse, pero que se haya producido el requerimiento revela que hay una preocupación por el tema. Además, que la FNE haya recibido mayores recursos, que tenga  mejor infraestructura y más atribuciones mejora las posibilidades de que cumpla con su tarea.

¿Cómo ve el rol de los gremios en la creación de carteles?
Nosotros no tuvimos problemas con las asociaciones gremiales, aunque en el caso de las isapres sí hubo un antecedente. La doctrina extranjera señala que se debe tener cuidado, porque justamente la posibilidad de reunirse, de quienes integran esas asociaciones, hace propicio el escenario para una eventual colusión. Por eso creo que la guía que la FNE planteó es un paso muy importante para circunscribir la función de las asociaciones gremiales a los temas que les corresponden.

La FNE pidió que se disuelva la Asociación de Productores Avícolas (APA)...
Si se logra demostrar que tuvo un papel activo en el tema que se acusa, es justificable la petición de que se disuelva.

Los cambios necesarios

¿Qué elementos de los sistemas internacionales introduciría al modelo chileno?
Mirando la legislación latinoamericana, es más bien la experiencia chilena la que puede exportarse, porque esta doble institucionalidad, de un organismo que fiscaliza y otro que resuelve, es un logro muy relevante. Es importante mantener y dejar que las instituciones funcionen, porque lo peor que les puede pasar a estas instituciones es sentir presión.

¿Las declaraciones del Presidente de la República y del ministro de Economía van en esa línea?
Son inconvenientes y no habían ocurrido en ocasiones anteriores.

¿Cómo perfeccionar el sistema?
Creo que este modelo, con las nuevas instituciones que se crearon y las mayores facultades de la FNE, hay que ver cómo funciona, porque no ha habido tiempo de probarlo. Todavía no hay sentencias que resuelvan algunos de esos temas, aunque aparentemente la FNE ha aprovechado extraordinariamente bien sus facultades para configurar el requerimiento contra estas empresas.

¿Qué opina sobre imponer penas de cárcel para colusión?
Existía una sanción penal y se derogó el año 2004. En la última revisión esto se discutió muchísimo y se acordó que no habría sanción penal. Entonces, que dos años después vuelva a discutirse y, lo más grave, a propósito de un caso puntual que no está resuelto, lo encuentro muy grave.

El gobierno ha dicho que "se necesita que los ladrones de cuello y corbata vayan a la cárcel".
Eso vale para otras situaciones probablemente, como el caso La Polar, y, eventualmente, acá. Pero repito, veamos cómo funciona el sistema. Usando un dicho bastante repetido: Dejemos que las instituciones funcionen.

¿Le parece disuasiva la multa máxima de 30 mil UTA (US$ 27,6 millones) para colusión?
Es una multa tremendamente importante, que afecta indiscutiblemente a una empresa. Además, hay otras facultades muy importantes, como la disolución de la persona jurídica y hay que ver cómo el sistema asimila todo eso.

¿Las operaciones de concentración deben consultarse en forma obigatoria?
El tema es discutible, pero hoy si la empresa evita llevar el asunto al Tdlc por la vía de una consulta, está la fiscalía para recoger los antecedentes y formular el requerimiento que corresponda. El sistema tiene sus equilibrios.

Ese tema fue cuestionado tras el caso Latam, donde fue un tercero el que presentó la consulta...
Eso significa que el sistema está funcionando. Esperemos un plazo mayor de funcionamiento del sistema para llegar a una eventual modificación de la legislación.

Hay abogados que dudan del carácter voluntario de las consultas a raíz de ese caso.
Es realmente voluntaria y la sanción por no plantearla es que la FNE puede iniciar un requerimiento o cualquier particular puede advertir sobre una operación contraria a la libre competencia. Entonces, el hecho de que intervengan terceros ya el tribunal lo resolvió en el sentido positivo.

¿Las consultas deberían ser obligatorias según ciertos umbrales de concentración?
Yo creo que eso vale la pena discutirlo con calma, pero no me parece prudente legislar sobre la base de un hecho puntual.