El secretario del sindicato de trabajadores de la Minera San José, Javier Castillo, cuenta que la última vez que vio a uno de los dueños de la compañía fue en marzo. Había viajado a Santiago y visitó las oficinas de la empresa, en Providencia. Cuando subió al ascensor se encontró sorpresivamente con Alejandro Bohn, accionista mayoritario de la minera junto a Marcelo Kemeny. Según Castillo, en el elevador Bohn lo miró y le dijo: "Tengo grabado todo lo que has dicho, pero ya se va a dar vuelta la tortilla y entonces me va a tocar a mí".

Ese día, Bohn cumplía la rutina de un hombre poco acostumbrado a las caídas empresariales. Desde el 5 de agosto de 2010, cuando se derrumbó la mina San José -propiedad de la Minera San Esteban- y quedaron 33 trabajadores sumergidos bajo tierra por 69 días, el ingeniero comercial y exitoso ex ejecutivo de Unilever se encerró otra vez a afrontar su catastrófica situación financiera.

Con su socio habían llegado a trabajar 12 horas diarias para preparar su defensa. En ocasiones lo hacían en el bufete de su abogado, Hernán Tuane, en El Golf. En otras, llegaban a su oficina de Providencia, donde se encontró con Castillo y diseñaron la venta de buena parte de sus bienes para el pago de finiquitos y deudas. Ya remataron la planta, instalaciones y maquinarias y faltan los yacimientos y terrenos. Han enseñado el yacimiento a comisionistas australianos y queda pendiente la venta de los derechos de agua por un monto aproximado de US$ 2 millones.

Bohn y Kemeny han estado acompañados por tres personas. Los abogados Hernán Tuane, Gonzalo Insunza y María Loreto Ried, interventora designada por la justicia.

"A todos nos cayeron esos 700 kilos de piedra", dijeron los empresarios en la carta que enviaron a los familiares de los 33 mineros luego del rescate. La frase pareció premonitoria. Kemeny les ha contado a sus pocos cercanos de sus problemas familiares en el último año. Su socio y cuñado se ha quejado de hostigamiento a sus hijos en sus lugares de estudio e incluso amenazas de muerte, que dejó estampadas en Carabineros. No se siente bien anímicamente y ha comentado que está atrapado en lo económico, que su reinserción laboral es muy compleja tras el derrumbe.

Su vida social también se ha estrechado. Ya no son asiduos a las reuniones de la Sociedad Nacional de Minería en las que hasta antes del accidente eran habituales. Han enviado cartas al gremio, pero no han obtenido respuesta. Sus cercanos dicen haber recibido muestras de solidaridad de unos pocos empresarios mineros, pero muy en privado.

Fue en ese panorama que hace una semana Bohn recibió una inesperada llamada. No se trataba de uno de sus abogados. Un personero de gobierno lo telefoneó para solicitar las instalaciones de la mina San José, con el fin de realizar una misa el 5 de agosto y conmemorar el año transcurrido desde la tragedia. Su rechazo a la iniciativa fue inmediato, al igual que sus quejas: decía no olvidar el mal trato de la administración de Sebastián Piñera y de todo lo que vino después, incluyendo la precautoria de la compañía minera por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE). El ingeniero que estudió en el Nido de Aguilas y que a los 45 años podía sentirse tranquilo con los bienes conseguidos sentía que no tenía ninguna deuda pendiente. Que no tenía por qué prestar su mina para el acto ni exponerse al escarnio. "No quería reconstruir la escena", cuenta un cercano, que pidió reservar su identidad.

La última vez que había conversado con una autoridad de gobierno fue en octubre de 2010, cuando el último de los 33 trabajadores salió del fondo de la mina. Según sus cercanos, Bohn telefoneó entonces al biministro Laurence Golborne para felicitarlo.

Bohn y Kemeny tampoco volvieron a comunicarse con los mineros tras el derrumbe. Sólo una versión de sus allegados plantea que el primero de ellos conversó informalmente con uno de los dueños. Ningún trabajador lo ha confirmado. Al menos en público.

Hasta fines de mayo de este año quedaba maquinaria de los empresarios en la mina San José. Tenían resguardo policial. Hoy no queda nada y la empresa sólo la componen Bohn, Kemeny y otros cuatro funcionarios. Las camionetas Blazer que ocupaban para trasladarse a Copiapó ya casi no se ven en la ciudad: viajan una o dos veces al mes, no más.

Económicamente, la quiebra de la empresa está prácticamente descartada: los socios apuestan a que la venta de los bienes pueda solventar las millonarias deudas.

Ni Bohn ni Kemeny responden con su patrimonio, pues la minera es una sociedad de Responsabilidad Limitada. De acuerdo a sus cercanos, tampoco perciben ingresos de otras fuentes laborales. La versión de su círculo más estrecho indica que con el capital amasado años atrás mantienen parte del estilo de vida que sostenían hasta antes del accidente: conservan sus bienes raíces y no han cambiado a sus hijos ni de colegio ni de universidad.

Según la información comercial, Bohn mantiene la sociedad de inversiones Inverbohn junto a su esposa. Kemeny conserva bienes raíces no agrícolas en Lo Barnechea -avaluados en $ 432 millones- y la empresa K Limitada, que era contratista de San Esteban y es una de sus acreedoras.

Los bienes de la compañía San Esteban están precautoriados por la justicia. Hasta el momento han cancelado $ 783 millones en finiquitos y aún faltan $ 590 millones, que se encuentran con atraso y pagarán en cuotas. Luego vendrá el pago a sus acreedores.

Poco a poco los socios han ido intentando cerrar los flancos. En septiembre del año pasado, cuando los mineros seguían viviendo en el subsuelo, Bohn y Kemeny optaron por ir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Llegaron con una maleta roja con ruedas llena de documentos y respondieron nerviosos ante los parlamentarios, cuyo informe final fue implacable en su contra.

Siete meses después llegaron a un acuerdo por $ 90 millones con Gino Cortés, un trabajador que luego de un derrumbe ocurrido semanas antes del accidente de los 33 mineros perdió una pierna.

A esa altura, tras el exitoso rescate de los mineros con vida, las acciones por homicidio frustrado en su contra quedaron debilitadas. Hoy enfrentan una querella por prevaricación interpuesta por familiares de los 33 mineros, a raíz de la apertura del yacimiento en 2004 luego de la muerte de un trabajador.

Bohn y Kemeny no han sido formalizados por la causa y entre los cercanos a su defensa esperan que no ocurra: dicen que en sus cuentas bancarias no se han encontrado indicios de influencias sobre las autoridades para reabrir la faena. Como sea, el frente más complejo sigue en pie. El CDE los demandó para recuperar los $ 5 mil millones que costó al Estado el rescate de los trabajadores y los familiares de algunos de los mineros no piensan en desistir de la indemnización por los perjuicios que tuvieron al estar 69 encerrados bajo tierra.