LA OPINIÓN pública ha sido testigo del tremendo impacto que supone la paralización de un servicio tan fundamental y monopólico como es el Registro Civil e Identificación. Por algo el legislador dejó a este servicio público al margen de la realización de movilizaciones sindicales, aunque probablemente no tuvo en consideración las complicaciones que se producirían en caso de una reacción tímida y zigzagueante de la autoridad de turno frente a eventuales paralizaciones ilegales.

Porque así ha quedado en evidencia tras más de un mes de paro de sus funcionarios. El mismo gobierno que negó la posibilidad de conversar con los trabajadores mientras no retomaran sus labores, que descartó ofertas adicionales y que se opuso a negociar a través del Ministerio de Hacienda, terminó cediendo en todos estos aspectos, además de demostrar -una vez más- la incoherencia entre las reformas laborales que impulsa en el Congreso, que excluyen el reemplazo de trabajadores en huelga, y su propio accionar como un empleador que no duda en recurrir a sustitutos cuando se trata de enfrentar las consecuencias de una paralización.

El resultado de la movilización, además de los miles de trámites pendientes y de las pérdidas irreparables para muchos ciudadanos, se refleja en bonos y sueldos que serán pagados sin descuento alguno a todos aquellos funcionarios que mantuvieron este paro ilegal. Por lo mismo, ahora los esfuerzos de la autoridad deben concentrarse en generar las condiciones para que movilizaciones como la sufrida por el Registro Civil no se repitan en el futuro o, a lo menos, se limite su alcance y extensión en el tiempo.

Para ello, resulta de especial urgencia revisar las responsabilidades que corresponden a este organismo fiscal, con el claro propósito de evaluar la pertinencia de cada función, los espacios para introducir nuevas tecnologías que faciliten la prestación de servicios a los usuarios y una eventual diversificación de instituciones encargadas de roles que hoy se concentran, quizás excesivamente, en el Registro Civil.

De acuerdo a la legislación, las funciones asignadas a este servicio son tan amplias como variadas, incluyendo los registros de nacimientos, matrimonios, defunciones, conductores de vehículos, condenas, antecedentes penales, profesionales, violencia intrafamiliar, faltas a la ley de estupefacientes, transporte de carga terrestre, testamentos, discapacidad y registro nacional de no donantes. Se suma a lo anterior la emisión de los pasaportes y cédulas de identidad, cuya elaboración hoy se encuentran en manos de una empresa privada.

Una exhaustiva revisión de estas responsabilidades debiera tener en consideración, por una parte, la necesidad de evitar que el Estado requiera a sus ciudadanos, para la realización de trámites fiscales, información que obra en su poder, como el registro de nacimiento, condenas u otros. Asimismo, urge avanzar en la introducción de tecnologías que permitan efectuar más trámites por la vía digital.

De no avanzar en medidas de esta naturaleza, el aparato estatal corre el riesgo de verse nuevamente atrapado en movilizaciones ilegales por parte de servicios con alta capacidad de presión por la variedad y cantidad de funciones que concentran.