DIAS ATRAS, Ximena Rivas, directora del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), celebraba en Twitter que por primera vez podía bajar junto a su familia por el acceso principal de una playa pública.

Esta situación, trivial para miles de veraneantes, para una familia como la de Ximena, con una hija que ha aprendido a vivir con una discapacidad congénita, significa un esfuerzo enorme. Primero, buscar un estacionamiento exclusivo que no esté ocupado por algún aprovechador que, sin contar con la tarjeta oficial de discapacitado, exagera su leve cojera para quedar a pasos de la playa; luego, avanzar con la silla de ruedas por la carrera de obstáculos preparada por vendedores ambulantes, "teams" de promotoras estridentes y el precario estado de veredas y soleras; finalmente, conseguir ayuda y levantar la pesada silla para bajar esos malditos escalones hasta dejarla varada en la arena.

En un país donde nos movilizamos en masa a donar a la Teletón, y la inclusión y equidad están instaladas en el discurso de nuestras autoridades, es paradójica la indiferencia que tenemos hacia los cientos de miles de personas que presentan problemas de accesibilidad. No se trata sólo de personas con dificultades de desplazamiento, sino también embarazadas, guaguas en coche, adultos mayores, obesos mórbidos y un número creciente de ciudadanos que independiente de su condición física tienen los mismos derechos que todos los contribuyentes.

Vale la pena no sólo destacar el Twitter de Ximena, sino también reconocer que durante su gestión se fortaleció la institucionalidad del servicio nacional, y lo más importante, se avanzó en proyectos de ley y modificaciones a las ordenanzas de urbanismo y construcción que exigen con mayor rigurosidad que las nuevas edificaciones y espacios públicos consideren como parte de su diseño, y no como un agregado, la accesibilidad universal.

Todos estos avances serán en vano si no inculcamos en nuestros arquitectos, ingenieros, fiscalizadores y técnicos, el dominio y buen manejo de la norma. Prácticamente no existen cursos de especialización para arquitectos en estas materias, y es probable que sean contados con los dedos los cursos optativos de esta materia en las más de 30 escuelas de arquitectura del país.

En este esfuerzo, también es clave la sociedad civil, con organizaciones como "ciudad accesible" y tantas otras que velan por promover, concientizar y reclamar una ciudad más justa. A nivel internacional, las redes sociales han permitido un estallido de iniciativas notables, como el proyecto www.wheelmap.org, que permite a cualquier ciudadano calificar en un mapa, un bar, restaurant o local comercial según sus niveles de accesibilidad: rojo significa escalón en la entrada y baño inaccesible, amarillo va por sólo baño inaccesible y verde por total accesibilidad.

Este proyecto ha permitido que ciudades como Berlín no sólo presenten "mapas de accesibilidad" para que todos, y no sólo algunos ciudadanos, puedan salir a tomarse un café con amigos; también ha generado toda una ola de transformaciones y adaptaciones para que los propios locatarios pongan una pequeña rampa para superar ese maldito escalón. Uno de los últimos escalones para llegar al desarrollo.