"El dictamen cuya reconsideración se solicita se ha limitado a exigir al directorio de Codelco el mínimo resguardo del patrimonio público que le corresponde gestionar en cuanto administrador de bienes ajenos y, particularmente, de recursos públicos".

Este duro párrafo es el cierre de un nuevo dictamen de la Contraloría General de la República publicado este jueves, y en donde el contralor Jorge Bermúdez no acepta el pedido de reconsideración solicitado por la cuprífera ante una decisión previa en que cuestionaba la fórmula con que se concedían millonarias indemnizaciones a funcionarios que dejaban la empresa.

La decisión es un nuevo hito en la escalada del enfrentamiento entre la entidad de control y la empresa, que ha incluido incluso pronunciamientos de parte de la Comisión Chilena del Cobre defendiendo los pagos. "Hay un nuevo criterio en Contraloría, que el contralor aclarará en algún momento cuál es su profundidad", señaló a La Tercera Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de la entidad.

Pero el nuevo criterio se mantiene en el dictamen de cinco páginas, que responde además a una dura presentación en que Codelco cuestionaba en duros términos a la Contraloría por considerar que se había excedido de sus funciones. "Resulta improcedente que Contraloría lleve a cabo actividades de control como aquellas que en la especie ha efectuado respecto de mi representada", señalaba el documento entregado por el abogado Nikolai Bakovic, en representación de la cuprífera.

Además, la presentación señalaba que con su interpretación, la Contraloría había "controvertido el carácter de empresa del Estado de Codelco" y "ha puesto, en virtud de todo ello, indebidamente en jaque las normas de Gobierno Corporativo que le aseguran (o debiesen asegurarle) a sus órganos directivos una idónea administración y gestión de la empresa en el mercado cuprífero mundial".

La respuesta de Bermúdez

Pero el contralor en su respuesta cita una serie de artículos, dictámenes y jurisprudencia previa que sustentarían la atribución de la entidad de control para fiscalizar a Codelco. "Constituye un elemento consustancial al Estado de Derecho, que sus órganos (del Estado) y, en particular, aquellos que forman parte de su Administración estén sujetos a control público", afirma en uno de los primeros párrafos.

A continuación, Bermúdez cita el artículo 98 de la Constitución y el decreto con fuerza de ley N° 1 de 1987, que creó Cochilco como fundamentos legales. "De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 12 (...) esta Contraloría General fiscaliza, a través de esa comisión, a las sociedades colectivas del Estado o a la o las empresas que sean sus continuadoras legales, calidad que tiene Codelco", se señala.

"Adicionalmente, el inciso cuarto de la citada norma legal permite a esta Contraloría General fiscalizar directamente a Codelco en las condiciones que indica", agrega Bermúdez.

"Este organismo de control, al conocer de una denuncia que involucraba el uso de fondos públicos sujetos a su fiscalización, no podía sino, en cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le encomienda, fiscalizar tal situación", indica en un nuevo punto la respuesta de Contraloría, agregando que "Codelco, como parte de la Administración del Estado, encargada de la explotación de un recurso estratégico para el país, debe manejar el patrimonio que el legislador ha puesto a su disposición de un modo congruente con los principios básicos de toda administración de recursos públicos".

"En consecuencia, esta Contraloría General, al advertir sobre una situación particular que verificó en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, mediante el dictamen impugnado, dejó de manifiesto una realidad referida a que Codelco, en su calidad de empresa pública creada por ley e integrante de la Administración del Estado, debe ajustar su actuar, en las decisiones que adopte, a los principios de eficiencia, eficacia y probidad", sentencia Bermúdez en uno de los últimos párrafos donde rechaza la reconsideración.

Revisa acá el nuevo dictamen de la Contraloría sobre su relación con Codelco: