Gobierno informa que mantener a un preso cuesta $ 724 mil al mes

El costo que tiene para el Estado de Chile mantener a un preso alcanza los $ 724 mil mensuales. Esta cifra es parte del contenido del oficio que el Ministerio de Justicia envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, el pasado 30 de noviembre.

El documento contiene el detalle del gasto que genera para el Fisco mantener a una persona privada de libertad e indica que entre enero y julio "Gendarmería de Chile señala que el gasto mensual por interno en el subsistema cerrado tradicional para el primer semestre del año 2017 fue de $ 724.152". Tomando en cuenta que al 30 de noviembre la cifra de personas privadas de libertad alcanzó las 41.496, el costo mensual por parte del Fisco en esta materia es cerca de $ 30.049 millones.

Esta cifra despertó distintas lecturas entre los expertos, en que para algunos fue considerada elevada. Esto, tomando en cuenta que no siempre se logra la reinserción y que en los niños del Servicio Nacional de Menores (Sename) el Estado desembolsa $ 294 mil mensuales.

Para el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Felipe Harboe (PPD), "este es el costo que se debe realizar para mantener a los presos. El punto es si esa cantidad que está invirtiendo el Estado genera condiciones de dignidad a los internos y mi percepción es que eso no es así".

El parlamentario añadió que "se está pagando una cantidad de plata que no garantiza la dignidad de los reos, ni tampoco su reinserción laboral y social. Lo que se requiere hoy día es tener, definitivamente, un plan de infraestructura carcelaria, para terminar con el déficit que hay y así establecer que cada interno tenga un espacio determinado".

Según explicó el Ministerio de Justicia en el oficio, la cifra dada a conocer incluye todos los gastos que el Fisco realiza en esta materia, incorporando lo desembolsado por Gendarmería en materia de custodia; el Ministerio de Educación en el caso de las subvenciones de enseñanza; el Ministerio de Salud, cuando se trata de prestaciones médicas a la población penal, entre otros.

El defensor nacional, Andrés Mahnke, indicó que el dinero gastado en esta materia es elevado. "Tenemos cerca 47 mil internos en nuestras cárceles de adultos. Lo problemático es que estamos hablando de una cantidad importante de recursos. Por eso, nosotros hemos sostenido que no estamos en contra de la privación de libertad por dogma, buscamos que se haga un uso racional de esta", explicó.

En tanto, desde Gendarmería señalaron que "el gasto está destinado a todo el ámbito penitenciario, dado que corresponde a la distribución del total de la ejecución presupuestaria del servicio, en relación a la población penal con que cuenta cada una de las cárceles. Más específicamente, gastos en recursos humanos, operacionales (alimentación, alojamiento, seguridad, entre otros) e inversiones".

Además, explicaron que esta cifra corresponde a un promedio nacional dentro de los penales tradicionales. "Por lo tanto, no cuesta lo mismo un reo en la Cárcel de Alta Seguridad que uno de la prisión de Valparaíso, ya que la información analiza el gasto de cada establecimiento en relación a su población recluida y cantidad de personal a cargo", aseguraron.

La diferencia del gasto en menores del Sename y reos es otro foco de crítica por parte de los expertos. El senador Harboe sostuvo que "es evidente que no hay proporción entre lo que se gasta por preso versus lo que ocurre con un niño en el Sename. Se requiere reestructurar por completo el modelo de protección y de reinserción social juvenil con especialistas y hacer una evaluación del gasto en función del resultado".

En tanto, Marcelo Sánchez, gerente de Fundación San Carlos de Maipo, manifestó que "el gasto mensual por un interno en la cárcel más que duplica la subvención promedio del Sename y, en ambos casos, no se están logrando los objetivos de rehabilitación, protección y reinserción. Lo que corresponde es avanzar hacia invertir con enfoque preventivo".

Sánchez agregó que "es necesario cambiar radicalmente el enfoque de las políticas públicas, para invertir más en prevención y así evitar que nuestra infancia sea dañada y así sean adultos prosociales".