La Justicia guatemalteca condenó a penas de 17 a 210 años de prisión a ocho personas, entre ellas un ex legislador, por el asesinato, en febrero de 2007, de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chofer.

"Los jueces deliberaron por más de seis horas, analizaron los argumentos presentados por las partes, y emitieron el fallo a la media noche (del miércoles), dando validez suficiente a las pruebas y acusaciones", dijo hoy a Efe una portavoz de la Corte Suprema de Justicia.

El Tribunal Primero de Alto Riesgo basó su fallo en la investigación realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la que colaboró con la Fiscalía en la investigación de este caso que puso en evidencia la infiltración por el crimen organizado de las fuerzas de seguridad de este país centroamericano.

Los diputados salvadoreños al Parlacen William Pichinte, José González y Eduardo D'Aubuisson, y el chófer de estos, Gerardo Ramírez, fueron secuestrados, asesinados y luego incinerados el 19 de febrero de 2007 en una apartada zona del este de Guatemala.

Según el fallo, el móvil del múltiple crimen fue una "venganza" planificada y ordenada por el ex diputado salvadoreño Roberto Silva, quien fue expulsado de las filas del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), tras ser involucrado en hechos delictivos.

Silva, quien se encuentra detenido en una cárcel de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero, contó con el apoyo del ex diputado guatemalteco Manuel de Jesús Castillo, quien coordinó el crimen con el apoyo de un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, y una banda de asaltantes y narcotraficantes que dirigía.

Según las investigaciones de la Fiscalía, los salvadoreños fueron asesinados por los policías guatemaltecos Luis Herrera López, Jorge López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Escobar Méndez, "por encargo" de una banda de narcotraficantes que opera en la ciudad de Jalpatagua, fronteriza con El Salvador.

Tres días después de haber sido detenidos, los cuatro agentes fueron asesinados en el interior de la cárcel de máxima seguridad donde habían sido recluidos, supuestamente por un grupo de pandilleros juveniles que se encontraban en la misma prisión.

Castillo, amigo y "socio" en actividades delictivas de Silva, fue declarado por el tribunal como responsable intelectual del crimen de los salvadoreños, y condenado a 203 años de prisión.

A los integrantes de la "banda de Jalpatagua", Javier Lemus, Carlos Orellana, Marvín Contreras y Obdulio de León, se les condenó a 208 años de cárcel por los delitos de asesinato múltiples y asociaciones ilícitas.

Lemus y De León deberán purgar en total 210 años de prisión, ya que los jueces los condenaron a 2 años más por el delito de falsificación de documentos.

Por aparte, Carlos Gutiérrez, alías "Montaña 3" fue condenado a una pena de 99 años por los delitos de asesinato en el grado de complicidad y caso especial de estafa; y Carlos Orellana Donis a 17 años de prisión por asociaciones ilícitas, encubrimiento y falsificación de documentos.

Linda Aura Castillo, la única mujer procesada por este caso, fue absuelta de todos los cargos ya que no lograron establecer su participación en los hechos.

El abogado Fernando Linares, defensor de Castillo, dijo hoy a los periodistas que apelará el fallo, debido a que la sentencia en contra de su cliente se basó en la declaración de un testigo que aseguró haber escuchado cuando Silva y el ex diputado guatemalteco planificaron el crimen en un restaurante de la capital salvadoreña.

Según el jurista, la declaración de ese testigo "no puede tener validez" por tratarse de un "delincuente confeso" que admitió dedicarse a la trata de personas.

En la fase de apelación, agregó, pedirá que se escuche el testimonio de la fiscal costarricense Guisela Rivera, ex funcionaria de la Cicig que participó en la investigación de este crimen, y quien ha dicho a la prensa que el ex jefe de esa comisión, el español Carlos Castresana, ordenó "ocultar" detalles sobre el caso.

A pesar de lo abultado de las sentencias dictadas en contra de los imputados, éstos, de acuerdo a la legislación guatemalteca, sólo podrán estar en prisión un máximo de 50 años.