SE ACABA de promulgar la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que entrará en vigencia en nueve meses.  La nueva ley actualiza las disposiciones que regulan la insolvencia en Chile y de paso pretende cambiar la imagen de los empresarios que caen en ella. La quiebra se asocia en Chile al fracaso y a menudo, incluso a la estafa. Sin embargo, esa asociación es falsa, dado que la mayoría de las empresas quiebran como consecuencia de los riesgos asociados a toda iniciativa empresarial.

Aunque no explicitada, probablemente, la mayor motivación oficial para legislar sobre la materia es su efecto sobre el ranking de Doing Business del Banco Mundial, que afecta a la inversión. Chile ha estado últimamente en el lugar 34 en ese ranking, determinado en parte por el lugar 102 en su componente de tratamiento de las insolvencias. Este indicador recoge las estadísticas oficiales, de acuerdo con las cuales las quiebras se resuelven en alrededor de cuatro años y medio y los acreedores valistas prácticamente no reciben pago alguno.

Investigaciones hechas por el Consejo Asesor para Perfeccionar el Proceso de Entradas y Salidas de Empresas, nombrado bajo el gobierno de Michelle Bachelet, que integramos, llevó a la conclusión de que el principal problema es la informalidad. En efecto, del total de insolvencias estimadas, sólo un 7% se resolvía de acuerdo con la ley. La formalidad debiera propender a un proceso más eficiente -aquel que genere un mínimo de pérdida de valor de la empresa y así permita resguardar al máximo posible los intereses de los acreedores- y no lo ha estado haciendo.

Las razones de la informalidad son muchas, pero destacan la ausencia de tribunales especializados efectivos, la falta de apoyo técnico, el efecto infamante ya descrito y la forma en que se trata a las quiebras fraudulentas. El hecho es que hasta ahora, las empresas por caer o que ya se encuentran en estado de insolvencia, sólo han tendido a acudir a tribunales cuando el valor de sus empresas es cercano a cero. Tampoco existe un proceso legal expedito para resolver las quiebras de personas.

Las legislaciones concursales son extremadamente complejas y no existe un patrón obvio a seguir. El objetivo es claro, pero es muy difícil de lograr. Para redactar la nueva ley, la superintendencia hizo un enorme esfuerzo por recoger los puntos de vista de deudores, acreedores y especialistas, incluyendo, por cierto, a los integrantes del consejo asesor antes nombrado.

De acuerdo con la nueva ley, se tiende a una cierta especialización de los tribunales, se permite la alternativa de arbitraje, se incluye la figura del veedor (técnico) para facilitar los acuerdos entre deudores y acreedores, se trata de desestigmatizar a los deudores eliminando la presunción de quiebra fraudulenta y culpable, se da un tratamiento especial a la insolvencia de las personas y se acotan los plazos para la realización de las diversas etapas del proceso concursal. Es prácticamente seguro que con esta ley mejorará significativamente nuestro ranking en el Doing Business, pero -aunque probable- está por verse si al mismo tiempo disminuirá la informalidad en la solución de las insolvencias del país.