EL 7 de septiembre de 1986, el embajador de Estados Unidos en Chile, Harry Barnes, no estaba en Santiago. A cargo de la embajada se encontraba, en calidad de encargado de negocios, George F. Jones, quien se trasladó de inmediato a la sede diplomática para informar al gobierno de Ronald Reagan sobre lo que sucedía en el país. Los mensajes, catalogados como “urgentes”, salieron desde la madrugada del 8 de septiembre de Santiago. En ellos se detallan los pasos que estaba tomando el gobierno y se analizan los efectos que el hecho podía tener en el proceso de apertura democrática. A partir de entonces, los mensajes que hacen referencia de una u otra manera al  atentado se repiten durante varios meses. Incluso, un informe enviado a la embajada de EE.UU. en el Vaticano advierte que de extenderse el estado de sitio decretado tras el ataque, el Papa Juan Pablo II podría suspender su visita prevista para abril de 1987.

El ataque refuerza a Pinochet

El ataque reforzó políticamente a Pinochet contra sus críticos entre los militares, que se oponen a su reelección”, señala un informe de situación elaborado por la oficina de la CIA en Santiago y enviado a Washington dos días después del atentado. El documento, de tres carillas y cuya última parte aparece en negro junto a la leyenda “a solicitud chilena”, asegura que “sus críticos al interior de la Junta, que han bloqueado varios intentos de reimponer el estado de sitio, esta vez tendrán que ceder”. Sin embargo, agrega que este nuevo escenario para Pinochet podría durar poco, porque “la mayoría de los oficiales militares sigue comprometido con la restauración de un gobierno democrático en 1989. Algunos altos oficiales probablemente volverán a insistirle que sea más flexible políticamente y que se comprometa con dar un paso al lado al final de su período, si mantiene el estado de sitio por muchos meses”.

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El informe catalogado como “Top Secret” agrega que “el ataque y otros actos de violencia del Frente probablemente son parte de un plan para demostrar que aún sigue siendo poderoso pese a la incautación de armas (en Carrizal Bajo)”, aunque precisa que la acción “pudo no haber sido aprobada” por el Partido Comunista, que según sostiene la CIA “está teniendo dificultades para controlar a los activistas del Frente Manuel Rodríguez”. “Ellos (el PC) ciertamente se oponen a cualquier plan del Frente para repetir el ataque contra Pinochet pronto”, asegura el informe de la CIA, en el que se agrega que el grupo tendría alrededor de 1.000 miembros, ubicados principalmente en Santiago y en otras dos o tres ciudades.

El primer cable enviado a EE.UU.

“Se impuso el toque de queda. Las detenciones comenzaron”. Bajo ese encabezado, la embajada de Estados Unidos en Santiago envió la madrugada del 8 de septiembre de 1986 un mensaje confidencial a la Secretaría de Estado en Washington, detallando la situación en Chile tras el fallido atentado contra el general Augusto Pinochet, ocurrido pocas horas antes en el Cajón del Maipo.  El mensaje, transmitido con copia a las embajadas estadounidenses en Buenos Aires, La Paz y Lima y a los comandantes en jefe del Comando Sur y del Comando Atlántico de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es el primero que se envió desde Santiago tras el ataque y está firmado por el entonces encargado de negocios de la representación norteamericana en Santiago,  George F. Jones.

“Tras el fallido intento de asesinato del Presidente Pinochet el 7 de septiembre, el GOC (gobierno de Chile, N. de la R.) anunció inmediatamente el estado de sitio en todo el país. El estado de sitio suspende los derechos de hábeas corpus y de revisión judicial de muchas de las acciones del GOC y permite al gobierno imponer censura y arrestar y relegar a personas indefinidamente”, detalla el sumario del documento, que forma parte de los más de 23 mil mensajes hechos públicos por Estados Unidos como parte del proyecto de desclasificación de información entre 1968 y 1991 impulsado por el gobierno del Presidente Bill Clinton, tras el fin del régimen militar chileno. En sus seis páginas, el cable hace un detallado análisis de las medidas adoptadas tras el atentado y sus eventuales consecuencias, advirtiendo sobre el endurecimiento de las acciones del régimen.

Jones fue durante las horas y días posteriores al atentado el responsable de mantener informado al gobierno de Ronald Reagan sobre los pasos que tomaba  Pinochet, en momentos en que las relaciones entre Estados Unidos y Chile no pasaban por el mejor momento. Tras la llegada del embajador Harry Barnes en noviembre de 1985 y en especial tras la muerte de Rodrigo Rojas Denegri, el joven fotógrafo chileno muerto en julio de 1986, pocos días después de regresar desde Estados Unidos, por las quemaduras causadas por una patrulla militar, los vínculos entre ambos países comenzaron a enfriarse. Por ello, existía preocupación sobre lo que podía suceder tras el atentado. “Es probable que el GOC utilice el estado de sitio para restringir la libertad de reunión y de prensa y vuelva a recurrir al uso del exilio interno (destierro)”, señala el informe de Jones. “Estamos conscientes de que el Presidente ha querido desde hace mucho silenciar a las revistas opositoras más virulentas y nos sorprendería si (la revista) Análisis y probablemente otras no son suspendidas... habrá que ver si el GOC también intenta imponer censura a los principales diarios, como sucedió durante el último estado de sitio”, agrega el cable.

Al revisar el documento, resulta evidente que mientras Jones escribía el mensaje los hechos se sucedían aceleradamente. “Los primeros informes sobre arrestos incluyen al presidente del Partido Socialista (Briones), al líder Ricardo Lagos, al presidente de MDP, Germán Correa, y a José Carrasco, editor internacional de la revista Análisis”, escribe poco antes de agregar: “Mientras esto es tipiado hemos sido informados que el GOC emitió su primer decreto”. Este “amplía el toque de queda a todas las personas entre las 2 y las 5 de la madrugada; el toque de queda anterior cubría sólo al tráfico vehicular”. Jones concluye asegurando que “una vez más la reacción de línea dura de Pinochet ayudará preferentemente a sus más duros enemigos, los comunistas, frustrando los esfuerzos de los partidos centristas para conducir a las FF.AA. hacia un diálogo constructivo”.

El pedido especial de George Schultz

El 8 de septiembre, horas después del atentado, la embajada de Estados Unidos en Santiago recibió un breve cable firmado por el secretario de Estado George Schultz. El mensaje señalaba escuetamente: “A menos que haya factores de los cuales no estamos conscientes, el Departamento cree que es del interés de nuestra política general hacia Chile que el encargado de negocios atienda en persona cualquier ceremonia en memoria de los miembros de las fuerzas de seguridad asesinados en el ataque de ayer contra la comitiva del presidente Pinochet. Por favor, informen si su presencia plantea cualquier tipo de problemas desde la perspectiva de la embajada”.

No existe entre los documentos desclasificados un mensaje de respuesta de parte de la embajada en Santiago. El encargado de negocios George Jones, cumpliendo las instrucciones, asistió a los actos de memoria de los escoltas asesinados. La inquietud de Washington surgía no sólo por la eventualidad de que Jones decidiera no asistir a las ceremonias, sino también por la preocupación de que un representante de la embajada de Estados Unidos no fuera bien recibido en los actos, considerando el momento que atravesaban las relaciones entre ambos países.

En otro mensaje de Schultz, enviado ese mismo día a todas las embajadas de la regióni y de Europa se entrega una guía sobre los vínculos entre Estados Unidos y Chile. “Seguimos teniendo relaciones formales con el gobierno chileno y llevando adelante nuestra política para apoyar los progresos en Derechos Humanos y la implementación de una transición pacífica hacia la democracia”, señala Schultz.b

“¿Qué pasa si matan a Pinochet?”

“El sucesor inmediato de Pinochet sería el almirante Merino, según la Constitución de 1980, pero pensamos que muy probablemente poco después un general de Ejército, posiblemente uno traído de un retiro relativamente reciente, completará el período de Pinochet en el poder”, señala el segundo párrafo de un informe enviado desde la embajada de Estados Unidos en Santiago en enero de 1987 -cuatro meses después del atentado fallido- bajo el título: “¿Qué pasa si matan a Pinochet? Escenarios sobre la sucesión presidencial”.

En las nueve páginas del documento catalogado como “secreto” y enviado a Washington con copia a los comandos Sur y Atlántico de las Fuerzas Armadas se asegura que “el Frente Manuel Rodríguez planea intentar nuevamente matar a Pinochet. Si bien él es menos vulnerable que antes debido al aumento de las medidas de seguridad, su asesinato está lejos de ser una posibilidad remota”. El mensaje sugiere, en todo caso, que de producirse esa eventualidad “habrá, sin duda, una atmósfera más liberal en el país a largo plazo, a menos que un ‘clon’ de Pinochet tome el poder”.

Según la embajada de Estados Unidos, tras una eventual muerte de Pinochet, la Junta “intentará mostrar unidad y decisión en ese momento crítico y que el futuro presidente sea una persona estrechamente identificada con el régimen militar, que entienda la mente militar y las instituciones, lo que significa que estarán de acuerdo en que sea un militar activo o recientemente retirado”. Pese a ello, el análisis no descarta que “las ambiciones personales, los equilibrios de poder institucionales y otros temas harán más difícil alcanzar un consenso”.

El informe firmado por el embajador Harry Barnes -quien dejaría la embajada el año siguiente- agrega que “el almirante Merino tiene la ambición de ser elegido presidente, pero no está claro si la Armada va a querer ser vinculada tan estrechamente con las decisiones políticas del régimen”. Además, precisa que tanto la Armada como la Fuerza Aérea y Carabineros “verán este momento como la oportunidad para terminar con el dominio indiscutido del Ejército en el gobierno, rechazando nombrar al miembro de la Junta Humberto Gordon (segundo en la jerarquía militar) o al vicecomandante del Ejército Santiago Sinclair o a cualquier otro oficial activo”.

En otra parte, Barnes señala que pese a que “algunos en la oposición piensan que si Pinochet muere, el régimen militar podría colapsar, (…). En nuestra opinión esa mirada es peligrosamente equivocada”. La embajada advierte que tanto los militares como la derecha están determinados a “no permitir que cambie el régimen sin garantías satisfactorias de una serie de temas como la impunidad por violaciones a los derechos humanos, propiedad privada, el rol del Partido Comunista y el rol en el período de transición política de los militares”. E incluso no descarta que la cúpula militar del régimen sea desplazada por un militar de línea dura de rango más bajo.

Pese a lo anterior, y a que no descartaba que, por ejemplo, el general Sinclair lograra imponerse y ser nombrado presidente por la Junta, el embajador Barnes estimaba que el escenario más probable tras un eventual asesinato de Pinochet era que la Junta designara probablemente al ex teniente general César Benavides, “que era muy bien considerado por sus colegas de la Junta, antes de que Pinochet lo sacara, y es muy respetado dentro de los   círculos militares”. En todo caso, el embajador hacía también una advertencia al final: “(Benavides) no tiene ni la edad (ahora de 74 años) ni la personalidad para gobernar un período de transición de más de uno o dos años”.

“La CIA debe haber estado involucrada”

La CIA “debe haber estado involucrada” en el atentado, aseguró el general Augusto Pinochet el 28 de abril  de 1987 durante una reunión con la delegación de los Amigos del Centro Democrático de América Central (Pordemca), una organización financiada por Estados Unidos. El encuentro, detallado en uno de los mensajes desclasificados de la embajada de Estados Unidos en Santiago y firmado por Harry Barnes, duró una hora. Según miembros del grupo, permitió ver a un Pinochet “amistoso y encantador”, que tras “contarles que él es profesor de historia, procedió a darles una lección sobre historia de Chile y del mundo, detallando sus teorías sobre las causas del derrumbe de la democracia en Chile y la debilidad de Occidente frente al expansionismo soviético”.

La referencia a la CIA, según el cable de Barnes, fue “aparentemente sin ninguna razón” de acuerdo a los asistentes. Pinochet “dijo que después del golpe de 1973 comenzó a recibir informes de que la CIA quería matarlo. Estos informes persistieron de tiempo en tiempo y en cierto punto (aunque no dejó claro cuándo) dijo que había hablado con Vernon Walters (subdirector de la CIA entre 1972 y 1976, N. de la R.) y recibió de él la certeza de que no había nada de eso. Sin embargo, siguió recibiendo esos reportes”. Por ello, durante el encuentro se mostró convencido de que la CIA estaba involucrada en el atentado. “La CIA tiene que haber estado metida en el intento de asesinato”, sostuvo. En ese punto, uno de los asistentes le preguntó si no sería más bien el KGB (el servicio secreto soviético), ante lo cual “Pinochet respondió que algunas veces la CIA y el KGB ‘convergen en lo alto’, una expresión chilena que significa que dos oponentes pueden terminar colaborando involuntariamente”.

En su conclusión, Barnes recuerda las especulaciones surgidas tras el atentado sobre que éste pudo ser un ataque organizado por el propio Pinochet, un intento de los militares contra el general o incluso una conspiración entre la CIA y el KGB para matarlo. “Los comentarios de Pinochet (…) pueden haber sido una expansión de esta última versión. Su detallado recuento de los informes sobre supuestos planes de la CIA contra él indica que él se inclina a creerlos y puede estar dándole cierta credibilidad a la absurda historia de la participación de la CIA en la emboscada”, concluye Barnes antes de estampar su nombre al final del cable.b

Un ataque durante la Parada Militar

Con fecha 18 de noviembre de 1986, poco más de dos meses después del atentado, la oficina de la CIA en Santiago envió un mensaje confidencial a la comandancia en jefe del comando sur de Estados Unidos, con copia a la sala de situación de la Casa Blanca y a la oficina de operaciones de la CIA, en Virginia, sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Bajo el título: “Apoyo cubano, composición y entrenamiento del FPMR e intento de asesinato presidencial”, el documento asegura que el Frente evaluó distintas alternativas para atentar contra Pinochet. Una de ellas era realizar un ataque al estilo del asesinato del Presidente egipcio Anwar Sadat, ocurrido en octubre de 1981 durante un desfile militar. En esa ocasión, los terroristas infiltrados en las fuerzas del Ejército se salieron de las filas y dispararon contra el palco presidencial.

“Se propusieron varios escenarios para asesinar a Pinochet, incluyendo un ataque al “estilo” Sadat, durante la tradicional Parada Militar del 18 de septiembre (sic)”, señala el documento que aún mantiene amplias secciones del texto en negro, protegiendo supuestamente datos sensibles sobre eventuales informantes o material que pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. De acuerdo con el informe, esa opción fue descartada, porque muchas personas, incluyendo miembros del FPMR, podían morir durante la acción. La CIA asegura que hubo un largo debate sobre la operación y el FPMR decidió llevar a cabo el ataque sólo después de concluir que Pinochet planeaba quedarse en el poder más allá de 1989 y porque “creía que había planes del gobierno de EE.UU. para cambiar a Pinochet por otro gobierno de derecha”.

En los párrafos desclasificados de las dos páginas del informe secreto se asegura que “el FPMR usó información de oficiales militares chilenos en servicio activo, cercanos a Pinochet, para planear y coordinar el atentado”, pero no da detalles sobre la identidad de esos oficiales.