Señor director:

El señor Juan Montenegro omite en su carta sobre patentes pesqueras que la caída es porque las cuotas bajaron drásticamente y se calculan en base a ellas. Cuando se recuperen, aumentarán proporcionalmente. La Ley de Pesca entrega estabilidad a una actividad extendida a lo largo de Chile, compuesta por industriales, trabajadores y artesanales. Con su aprobación, ganó el país.

Los recursos de las patentes pesqueras van a fondos generales de la nación. El Fondo de Investigación Pesquera (FIP) y el Fondo de Administración Pesquera (FAP) se financian con aportes del Estado. La caída de las capturas industriales y artesanales no son motivo -sino todo lo contrario- para que el Estado efectúe los aportes necesarios para la administración, investigación y paliativos sociales.

La Ley de Pesca fue democráticamente aprobada en el Congreso, luego de escucharse a todos los interesados. La revisión de temas siempre posibles de perfeccionar, debe considerar los asuntos que demuestren necesidad de corregirse, para lo cual debe entrar plenamente en vigencia, lo que aún no se produce, ya que de las numerosas instituciones que crea, hay algunas que no se han puesto en marcha.

Las entusiastas declaraciones de Juan Montenegro pidiendo revisar perentoriamente la ley huele más a intereses extranjeros (chino-noruegos concretamente) que se opusieron a ella sin éxito y siguen insistiendo.

Andrés Opazo