Solicitando al Congreso "premura" en su análisis, ayer el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que propone un nuevo sistema de acreditación para las instituciones de educación superior. La iniciativa eliminaría la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA), entidad que ha sido cuestionada desde que la fiscalía abriera una investigación contra Luis Eugenio Díaz, ex miembro de la CNA, y los ex rectores de la U. del Mar y U. Pedro de Valdivia, por supuestos pagos de sobornos para lograr la certificación.

El nuevo proyecto, que iniciará el proceso legislativo, postula que la acreditación deja de ser voluntaria y se convierte en obligatoria. En el texto se reemplaza la actual comisión por una Agencia Nacional, con cinco miembros, de los cuales uno es nombrado por el Presidente de la República, y los restantes, seleccionados por el Ministerio de Educación, tras una terna dispuesta por el sistema de Alta Dirección Pública. Los elegidos deberán ser ratificados por el Senado.

Otra novedad tiene que ver con las multas. El ministro de Educación, Harald Beyer, explicó que "la ley vigente tiene multas establecidas solamente para el caso donde no hay entrega de datos al Servicio de Información de Educación Superior (dependiente del Mineduc). De multas de 100 UTM, vamos a poder tener hasta multas de 800 UTM".

Además, Beyer explicó que en caso de detectarse irregularidades en las labores de los rectores para lograr la acreditación, se les multará, y "una parte de la ley establece multas para la junta directiva y vicerrectores, porque deberían haber sabido que esto estaba ocurriendo. Esto nos permite que la universidad misma tenga mucho mayor control de la práctica de sus miembros".

Las instituciones de educación superior también están obligadas a informar modificaciones posteriores a la acreditación, como aumentos de sedes o creación de carreras. De no cumplirse esto último, Beyer agrega que "si la agencia lo determina, se suspende la acreditación. Hoy no pasa nada, pueden abrir cuatro sedes y no pasa nada". También hay multas de hasta 400 UTM por mes si las casas de estudio se atrasan en iniciar los procesos de acreditación.

Además, se estipulan 12 estándares para lograr la certificación, como un sistema de gobierno claramente articulado, y deben existir instancias para que los estudiantes hagan sus reclamos o exigir el cumplimiento de los programas.

El rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, vocero del Consejo de Rectores, aún espera conocer todo el proyecto, pero cuestionó que no existan mecanismos para distinguir los tipos de universidades. Zolezzi valoró "que deban ratificarse los nombramientos de los comisionados en el Senado, pues avanza en la independencia de los integrantes respecto al gobierno de turno".