Señor director:

El proyecto Rancagua Express, que es un avance en el sistema de transportes de la región central, ha sido  fuente de conflicto con las comunidades aledañas de Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque y San Bernardo. Esta conflictividad se ha producido por la deficiente evaluación ambiental del proyecto y la manera en que se ha intentado evadir la normativa bajo el aparente propósito de hacer un proyecto más barato en desmedro de las personas.

Mientras lo anterior ya fue resuelto por el Tribunal Ambiental de Santiago, y espera la confirmación de la Corte Suprema, hoy la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) encuentra una nueva resolución en su contra. La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), luego de tres años desde las primeras denuncias, ha levantado cargos por infracciones graves y gravísimas a la normativa ambiental, provocadas por el proyecto, siendo lo más grave haber fraccionado un proyecto que debió evaluarse íntegramente con un Estudio de Impacto Ambiental.

Llegado este punto, y como permite la ley, EFE tiene que optar por defenderse de los cargos que le imputa la SMA o presentar un programa de cumplimiento ambiental que enmiende el daño.

Esta opción puede parecer inocua cuando la toma cualquier privado, pero no es el caso de EFE, empresa pública cuyo piso mínimo para realizar actividades económicas debiera ser el respeto irrestricto a la ley. Por eso, en el caso de Rancagua Express, la única alternativa razonable es que EFE presente un programa cumpla y corrija su ilegalidad, ajustando su comportamiento a la normativa ambiental.

Lo contrario sería seguir dilatando el asunto para consolidar una situación de hecho que es ilegal. De no ocurrir el cambio, un proyecto que debiera ser motivo de orgullo continuará siendo ícono de la injusticia ambiental en Chile.

Ezio Costa Cordella

Director Ejecutivo ONG Fima