DESDE la Constitución de 1925 que el Estado chileno se define como laico y abierto a la "manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el libre ejercicio de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público", como señala ese texto constitucional. En la misma línea, la Constitución vigente asegura "la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos".  Se consagra así la separación entre el Estado y las iglesias, particularmente la Católica, a la cual estuvo estrechamente ligada hasta inicios del siglo XX.

La consecuencia práctica de lo anterior es que el Estado y las distintas confesiones deben respetar el ámbito de acción de cada uno y no deben interferir en las decisiones que adopten legítimamente. Lo anterior no excluye ni limita la posibilidad de que esas entidades puedan participar en el debate de cuestiones de interés público,  como cualquier institución integrada a la sociedad, siempre que eso se haga dentro del marco legal aplicable a todos los ciudadanos.

Algunos sectores son especialmente sensibles a esta separación entre el Estado y las iglesias, llamando la atención de la opinión pública y criticando a las autoridades de diversos credos religiosos cuando plantean, con mayor o menor justificación, su posición frente a temas de debate nacional. Sin embargo, sorprende que sean representantes de esta misma posición, así como otras autoridades políticas, las que buscan ahora intervenir en la designación de una autoridad religiosa en el sur del país. Independiente de lo oportuno o no que resulte el nombramiento, se trata de un asunto interno de una iglesia en particular en el que no deben inmiscuirse quienes forman parte de la administración del Estado. Por cierto que la sociedad puede debatir al respecto, pero no corresponde que personeros políticos, algunos de designación popular, intervengan y reclamen cambios en una designación que es propia de una confesión religiosa específica.