HA TRASCENDIDO que fue postergada hasta marzo la votación en el Senado para ratificar el nombramiento del magistrado Juan Manuel Muñoz, propuesto por el Presidente de la República para ocupar un puesto vacante en la Corte Suprema.  La propuesta original no contó con los votos necesarios para lograr la mayoría requerida de dos tercios de los miembros en ejercicio. Ello se habría debido a que el senador Eduardo Frei se negó a votar favorablemente, invocando razones personales -el juez participó en resoluciones vinculadas a la causa por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva-, realizando, además, gestiones para que otros senadores de la DC rechazaran la nominación.

Se repite así la situación producida en 2008 con Haroldo Brito y Alfredo Pfeiffer, cuando los senadores de la Concertación votaron en contra de la nominación de este último, luego de la ratificación del primero. Ante aquella experiencia, el actual gobierno debió haber tomado precauciones para que la situación no se volviera a dar en iguales términos, como estaría sucediendo, porque se expone injustamente a un candidato a un rechazo motivado por razones que no tienen relación con su capacidad profesional o mérito.

Cuando se definió el mecanismo de ratificación del Senado para la nominación de los integrantes de la Corte, se estimó que establecer un alto quórum contribuiría a que los candidatos gozaran de alto consenso. Para hacer operativo este sistema, se requiere que las naturales preferencias de cada sector sean conjugadas en propuestas que logren superar la valla exigida, como es usual en las nominaciones que se realizan en toda democracia. Pero este sistema no opera si las minorías ejercen un poder de veto con tal de lograr sus objetivos. En la práctica, esto equivale a la pretensión de que una sola visión esté representada en la judicatura, lo que es perjudicial y desnaturaliza el cumplimiento de sus funciones.