SEÑOR DIRECTOR:

Cincuenta días bastaron para que el Presidente Gabriel Boric cambiara de opinión, por la imposición de la realidad, y decidiera decretar un estado de excepción constitucional para proteger a la población de las provincias de Arauco y Malleco, en las regiones del Biobío y La Araucanía.

Durante 50 días, el gobierno intentó crear una realidad a partir de una consigna: que la violencia que sufrimos en el sur de Chile es un problema entre el Estado y el pueblo nación mapuche, confundiendo a los grupos violentos con el pueblo mapuche, invisibilizando al resto de la población que sufre violencia.

En el transcurso de esos 50 días ocurrieron 122 hechos de violencia en la Macrozona Sur, un 171% más que los 50 días previos al fin del Estado de Emergencia decretado en el gobierno anterior y renovado nueve veces por el Congreso Nacional, según datos de la Multigremial de La Araucanía.

Cincuenta días después, el Presidente Boric tomó una decisión que se reconoce desde el valor que significa cambiar una posición, pero a la vez refleja que su gobierno carece de la convicción necesaria para enfrentar la crisis de seguridad y desarticular a las redes criminales y terroristas que operan en el sur de Chile. Las contradicciones de sus ministros en torno a los mal llamados “presos políticos” mapuche; el intento fracasado de levantar un “estado intermedio”; la decisión de decretar un estado de excepción “acotado”; la postura de no querellarse contra Héctor Llaitul por no considerar que su llamado a la “resistencia armada” cae en la categoría de delito, parecen ser evidencia suficiente de esta falta de convicción. Y aún más: el gobierno no quiere un comunero muerto a manos de militares, pero olvida que la mayoría tampoco quiere a chilenos muertos a manos de extremistas.

Quienes habitamos en el sur de Chile pedimos que el gobierno se querelle contra Héctor Llaitul y los grupos extremos, que son minoría y no representan a la gran mayoría de mapuches; pedimos que el gobierno no siga avalando la impunidad.

Por otro lado, el Ejecutivo anuncia como parte de su plan el aumento de recursos para la compra de tierras, sin hacer el mínimo análisis de que dicha política cumple 28 años sin solucionar el problema, sino, por el contrario, sirviendo de instrumento de presión de los grupos extremos para controlar territorio, trayendo pobreza y más violencia a la zona. Pero esto último será tema de otra carta.

Patricio Santibáñez

Presidente de la Multigremial de La Araucanía